La Abogacía de la UE resuelve este jueves la multa a las Haciendas vascas

Las tres Diputaciones vascas conocerán el próximo jueves el dictamen final de la Abogacía General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el importe de la sanción que solicitó la Comisión por el caso de las denominadas vacaciones fiscales. La abogada general encargada de emitir sus conclusiones será Eleanor Sharpston, una vez que la Corte de Luxemburgo consideró ilegales las ayudas fiscales concedidas por las Haciendas forales a empresas en los años noventa.

Se calcula que unas 300 compañías se beneficiaron de estas subvenciones. La opinión de la abogada general se dará a conocer tras la vista que se celebró el 10 de septiembre y en la que España hizo un último intento para evitar la multa. Bruselas solicitó castigar a las Diputaciones con una multa de 236.044 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia de diciembre de 2006 que consideró los incentivos vascos contrarios al derecho comunitario y exigía su recuperación. En ese supuesto, la sanción se elevaría a unos 64 millones.

Sin embargo, el castigo podría verse reducido de forma considerable, dado que incluso el representante de la Comisión en el proceso, Carlos Urraca, admitió en la vista de septiembre de 2013 que España ya había recuperado la práctica totalidad de las ayudas otorgadas, aunque todavía faltaban 278.000 euros de intereses, correspondientes a ayudas concedidas a ocho empresas alavesas.

En todo caso, Bruselas considera que España merece una “medida disuasoria” porque han pasado 12 años desde que el Ejecutivo europeo declarase ilegal el régimen vasco y es “el segundo país con más casos por recuperar”, explicó entonces el representante de la Comisión.

Durante el procedimiento, la abogada que representaba al Estado español, Nuria Díaz Abad, hizo hincapié en que se había recuperado todo el dinero que la Comisión entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía. El informe que presentará Sharpston no es vinculante, aunque el tribunal europeo suele seguir las conclusiones de la Abogacía General en la mayoría de los casos. Una vez fijado el montante de la multa, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa deberán acordar el reparto de la misma.