Goldman Sachs en Ciutat Meridiana

El gigante financiero Goldman Sachs (GS) sopesa extender sus tentáculos hasta los rincones más humildes de Cataluña. Ese banco de historial largo y tortuoso es capaz de hallar posibilidades de negocio en la mismísima Ciutat Meridiana, barrio líder de España en desahucios. En 2010, GS pagó una multa de 550 millones de dólares para librarse de la imputación de fraude formulada por la Comisión del Mercado de Valores de EE UU —la SEC— por las hipotecas-basura. También fue notable su participación en la labor de ocultación y maquillaje del déficit millonario del Gobierno griego de Costas Karamanlis. Pues bien, ese paradigma de especulación financiera, que ha tenido en nómina a secretarios del Tesoro norteamericanos y presidentes de Gobierno y ministros de lo más granado de Europa, es muy probable que aterrice en la castigada periferia de Barcelona.

No es que Goldman quiera establecer una ONG para expiar su voracidad. Es que hay negocio a la vista para esta compañía generosa a la hora de retribuir a sus directivos y concienzuda para vaciar los bolsillos de sus clientes. Lo reconocía Greg Smith, exdirector de productos derivados del banco de inversiones en Londres, que dimitió en octubre de 2011 cansado del ambiente “tóxico y destructivo” de la compañía. Smith confirmó que Goldman se especializa en abusar de sus clientes, a los que los directivos suelen llamar “títeres”. Las reglas son dos. Una: “Persuadirles de invertir en acciones u otros productos de los que queremos zafarnos porque no albergan un alto beneficio potencial”. Y dos: “Conducirles a invertir en cualquier cosa que genere el máximo beneficio para Goldman”, aseguraba en una carta a The New York Times en marzo de 2012.

Ahora, fuentes del sector inmobiliario afirman que Goldman Sachs ha hecho llegar a la Generalitat de Cataluña su intención de optar a la compra de los pisos de alquiler social de las que el Gobierno catalán quiere desprenderse para cumplir el objetivo de déficit del 1% para 2014. El Ejecutivo de Artur Mas pretende obtener 2.300 millones de euros en ingresos —así lo ha presupuestado para 2014— y está dispuesto a privatizar depuradoras (que no son de su titularidad) o a vender su parque de 14.000 viviendas sociales. Pisos que debieran ser para los ciudadanos desahuciados pueden pasar a ser propiedad de grandes creadores de hipotecas basura.

La Generalitat sopesa vender sus 14.000 pisos sociales; Goldman Sachs, creador de hipotecas-basura, está interesado en comprar

Goldman, como fondo de inversión, busca rentabilidad a largo plazo. De hecho, heredaría las actuales condiciones sobre los arrendatarios hasta el vencimiento de los contratos de alquiler, con una duración de entre 4 y 25 años, y la calificación del suelo, entre 30 y 70 años. Es decir, no podrían alterar las condiciones hasta finalizar la relación contractual. Para GS es una inversión, para la Generalitat supone la pérdida de la escasa vivienda social con la que cuenta para sacrificarla en el altar del objetivo de déficit.

Con 20 lanzamientos diarios. deshacerse de la escasa vivienda protegida en Cataluña es un expolio a los derechos sociales.

El Gobierno catalán podría vender de forma inmediata ese 10% del parque de vivienda social que está sin ocupar, pero ¿dónde ubicará a aquellas personas sin medios que precisen alojamiento? Los reveses sufridos por los Gobiernos central y catalán a manos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo —que ha obligado a buscar vivienda a las familias de los bloques ocupados de Salt— deberían hacer reflexionar al Poder Ejecutivo para que no quede en puro sarcasmo la socorrida expresión “reparto equitativo del peso de la crisis”.

La privatización del parque público de viviendas que estudia el Gobierno catalán a través del llamado Comité de Optimización de Activos, cuenta con la importante oposición de los socios de CiU, Esquerra, además de PSC e Iniciativa. Pero el PP podría no verlo con malos ojos, porque es asombroso el parecido de las medidas que toma Cataluña con las del Madrid gobernado por los populares. El Ejecutivo de la Comunidad de la capital de España ya ha vendido este año 5.000 viviendas protegidas. Y qué decir de las rebajas fiscales a los macrocasinos, que ha hermanado a Eurovegas con Bcn-World. O de la progresiva privatización de la gestión sanitaria. Lo que en Madrid es a la brava, en Cataluña es de tapadillo. Decir que se quiere privatizar el parque de pisos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para construir vivienda social —tal como ha expresado la Generalitat— es un grosero pretexto.

Mientras el discurso de CiU habla de construir estructuras de Estado, está dejando a las ya existentes —las del Estado de bienestar— en ruinas.