Adegi, la Diputación y dos residencias
El Superior ve mañana la denuncia de la patronal guipuzcoana contra la institucion por injerencias en la negociación del convenio de centros de ancianos
239 días de huelga, o casi siete meses. 200 trabajadoras de las residencias de ancianos Berra y Villa Sacramento, gestionadas por la firma SARquavitae, las dos en San Sebastián, constituyen el último eslabón de un conflicto que ha marcado parte del curso social y político en Gipuzkoa. Las alrededor de 4.200 personas que trabajan en el sector, principalmente mujeres, repartidas en más de un centenar de centros, fueron convocadas por ELA el pasado 13 de mayo a una huelga indefinida en protesta y lucha por sus condiciones laborales. Una movilización, que aunque todavía tiene como propósito para este 2014 conseguir que en esos dos últimos centros se alcance un acuerdo, de momento, tiene en su haber que el sector haya podido sortear la reforma laboral del Gobierno central. También, haber sido el catalizador que terminó por hacer saltar por los aires la relación entre la Diputación de Gipuzkoa y Adegi. “Esta pelea ha tumbado la reforma laboral.
Se están blindando las condiciones y se han mejorado”, defiende Idoia Elutzondo, de ELA, sindicato que tiene, con un 55%, mayor representación en el sector, ya de por sí “muy precarizado”. “Se ha conseguido mantener la ultraactividad, blindar los despidos con 45 días por año trabajado, como antes de la reforma laboral, se ha cerrado la puerta a la flexibilidad...”, resume Elutzondo, como breve compendio de los logros que las trabajadoras han conseguido, al ir alcanzando acuerdos de forma paulatina con las empresas que gestionan las diversas residencias o centros de día. En la misma idea insisten fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, que subrayan el valor de lo alcanzado por las trabajadoras de las residencias del territorio. “Ha sido una de las mayores movilizaciones que se han producido en Euskadi y que ha dado frutos”. “Se están firmando convenios bianuales, que recogen una subida salarial equivalente al IPC, y con carácter retroactivo”, añaden las mismas fuentes. Que la movilización en parte haya dado sus frutos influye, y mucho, el papel desarrollado por la Diputación de Gipuzkoa en todo el conflicto.
Adegi no dudó en llevar
La institución, responsable última del servicio y pagadora de las trabajadoras, siempre se consideró parte implicada, como defienden y subrayan desde la Diputación, y lanzó una propuesta de 8,2 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de las empleadas. El Consejo de Diputados ha aprobado a lo largo del 2013 tres paquetes económicos, a medida que los centros y los trabajadores han alcanzado un acuerdo, pero la iniciativa de la Diputación se encontró desde un principio con la oposición de la patronal. Adegi no dudó en llevar en marzo ante los tribunales a la Diputación por injerencias en la negociación del convenio colectivo. Era la primera vez que la patronal tomaba una decisión de tal magnitud contra la institución y sobre la que todavía no se ha escrito el último capítulo. La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia verá mañana el asunto, después de que este diciembre desestimara las medidas cautelares solicitadas por Adegi, entre otros argumentos, por la proximidad de la celebración del juicio.
La resolución judicial llegará después de un tortuoso camino en el que primero, Adegi emprendió acciones legales por la vía de lo contencioso administrativo, para llegar finalmente a la sala de lo Social del TSJPV. Pero no ha sido el único enfrentamiento entre patronal y Diputación por el conflicto de las residencias y tampoco el único que ha terminado ante la justicia. Adegi interpuso el pasado verano una querella por amenazas durante las negociaciones contra el diputado de Política Social, Ander Rodríguez, que finalmente fue desestimada tras la declaración de 25 empresarios, recuerdan desde la Diputación. Tampoco la institución foral se ha mantenido al margen y no ha dudo en responder cada uno de lo que ha considerado “ataques” de la patronal, de forma significativa a través de su portavoz, Larraitz Ugarte.
Las dos últimas
Gipuzkoa cuenta con más de un centenar de residencias y centros de día para ancianos. Un sector que este 2013 ha vivido probablemente el conflicto laboral más largo, tras casi siete meses de huelga, y sin visos de solucionarse para dos de esos centros; Berra y Villa Sacramento, los dos únicos que continúan en huelga y que cuentan con alrededor de 200 empleados, como recuerdan desde ELA. Y donde, al menos en el primero de ellos, el conflicto se ha recrudecido.
16 trabajadoras fueron despedidas de Berra, una medida que el sindicato considera "ilegal" y que ha recurrido ante los tribunales, que resolverán el próximo 13 de enero, "pero que ya han considerado", según ELA, "que a esas trabajadoras se les ha negado el derecho a la huelga". Los representantes del resto de sindicatos del centro alcanzaron un preacuerdo con la dirección, en el que se recogía en uno de sus puntos la paralización de las movilizaciones, un extremo que las trabajadoras de ELA no secundaron y que la empresa consideró una justificación para despedirlas, según las mismas fuentes. Los enfrentamientos entre el sindicato y el centro se han sucedido a lo largo del año, en el que la central ha denunciado en alguna ocasión una "campaña de acoso y persecución".
ELA defiende como clave de que las trabajadoras hayan mantenido la movilización desde el pasado mayo el trabajo previo realizado con ellas, y la convicción por la consecución de unos objetivos claros. Siete meses en los que se ha tenido que echar mano de la caja de resistencia y sobre los que el sindicato que también saca algo más en claro, la necesidad de cambiar los ratios de servicios mínimos en el sector, demasiado altos para la central.
