Llombart facilita prácticas hospitalarias a la universidad católica de Alicante
El consejero firmó un compromiso antes de que la institución iniciara su trámite
El Consejero de Sanidad, Manuel Llombart, firmó en julio de 2013 un compromiso con el presidente de la Universidad Católica de Alicante, José Luis Mendoza, “para el desarrollo de prácticas formativas de estudiantes universitarios en el ámbito de las Ciencias de la Salud”. La carta de compromiso fue incluida entre los anexos de la memoria que la Universidad Católica San Antonio de Murcia presentó al Consejo Valenciano de Educación Superior en su reunión del pasado jueves. El principal asunto del orden del día era la tramitación de la futura universidad católica, que pretende instalarse en Sant Joan d’Alacant e impartir, entre otras carreras, Medicina, Fisioterapia, Enfermería y Psicología.
Con este documento, la Generalitat Valenciana avala los estudios sanitarios de la nueva universidad cuando precisamente las universidades públicas lanzan la voz de alarma ante la saturación de plazas en los estudios de grado, así como prácticas y plazas de médicos residentes en hospitales públicos. Lo subrayaba y detallaba un informe de la Universitat de València hecho público el día anterior a la reunión del Consejo de Educación Superior en el que manifestaba “su oposición al uso de recursos públicos por parte de las universidades privadas” y demandaba “una mayor integración de las instituciones sanitarias públicas en la formación de los estudiantes que cursan la carrera en universidades públicas”.
La carta de compromiso de Llombart se incluye en la documentación que tras el paso por el órgano consultivo valenciano en materia universitaria, la Generalitat envía al Ministerio de Educación, que deberá informar sobre el proyecto universitario católico y sus enseñanzas. Tras el informe ministerial, “la Generalitat podría iniciar los trámites para su aprobación por el Consell y por las Cortes”, informaban desde la Consejería de Educación.
Pero antes de todo eso, “ambas instituciones”, la Generalitat Valenciana y la Fundación Universitaria San Antonio, ya “están interesadas en establecer líneas de colaboración conjunta en un Programa de Cooperación Educativa para la ejecución de un programa (sic) de prácticas formativas de ciencias de la salud para desarrollar en la localidad de Alicante”. Ese programa que ambas instituciones aspiran a poner en marcha “posibilitaría el acceso de los estudiantes del ámbito de las ciencias de la salud a los centros del Sistema Público de Salud Valenciano”.
Llama la atención que este compromiso parte de regulaciones futuras que se anticipan en la carta firmada por los máximos responsables de la universidad católica murciana y de la sanidad valenciana. En efecto, el último párrafo de la carta avisa de que la Consejería de Sanidad “tiene previsto establecer los instrumentos jurídicos necesarios para la regulación de las prácticas externas de las titulaciones vinculadas al área de ciencias de la salud de las Universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana”.
En consecuencia, “la Universidad Católica de Alicante estará sujeta a esta nueva regulación, en condiciones similares a las restantes universidades”. No se determinan plazos aproximados para esa nueva regulación ni se prevé que pasaría si la futura universidad viera la luz antes de que Sanidad establezca esos “instrumentos jurídicos necesarios para la regulación de las prácticas” que, a la hora de la firma del compromiso y de la tramitación de la documentación, se da por hecho que no existen.
Si se aprueba, según la documentación en curso, la nueva universidad católica alicantina, serán ocho las universidades que impartirán ciencias de la salud en la Comunidad Valenciana. Cuatro privadas (Cardenal Herrera, Católica San Vicente Mártir, Europea, San Antonio y, también en trámite, Mare Nostrum) y cuatro públicas (Valencia, Alicante, Miguel Hernández y Jaume I).
Por lo que se refiere a las prácticas, ya en 2005, la Generalitat y la Católica San Vicente Mártir firmaron un convenio para la realización de prácticas formativas en Enfermería. Posteriormente, en 2007, suscribieron un convenio marco más amplio, para “la participación de las instituciones sanitarias en la docencia, asistencia e investigación universitarias en Ciencias de la Salud”, parecido al que firmarían en 2009 la Cardenal Herrera y el Gobierno autonómico.
En ambos casos, los rubricaban la Consejería de Sanidad, la Agència Valenciana de Salut, el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y como principio regulador se remitían al artículo 104 de la Ley General de Sanidad de 1986, respecto a la disponibilidad del sistema sanitario. La San Vicente Mártir es también la única universidad que tiene firmado un convenio para la realización de prácticas en el Instituto de Medicina Legal de Valencia.
Recursos públicos para universidades privadas
Las universidades públicas valencianas viven con malestar las facilidades que la Generalitat presta a los centros educativos privados, especialmente en el ámbito de las ciencias de la Salud y, más concretamente, en Medicina. La Universitat de València expresó en un reciente informe su “oposición al uso de recurso de recursos públicos por parte de las universidades privadas”, reclamando “una mayor integración de las instituciones sanitarias públicas en la formación de los estudiantes” de facultades públicas.
El aumento en poco tiempo de los centros privados —en una década se han abierto o están en proceso de abrirse cuatro nuevas facultades de Medicina, entre ellos la de la nueva Universidad Católica de Alicante— tiene como consecuencia la competencia por las prácticas formativas y de residencia en hospitales y centros de salud una vez concluida la carrera.
Supone, además, acabar con la meritocracia que ha caracterizado el acceso a la profesión médica en las últimas décadas. La alta demanda por parte de los estudiantes, unido al restringido número de plazas que ofertaban las facultades —entre las valencianas, solo había una en Valencia y otra en Alicante, ambas públicas— provocaba que solo los mejores estudiantes de Bachillerato pudieran acceder a la carrera y llegar a ser médicos.
En las públicas se mantiene ese sistema de acceso. Pero las privadas pueden establecer el método que prefieran —la selección suele incluir, por ejemplo, una entrevista— y la entrada está condicionada por el nivel de renta.
El crecimiento de oferta privada de Medicina presenta la ventaja, destacada frecuentemente desde la Generalitat, de permitir aumentar el número de potenciales facultativos ahorrando los recursos públicos que cuesta enseñarles. La formación de un graduado resulta especialmente cara en el caso de la carrera de Medicina.
Pero ese argumento del Consell queda parcialmente en entredicho con el apoyo institucional que reciben y que critican las universidades públicas. Uno de los elementos más costoso de la formación de los futuros médicos son precisamente las prácticas en centros sanitarios, que incluye la atención por parte de tutores —médicos en ejercicio—, y que el Gobierno valenciano les permite realizar de forma gratuita.
Una ayuda con recursos de la Generalitat a la que se suman otras, como la cesión, a cambio de nada, de suelo público para levantar físicamente las universidades por plazos de 30 años.
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