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Botella da un ultimátum de 48 horas a las empresas concesionarias de la limpieza

La alcaldesa anuncia que la pública Tragsa se hará cargo del servicio una vez que el incumplimiento de los mínimos sea denunciado a la Fiscalía.

El 40% previsto en barrenderos no se ha cumplido un solo día, denuncian el Consistorio

Al noveno día de huelga de barrenderos, la alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), ha dicho basta. “Madrid no puede esperar más a que haya acuerdo. Por ello, si no se alcanza un pacto en 48 horas, pondremos en conocimiento del ministerio fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos y asumiremos el control directo para que se cumplan”, ha advertido. Para esto último contratará a la empresa pública Tragsa para asegurar que se cubra “tanto tiempo como dure el conflicto” el 40% del servicio de limpieza viaria.

Tras encajar críticas de ciudadanos, comerciantes, prensa internacional y, en privado, hasta de su propio partido por su falta de contundencia a la hora de atajar el conflicto, Botella ha querido escenificar con una rueda de prensa extraordinaria —como solo las ha dado por el caso Madrid Arena— que su paciencia se ha agotado.

Fuentes municipales indican que la posibilidad de recurrir a Tragsa estaba sobre la mesa desde el principio y se ha decidido hacerlo ahora ante el deterioro de la situación, que atribuyen tanto a los piquetes como al incumplimiento de los servicios mínimos por parte de las empresas.

El Ayuntamiento calcula que, de media, se están cumpliendo el 65% de los servicios mínimos; es decir, trabaja solo uno de cada cuatro empleados de la limpieza viaria. “El derecho de huelga debe cumplir unas condiciones. Había que dar tiempo a la negociación y suponer que todo el mundo cumpliría la ley, pero al ver que no es así...”, ha explicado Botella para justificar no haber intervenido antes. La alcaldesa pretende que el conflicto “no cueste ni un euro a los madrileños”; solo en papeleras y contenedores destrozados, la cuenta asciende a medio millón de euros, que “de momento” ha pagado el Ayuntamiento.

Hasta este miércoles, se había detenido a 16 personas y otras 238 habían sido identificadas por la policía por su presunta participación en actos vandálicos.

Las concesionarias (OHL, FCC, Sacyr y Ferrovial) han reaccionado al anuncio de Botella asegurando que, por su parte, “los servicios mínimos se están cumpliendo” y, cuando no es así, es “por la acción de los piquetes y el vandalismo”. De igual forma, han expresado su “mejor voluntad” para llegar a un acuerdo. Hoy ha habido una reunión sobre el expediente de regulación de empleo con el que pretenden echar a 1.134 empleados; su última oferta reducía los despidos a 625, pero con fuertes bajadas salariales en un colectivo que cobra entre 500 (los del turno de fin de semana) y 1.300 euros.

El plazo para llegar a un acuerdo sobre el ERE acaba legalmente el sábado, pero, al mismo tiempo, también se está negociando el convenio colectivo, que caduca en diciembre.

Comisiones Obreras (que representa a los trabajadores junto a UGT y CGT) ha expresado su “malestar” con la alcaldesa por haber calificado la huelga de “salvaje”, lo que considera “una licencia gratuita que no debería permitirse ningún cargo público”. El sindicato cree que la intervención de Tragsa “vulneraría el derecho fundamental a la huelga”, y que entonces “emprendería las acciones legales oportunas”.

Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y depende del Ministerio de Agricultura. Ayudó a limpiar el chapapote del Prestige en Galicia en 2002 y también ha intervenido en huelgas de basuras como la de Jerez de 2012.

Actuará en Madrid merced a un convenio, su coste lo sufragarán las concesionarias, no requerirá de una declaración de emergencia previa y estará lista cuando venza el ultimátum de Botella, según fuentes municipales. Se da la circunstancia de que Tragsa y su filial Tragsatec están inmersas en un ERE para despedir a 1.369 de sus 9.848 empleados.

Precisamente por esta razón, al portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, le suena “a broma” la intervención de Tragsa en el conflicto. En su opinión, la situación de Botella es “insostenible”, pues actúa con “la soberbia que emana de su incapacidad”. “Lo mejor que puede hacer es dejar el cargo por su incapacidad manifiesta”, ha concluido.

El líder municipal de IU, Ángel Pérez, sostiene que la intervención de Tragsa es “un disparate” y “contraproducente”. En su opinión, supone “defenderse atacando”, “una huida hacia adelante”, y prueba que Botella “no sabe de qué va el problema”.

El portavoz de UPyD, David Ortega, asegura que la alcaldesa no reconoce “su responsabilidad” por haber licitado el servicio con rebajas de hasta el 33% de su coste actual. Ortega tiene, además, “serias dudas sobre la capacidad de Tragsa”, y cree que, como sucedió con las facturas impagadas, “el Estado tiene que rescatar al Ayuntamiento” porque “la ciudad está sin rumbo”.

Tragsa, una empresa pública con un ERE, al rescate para barrer las calles

La empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec, elegidas para sustituir a las contratas privadas en huelga si el servicio de limpieza viaria no se restablece en 48 horas, pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Tienen una plantilla de 9.848 personas, pero hace casi un mes plantearon un expediente de regulación de empleo por causas “económicas, productivas y de organización”, que afectaría, en principio, a 1.369 personas. De hecho, el 7 de noviembre los trabajadores de Tragsa estaban convocados a una huelga nacional.

Tragsa ayudó a limpiar el chapapote del Prestige hace 10 años, y ha intervenido en la huelga de basura de Jerez, entre otras ciudades. Este Ayuntamiento andaluz alertó en noviembre de 2012 de “riesgo de epidemia” en la ciudad por “la desintegración de los residuos”, tras 17 días de paro.

En El Coronil (Sevilla), la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía decretó el estado de riesgo sanitario por otra huelga antes de la intervención de la empresa pública.

El Ayuntamiento de Madrid no va a decretar previsiblemente un estado de emergencia sanitaria. Además, será el propio gobierno local el que fije las tarifas a pagar a la empresa, señala un portavoz de Tragsa, que cuenta con 940 trabajadores en Madrid. La región es una de las 16 comunidades autónomas accionistas de la empresa.

Tragsa está capacitada para actuar “en cualquier situación de emergencia en 24 horas”, según un portavoz. El sindicato CSIF, presente en el comité de empresa, ha pedido a Botella que decrete la alerta sanitaria antes de pedir su intervención, informa Europa Press. Un portavoz del sindicato asegura que no están “por la labor de lavar los trapos sucios de esta huelga” si antes la regidora no admite que existe un problema sanitario en la ciudad.