Urkullu urge a los presos a seguir el ejemplo de los etarras arrepentidos

El Gobierno vasco quiere que los presos de ETA agrupados en el colectivo de reclusos EPPK, que el pasado sábado reconoció el daño causado y asumió la legalidad penitenciaria, materialicen cuanto antes sus nuevos compromisos. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha ensalzado este lunes la importancia del comunicado de los presos durante un balance de su primer año en el poder que realizó ante los medios de comunicación junto a sus ocho consejeros.

Ante el silencio del Ejecutivo central del PP, el gabinete vasco del PNV considera el comunicado del EPPK un “cambio significativo” y un “avance” con respecto al discurso que el colectivo de presos de ETA ha defendido hasta ahora. Pero su balance no es “completo” porque el Ejecutivo de Vitoria quiere algo más, y el propio lehendakari les ha mostrado la senda: la vía Nanclares, el programa al que se han acogido varios presos de ETA arrepentidos —y que fueron expulsados del EPPK— es “la vía en la que se pueden mirar los presos del colectivo para poder avanzar”, ha defendido.

Una veintena de presos cumplen su condena en la cárcel alavesa que ha sustituido a la de Nanclares, Zaballa, y Urkullu cree que los nuevos pasos del colectivo de presos llevan “implícito” aceptar este recorrido que sus excompañeros ya han realizado —aceptación de la política penitenciaria, renuncia a la violencia, compromiso de reparar a las víctimas, etcétera—. En esta nueva etapa, ha insistido, la fórmula es “absolutamente válida”.

El lehendakari ha puesto el acento de su discurso en las reclamaciones a los presos en un contexto en el que la izquierda abertzale y su entorno preparan como cada 11 de enero la tradicionalmente multitudinaria manifestación a favor de los presos que recorre el centro de Bilbao. La propia portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, señaló el sábado que “el colectivo de presos ha comenzado ya la marea de gotas [el movimiento organizador tras la ilegalización de Herrira se llama Tantaz-tanta, gota a gota en euskera] que inundará Bilbao dentro de dos semanas”.

En esta situación, el Ejecutivo autonómico está expectante ante la posibilidad de que se den nuevos pasos en forma de nuevos comunicados los próximos días o semanas y, observa cómo, tras un parón en el proceso del final de ETA sobre el que Urkullu no ha escondido su preocupación, las fichas se mueven. Quizás por ello, el jefe del Ejecutivo autonómico ha querido impregnar en su discurso la necesidad de acelerar el ritmo. Ha reclamado “pasos firmes y lo más rápidos posibles” para poder avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia en Euskadi. No ha apuntado en su intervención inicial a ningún agente concreto. Pero después, a preguntas de los periodistas, ha reclamado  a ETA su desarme “urgente” como una etapa necesaria para “construir el proceso como una paz definitiva”. Su petición a ETA, reiterada en numerosas ocasiones este año, ha llegado en la misma jornada en la que el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha hablado de que el desarme es “fundamental para el proceso de paz”.

El apremio a dar ritmo a todo el proceso con los presos llega acompañado de un cierto frenazo en el terreno institucional vasco. Mientras en las últimas semanas la sociedad y los medios han observado con curiosidad y optimismo los inéditos acercamientos entre presos de ETA arrepentidos y víctimas de la banda, en lugares como el Parlamento las distancias siguen sin querer recortarse. La ponencia de paz creada para que los partidos trabajen en la construcción de una convivencia duradera sigue bloqueada desde septiembre, pese a los numerosos llamamientos, el último este lunes, de Urkullu a reactivarla como herramienta esencial del proceso.

En un intento de presionar a los partidos que no participan en la ponencia, PNV y EH Bildu llevan todo el mes de diciembre bloqueando las resoluciones sobre cualquier debate de ETA, la política penitenciaria y las víctimas aprobando gracias a su mayoría un texto alternativo que insiste, semana a semana, en reactivar la ponencia. Es el foro en el que el Gobierno autonómico quería tratar su plan de paz con los partidos, un documento que generó duras críticas en su fase de borrador y que no ha suscitado mayores adhesiones —más bien críticas algo más templadas— tras haber sido aprobado en noviembre.

La hoja de ruta del Gobierno autonómico cuenta, entre sus 18 iniciativas, con un programa de reinserción de presos, Hitzeman (dar la palabra, en euskera), que Urkullu ha sacado a colación este lunes como una de las medidas que quiere presentar en persona a Mariano Rajoy, cuyo Gobierno ostenta la competencia penitenciaria, y al que ha enviado ya una comunicación para pedirle una cita.

Tras señalar que se comunicó por mensaje con el presidente para buscar ese encuentro en el que tratar, entre otras cuestiones, de política penitenciaria y presentarle su plan de paz, el lehendakari eligió un tono conciliador con el Ejecutivo central, al que ha querido recordar que desde el principio de su mandato ha solicitado una “flexibilización” de la política penitenciaria para adaptarla a la nueva situación. También recordó que aún no se materializado la transferencia de la competencia de prisiones, 34 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika.