Apenas uno de cada diez perceptores de ayudas sociales logra un empleo

Lanbide ha empezado a salir en 2013 del agujero en el que se sumergió el año pasado al asumir de golpe las dos principales ayudas sociales que se conceden en Euskadi, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Complemento de Vivienda, al mismo tiempo que empezaba a gestionar las políticas pasivas de empleo tras recibir su transferencia. Un atolladero que ha hecho que las ayudas sociales se hayan “comido” el resto del Servicio Vasco de Empleo, según ha reconocido el Gobierno.

En los primeros 12 meses, Lanbide ha priorizado dar respuesta a las solicitudes de ayudas en el peor momento de la crisis por delante de todo lo demás, lo que ha permitido que se cumplan los plazos legales —dos meses de tramitación— para más del 70% de expedientes, lo que antes no ocurría. Si bien ese aspecto está en vías de ser encauzado, el principal objetivo por el que hace dos años las ayudas sociales pasaron a ser gestionadas en Lanbide no se ha cumplido: evitar que los perceptores se cronifiquen en esa situación e impulsarles a lograr una salida laboral.

“Lanbide no hace intermediación laboral, que es la razón de su existir, y encima no gestiona bien la RGI”, lamentaba el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, en febrero pasado, poco más de un mes después de asumir la cartera.

Los datos, condicionados por la crudeza de la crisis, demuestran que la escasa intermediación laboral que realiza Lanbide acaba en buen puerto y cun contrato de trabajo en muy contadas ocasiones. Concretamente, un promedio mensual del 13% entre 2012 y este año. Al mes, son 2.408 personas que han recibido ayudas sociales las que han conseguido algún tipo de contrato, cuando por término medio las que no logran una alternativa a la de percibir dichas ayudas son otras 15.773. Los datos excluyen a los pensionistas que cobran una parte de la RGI y a los inmigrantes sin permiso de trabajo.

De esos 2.400 contratos mensuales de promedio, el 16,4% —395— son empleos indefinidos. Pero el porcentaje se ha reducido al 7% según el último dato disponible, de octubre pasado. El resto se trata de salidas laborales de carácter temporal, lo que hace que, en el mejor de los casos, los perceptores se alejen del sistema de garantía de ingresos durante una temporada y después accedan a cobrar el paro, a cuyo término vuelven a la RGI. En algunos casos, detallan colectivos sociales, los contratos son solo por “unas pocas horas”.

Si bien los promedios arrojan unos datos limitados, el análisis mes a mes muestra cómo la tendencia, lejos de apuntar a una mejora, indica reducciones extremas del número de perceptores colocados, al menos temporalmente. Y es que la cifra de personas que reciben la RGI y pueden trabajar ha ido creciendo constantemente desde el mes de enero de 2012 —solo hay ligeras caídas en otoño de ese año y en enero del actual ejercicio—, pasando del mínimo de 15.034 a principios del año pasado a los 21.119 del pasado noviembre. En cambio, el número de los que han logrado un contrato ha ido cayendo en picado, según los datos aportados por el Gobierno en respuesta a la parlamentaria popular Laura Garrido.

En esta situación, con el último dato de contratos firmados, correspondiente a octubre de 2013, solo el 3,1% de los perceptores de la RGI que pueden trabajar lograron un empleo. Son 655, de ellos 43 indefinidos y el resto, temporales. Es el porcentaje más reducido de los dos años en los que Lanbide ha asumido la atención a los perceptores de ayudas y está lejos del mejor dato —el 19,5% de perceptores que logran un empleo—, alcanzado en enero de 2012. En ese año, los resultados no bajaron del 14%, mientras que en el actual en ninguno de los meses se ha alcanzado ese porcentaje.

El dato llega cuando se cumple el segundo aniversario de la modificación legal que trasladó las ayudas sociales al Servicio Vasco de Empleo para impulsar la entrada al mercado laboral y que, en su trámite parlamentario, supuso otros cambios para endurecer el acceso a la RGI y aumentar los controles.