Feijóo y su Gobierno se lanzan a defender la gestión del ‘Prestige ‘

Alberto Núñez Feijóo no gestionó la catástrofe del Prestige. Ni desde la Xunta ni desde el Gobierno central. De hecho, fueron los efectos colaterales de aquella crisis los que precipitaron su aterrizaje desde Madrid en la Consellería de Infraestructuras. Relevó en el cargo a Xosé Cuiña Crespo, que había caído en desgracia dentro del PP desde que optó en un Consello de la Xunta por tomar las riendas de la gestión de la catástrofe desde Galicia y marcar distancias con el Ejecutivo de Madrid, que presidía José María Aznar. Cuando el PP hizo dimitir al delfín de Fraga (oficialmente por las ventas de unos trajes de agua que hizo una empresa familiar) el elegido para su puesto fue Feijóo, que, tres años después, acabó ganando la batalla por la sucesión.

 El chapapote del viejo petrolero no llegó a manchar su carrera política. Pero eso no implica que el presidente no tenga una opinión sobre la tragedia medioambiental. La expresó ayer en el Parlamento gallego durante una réplica al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien le preguntó qué tipo de justicia imparte un país que no castiga la tragedia. El presidente dijo que comparte la “enorme decepción del pueblo gallego, vasco, asturiano y francés” por que los “verdaderos culpables no estaban en el banquillo”. Se refería Feijóo a los representantes de la armadora y la clasificadora que avaló la navegación del buque.

Jorquera replicó que tras aquella marea negra ahora llega la “burla” de ver absueltos a los que estaban de caza [en alusión a Fraga y otros cargos del Gobierno gallego] o de vacaciones en Doñana, como hizo entonces el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Y a continuación replicó que Galicia se encuentra ahora igual de indefensa ante un hipotético desastre y que el corredor de Fisterra sigue siendo “el retrete” donde los barcos limpian sus tanques, “sin buques anticontaminación y sin seguimiento de los petroleros por satélite”.

Feijóo lamentó que además de la contaminación del fuel hace una década hubo “otra contaminación” política que atribuyó a los partidos de la oposición. “La sentencia dice que el Gobierno actuó de acuerdo con los principios básicos de la Marina Mercante internacional”, aseguró el presidente, quien presumió de que “se recogieron 50.000 toneladas de fuel en cuatro meses”. “Fueron los voluntarios”, gritaron desde los bancos de la oposición. Pero el presidente siguió sacando pecho comparando los pronósticos que en 2003 hacían los representantes de PSOE y Bloque y lo que después pasó. “Las rías estaban recuperadas un año después y hoy tenemos un 30% más de capturas. El PIB creció un 3% pese a que se dijo que iba a caer un 10%. Quisieron ajusticiar a un Gobierno. Se equivocan de enemigos, estaban en la armadora y la clasificadora”.

Durante el pleno parlamentario de esta semana, diputados de BNG y AGE portaron camisetas o las exhibieron en sus escaños con la bandera de Nunca Máis. También la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, aseguró que se siente honrada de haber formado parte de un Gobierno (estaba en la consellería de Pesca que presidía Enrique López Veiga) que gestionó “extremadamente bien”. De pasó reprochó a sus oponentes políticos que aún no hayan dicho “dónde meterían el dichoso barco”. “Animar a la gente a protestar es fácil, pero aún no han aportado ninguna solución”, contraatacó Quintana a una pregunta del diputado de AGE Juan Manuel Fajardo, que tiló de “criminales e incompetentes” a los Gobiernos del PP de entonces.

Quintana dijo que Galicia cuenta ahora con dos buques con medidas anticontaminación y también existe “un plan contra la contaminación marina accidental, pionero en Europa”. La letra pequeña de dicho documento deja entrever que pretende paliar algunos de los errores de hace diez años. Según la titular de Mar, dicho plan “establece una cadena de mando y una respuesta ágil y coordinada” ante cualquier eventualidad.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también tuvo que aludir al Prestige. Fue una pregunta sobre el recurso de casación ante el Supremo presentado por el Gobierno que planteó el diputado socialista José Ramón Val, quien interpretó esa iniciativa como un “intento de lavarse la cara”. Rueda respondió que las críticas de la oposición al recurso “no ayudan a una resolución favorable”.