Adegi, la Diputación y dos residencias

239 días de huelga, o casi siete meses. 200 trabajadoras de las residencias de ancianos Berra y Villa Sacramento, gestionadas por la firma SARquavitae, las dos en San Sebastián, constituyen el último eslabón de un conflicto que ha marcado parte del curso social y político en Gipuzkoa. Las alrededor de 4.200 personas que trabajan en el sector, principalmente mujeres, repartidas en más de un centenar de centros, fueron convocadas por ELA el pasado 13 de mayo a una huelga indefinida en protesta y lucha por sus condiciones laborales. Una movilización, que aunque todavía tiene como propósito para este 2014 conseguir que en esos dos últimos centros se alcance un acuerdo, de momento, tiene en su haber que el sector haya podido sortear la reforma laboral del Gobierno central. También, haber sido el catalizador que terminó por hacer saltar por los aires la relación entre la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. “Esta pelea ha tumbado la reforma laboral.

Se están blindando las condiciones y se han mejorado”, defiende Idoia Elutzondo, de ELA, sindicato que tiene, con un 55%, mayor representación en el sector, ya de por sí “muy precarizado”. “Se ha conseguido mantener la ultraactividad, blindar los despidos con 45 días por año trabajado, como antes de la reforma laboral, se ha cerrado la puerta a la flexibilidad...”, resume Elutzondo, como breve compendio de los logros que las trabajadoras han conseguido, al ir alcanzando acuerdos de forma paulatina con las empresas que gestionan las diversas residencias o centros de día. En la misma idea insisten fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, que subrayan el valor de lo alcanzado por las trabajadoras de las residencias del territorio. “Ha sido una de las mayores movilizaciones que se han producido en Euskadi y que ha dado frutos”. “Se están firmando convenios bianuales, que recogen una subida salarial equivalente al IPC, y con carácter retroactivo”, añaden las mismas fuentes. Que la movilización en parte haya dado sus frutos influye, y mucho, el papel desarrollado por la Diputación de Gipuzkoa en todo el conflicto.

Adegi no dudó en llevar

La institución, responsable última del servicio y pagadora de las trabajadoras, siempre se consideró parte implicada, como defienden y subrayan desde la Diputación, y lanzó una propuesta de 8,2 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de las empleadas. El Consejo de Diputados ha aprobado a lo largo del 2013 tres paquetes económicos, a medida que los centros y los trabajadores han alcanzado un acuerdo, pero la iniciativa de la Diputación se encontró desde un principio con la oposición de la patronal. Adegi no dudó en llevar en marzo ante los tribunales a la Diputación por injerencias en la negociación del convenio colectivo. Era la primera vez que la patronal tomaba una decisión de tal magnitud contra la institución y sobre la que todavía no se ha escrito el último capítulo. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia verá mañana el asunto, después de que este diciembre desestimara las medidas cautelares solicitadas por Adegi, entre otros argumentos, por la proximidad de la celebración del juicio.

La resolución judicial llegará después de un tortuoso camino en el que primero, Adegi emprendió acciones legales por la vía de lo contencioso administrativo, para llegar finalmente a la sala de lo Social del TSJPV. Pero no ha sido el único enfrentamiento entre patronal y Diputación por el conflicto de las residencias y tampoco el único que ha terminado ante la justicia. Adegi interpuso el pasado verano una querella por amenazas durante las negociaciones contra el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, que finalmente fue desestimada tras la declaración de 25 empresarios, recuerdan desde la Diputación. Tampoco la institución foral se ha mantenido al margen y no ha dudo en responder cada uno de lo que ha considerado “ataques” de la patronal, de forma significativa a través de su portavoz, Larraitz Ugarte.