El Estado responsabiliza a Zapatero y a la UE de la venta de La Almoraima

La venta del latifundio de La Almoraima, ubicado en Castellar de la Frontera (Cádiz), ha entrado de lleno en el enfrentamiento político y los reproches. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —propietario de la finca pública en liza— señala al anterior Gobierno central y a la Unión Europea como responsables de esta operación. "La decisión de privatizar La Almoraima fue ya adoptada por el anterior Gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de sociedades estatales. Presumiblemente se enmarcó en los compromisos adquiridos con la Unión Europea de cara al control del déficit de las Administraciones públicas". Así respondió por escrito a finales de septiembre el departamento de Miguel Arias Cañete a una pregunta del diputado de IU José Luis Centella en el Congreso sobre la privatización de este latifundio de 14.100 hectáreas. El ministerio también sostuvo que "la cesión a la Junta de Andalucía no está planteada", una reivindicación histórica de esta comunidad.

Francisco González Cabaña, parlamentario socialista por Cádiz y miembro de la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca del Congreso, ha negado que el anterior Ejecutivo o el antiguo consejo de administración de la finca aprobaran un acuerdo de enajenación. Lo que sí reconoce es la posibilidad de que La Almoraima estuviera en "el listado de bienes susceptibles de ser enajenados" elaborado por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministerio no ha facilitado el acuerdo de abril de 2010 al que ha hecho referencia para responsabilizar al anterior Ejecutivo.

Al margen de quién haya iniciado el proceso, lo cierto es que la finca no se ha ofrecido públicamente para su venta hasta este verano, cuando el actual Gobierno la incluyó en la lista de sociedades pública "que se extinguen" con la reforma de las Administraciones del Ejecutivo del PP.

El departamento de Arias Cañete reconoció entonces que la intención es vender. "En principio la finca va a ser vendida en su totalidad", añadió en septiembre en la respuesta escrita a Centella.

Para hacer más atractiva la operación —la dirección de la finca afirma que podría venderse por entre 180 y 250 millones de euros—, el ministerio ha auspiciado un plan especial que supone un cambio de usos en los terrenos para centrar la actividad en el turismo de lujo, frente a los usos agrícolas actuales. Ese plan se ha presentado ya ante el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, "que deberá proceder a su aprobación inicial", según el ministerio. Pero el alcalde del municipio, Juan Casanova (IU), sostiene que aún no se ha dado ese paso y que ha remitido el documento a los servicios jurídicos del Consistorio para que lo analicen. Casanova, al igual que el resto de partidos de este municipio, rechazan que la finca se venda.

En su respuesta parlamentaria, el departamento de Arias Cañete recuerda que el plan de usos también contempla la implantación "de otras actividades como la industria de transformación agrícola y forestal". Según el ministerio, los alrededor de 100 trabajadores de la finca —entre fijos y eventuales— "no deberán tener ningún problema por la venta de la finca".