El copago ya alcanza a los dependientes

Los dependientes y sus familias no ganan para disgustos. A los impagos, la falta de aplicación de la Ley de Dependencia y los recortes ahora hay que sumar el copago por algunos servicios. La Consejería de Bienestar Social cobrará, a partir del próximo 1 de enero, en función de la renta una cantidad fija mensual por el uso de centros ocupacionales o centro de día.

“No pagan lo que deben, y ahora piden más dinero”, se quejó Miquel Martorell, portavoz de la Plataforma por la Ley de Dependencia en Alicante, que junto a más de un centenar de compañeros se concentró ayer ante la sede de la Generalitat en Alicante. Y es que los dependientes están recibiendo durante estos días unas cartas de la consejería de Bienestar Social que les informan de que deberán pagar a partir de enero una cantidad fija cada mes por el uso de los Centros ocupacionales o de día. La misiva ha caído como un jarro de agua fría entre las familias.

Maite Hernández tiene una hija de 28 años con un 80% de discapacidad que ya pagaba 135 euros cada mes en transporte para acudir al centro Terra Mar, en la partida de Aguamarga de Alicante. Y ahora tendrá que pagar 95 euros más cada mes (230 euros en total), con unos ingresos familiares son de 426 euros por pensión. “Mi hija, desde que recibió la carta, solo hace que llorar, para ella el centro es su vida, se siente integrada”, se quejó la madre.

Aviso por carta

Como ella, todos los dependientes están recibiendo estas cartas que notifican el programa de atención a la discapacidad y les obliga a pagar cada mes entre 100 y más de 700 euros en función de su renta. En el centro ocupacional Maigmó de Alicante, uno de sus empleados Paulino López, consideró que el criterio de renta que aplica la Generalitat no es el adecuado. “Muchas familias con hijos dependientes ponen a su nombre todo su patrimonio para que en un futuro tengan bienes, pero eso no significa que tengan rentas elevadas”, explicó López.

Fuentes de la consejería confirmaron estos pagos basados en el decreto del 2 de agosto que establece el régimen y las cuantías de los precios públicos para percibir servicios sociales. Las familias afectadas denunciaron que ya están pagando el transporte y realizan aportaciones obligatorias mensuales para cubrir aquello que la Administración no sufraga. La diputada de EU Esther López recordó que la mayoría de estos centros son entidades sin ánimo de lucro que tienen que “buscar fondos adicionales para este servicio imprescindible para ellos”.

En el séptimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia el balance no puede ser más desolador. Según la Plataforma 21.500 grandes dependientes valencianos están “en un limbo” que no tienen derecho a prestación alguno. En el último año 1.046 personas se han descolgado del servicio de teleasistencia, se han recortado 638 plazas en residencias, hubo un recorte de prestaciones de servicios para 425 personas y se redujo en 3.647 el número de cuidadores.