La Generalitat cuestiona a la acusación de cohecho de la fiscalía contra Oriol Pujol
La segunda posible imputación agrava la situación de provisionalidad de partido nacionalista
Las nuevas acusaciones de la fiscalía contra el secretario general de Convergència, Oriol Pujol (apartado de sus funciones por estar imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco del caso ITV) fueron recibidas ayer con malestar en el seno del Gobierno catalán. El fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado pide una nueva imputación de Pujol por un presunto delito de cohecho, unas acusaciones que según el Ejecutivo de CiU son falsas. “No hay nada de todo esto que la fiscalía interpreta que hay”, cuestionó el consejero de Presidencia, Francesc Homs, que pidió “respetar la presunción de inocencia” de su compañero de partido. Homs añadió otro argumento en su carga contra la acusación de la fiscalía, sosteniendo que los correos electrónicos que el fiscal usa en su argumentario no los escribió el todavía diputado de CiU.
El fiscal pidió una pieza separada del caso ITV —que investiga si se cambió la regulación para beneficiar a empresarios afines a Pujol— porque de los correos electrónicos entre los implicados en la trama deduce que el diputado de CiU pidió 30.000 euros a cambio de otorgar el voto favorable de CIU a la Ley de Seguridad Industrial, cuya redacción favorecía a los implicados. “Harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden 30.000 euros”, escribió Enric Marugán, uno de los empresarios, tras una reunión entre su socio Ricard Puignou, empresario del sector de las ITV, y Pujol. Convergència argumenta que esa ley la aprobó el tripartito, por lo que su voto no era imprescindible.
La posible segunda imputación de Pujol agrava la situación de provisionalidad que vive Convergència Democràtica, hasta ahora convencida de que el caso se acabaría archivando pronto. Desde que el juez acusó a Pujol de tráfico de influencias, en marzo, la dirección del partido vive en la provisionalidad. Con el líder, Artur Mas, ocupado en las tareas de Gobierno, la carga diaria en el partido recae en Lluís Corominas y Josep Rull (secretarios generales en funciones) y Jordi Turull, portavoz en el Parlament.
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