Bienestar Social admite errores en la información a dependientes

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, admite que ha habido “fallos” en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no va contra el Estado de Bienestar “sino todo lo contrario”. “No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados con los impuestos de todos”. Sánchez Zaplana ha subrayado que el Consell “garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos”. En su opinión, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, “contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social”, y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.

La consejera ha negado que en la Administración haya habido “pasividad” respecto a este problema. “Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado a la ciudadanía”, según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que “quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta” a la sociedad. “Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo”, ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas “que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema”. No obstante, ha insistido en que “en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)”.

Sánchez Zaplana ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. “No podíamos hacerlo de otra forma”. Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no. “El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías”, ha señalado la consejera, quien ha recordado que estamos “dentro de un marco legal”. En este sentido, ha destacado que la Comunidad Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y “por eso nuestra situación era más complicada”. “No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación”, aclara.

Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consejera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque “puede haber un cruce de datos que no sean correctos”. Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consejería ha detectado errores “que está corrigiendo en estos momentos”. No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana. Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales). “A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados”, ha explicado.

Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes “va a cerrar” porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014. También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA. De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad. Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunidad para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.

En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas. Asimismo, se han abonado 6,2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.