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El PSC lleva el Cesicat a la fiscalía

Los socialistas denuncian que la Generalitat proyecta un sistema indiscrimado de espionaje a activistas ajeno al control judicial

Los socialistas catalanes consideran que la Generalitat podría estar vulnerando el derecho fundamental a la intimidad que ampara a los ciudadanos a consecuencia de las actividades de espionaje que supuestamente realiza el Cesicat (Centro de Seguridad de las Informaciones de Cataluña). Por ese motivo, los diputados del PSC Ferran Pedret y Xavier Sabaté han acudido este lunes a la fiscalía para pedir que se investiguen los hechos.

El PSC entiende que lo que debería ser un instrumento para velar por las tecnologías en el ámbito de la información ha sido utilizado para espiar a activistas sociales, periodistas y personas de diversos colectivos. Lo destapó Anonymous y el PSC cree que esa monitorización de personas y colectivos que podrían estar realizando el Cesicat por encargo de los Mossos d'Esquadra no tiene ningún amparo en ninguna ley ni está justificada.

Los socialistas reclaman al fiscal que tome declaración al director de la policía catalana, Manel Prat, así como al director actual del Cesicat, Jordi Puigneró, y a su antecesor, Carles Flamerich. También solicitan que se pida al Cesicat un informe exhaustivo de toda la actividad de monitorización realizada, así como de la vigilancia y seguimiento de teléfonos móviles, además de los informes emitidos por la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre los ficheros que contengan datos referidos a la ideología, opinión pública o creencias de los ciudadanos supuestamente espiados.

“Entendemos que los Mossos realicen investigaciones para prevenir el delito, pero no para hacer un seguimiento masivo de determinadas personas o colectivos por su manera de pensar”, ha explicado el diputado del PSC Ferran Pedret.

Los socialistas, además, han entregado al fiscal un documento inédito en el que la Unidad de Medios Telemáticos (UMT) de los Mossos d'Esquadra encarga al Cesicat, adscrito al departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat la puesta en marcha o modificación de un programa denominado Cerberus del que el consejero Felip Puig declaró en el Parlament no tener constancia.

Se trata de un programa espía para instalarse en los teléfonos móviles, oculto para el usuario y difícilmente eliminable que permitiría la geolocalización del ciudadano, su seguimiento, el envío de mensajes, la activación remota de un micrófono y de una cámara de vídeo, así como la entrada directa al correo electrónico y la descarga de carpetas.

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