La mina que angustia a Sallent

Tres sentencias amenazan las minas de sal del Bages, pero ha sido la última la que ha sacudido una comarca que ve peligrar un pilar de su estructura económica. La ejecución del fallo judicial obligaría a clausurar la escombrera del Cogulló, una gran montaña artificial de desechos salinos acumulados durante 35 años de extracción de potasa. Sin ese vertedero, que se ha quedado sin autorización ambiental tras la denuncia de una asociación de vecinos, la mina de Sallent queda abocada al cierre. La explotación, sus 800 empleos y toda la economía inducida. Un impacto devastador que sacó a la calle a un millar de personas hace una semana. Por primera vez, trabajadores, empresarios y comerciantes van de la mano, aunque también está en juego el medio ambiente: ese montículo es uno de los mayores causantes de la salinización del suelo y de las aguas que fluyen por la zona.

“¿Qué quieres, que pierda el trabajo? ¿Que me tenga que ir de Cataluña?”, inquiere un minero de 36 años, miembro del comité de empresa y reacio como la mayoría de los que viven de la mina a hablar sobre el conflicto. Sale en defensa de la empresa y acusa a la Generalitat de estar detrás del embrollo judicial: “La empresa entregó todo lo que le pidieron, ¿no?”. El empleado de una de las subcontratas que trabaja para Iberpotash, Himisa, evita dar su nombre por el miedo a “malinterpretaciones” pero apuesta por un equilibrio entre “actividad industrial y medioambiente”. Coincide Joana Márquez, propietaria de una tienda de productos naturales en el centro de Sallent, quien admite estar “entre la espada y la pared”. “No sé qué puedo decirte”, añade.

Ferran Sánchez es el juez de paz e historiador de este municipio de 6.800 habitantes, con una población muy envejecida y con uno de los ayuntamientos más endeudados del Bages. No lo dice abiertamente, pero de sus palabras se sobreentiende que las sentencias están para cumplirlas. Sí afirma que “la mina no ha hecho nada por el pueblo”, que hoy cuenta muchos con más mineros jubilados que en activo. La mayoría de los trabajadores que bajan cada día al tajo llegan de otros municipios de la comarca, especialmente de Cardona, que en su día también tuvo sus minas. El producto interior bruto generado en Sallent es superior al de la media de Cataluña; la renta per cápita, lo que acaban percibiendo sus habitantes, es sin embargo inferior.

La empresa genera 800 empleos directos y muchos más indirectos

Pero la actividad de la mina da de comer a otras empresas ubicadas en Sallent, que aún conserva vestigios de otro pasado industrial. Dos chimeneas recuerdan que allí hubo fábricas textiles. Y Ca L’Arau, un imponente palacete modernista enclavado en una esquina del centro histórico, muestra que hubo y sigue habiendo prohombres en el municipio. El edificio lo levantó hace cien años un industrial textiles y, tras años de abandono y degradación, hoy vuelve a brillar en las manos de uno de los dueños de una de las principales empresas que dependen totalmente de la mina.

Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solo precipitaría los hechos. Iberpotash hace tiempo que tiene en mente cerrar el pozo del Guix como una parte más de lo que ha denominado Plan Phoenix. Es un ambicioso proyecto de inversiones que pasa por cerrar Sallent, continuar la extracción por la mina vecina de Súria y construir plantas —al menos una— de sal. La producción se dispararía y la empresa asegura que lo que ahora son residuos se convertirían en recursos para hacer otros tipos de sal, lo que permitiría en algún momento reducir el Cogulló. La duda judicial estriba a partir de cuándo. “Hace tres años que negociamos con la empresa para que todos los empleos de Sallent los absorba Súria como para que ahora nos cierren Sallent de golpe”, expone Paco Vizcaíno, delegado del sindicato Usoc en el comité de empresa. Los sindicatos, como el resto de actores favorables a no ejecutar la sentencia, apuestan por un cierre ordenado. Prefieren que Generalitat e Iberpotash vayan al Tribunal Supremo y ganen tiempo para que sea este el que emita la sentencia definitiva. Si esta llega a finales de 2015, se habrían anotado el tanto que anhelan: permitir el cierre ordenado de Sallent. Si no es así, Iberpotash ya les ha comunicado que no podrá mantener la plantilla y que habrá despidos que no podrán recuperarse hasta que Súria pueda asumir el excedente laboral de Sallent.

Pero la comarca teme que la inversión prometida por Iberpotash y su matriz israelí ICL para toda la comarca no se realice. “No estamos pensando solo en Sallent. Es una apuesta de comarca y de país”, explica el alcalde del municipio, David Saldoni (CiU). Un portavoz de la compañía minera admite el riesgo de ejecutar la sentencia, tal y como ya se lo ha planteado a trabajadores y proveedores. Sobre todo por la “inseguridad jurídica” que supone operar en Cataluña pese a que la Administración aprobó en su día los permisos. Era 2008, gobernaba el Tripartito e ICV tenía las riendas de Medio Ambiente. Saldoni admite que Iberpotash nunca ha sido muy “diligente” con los permisos, pero asegura que hay un compromiso de retirar la montaña de sal. Sallent, dice, no puede recibir otro golpe, que no solo sería económico: “Nos hemos instalado en la moral de la derrota”.

Los denunciantes no tienen previsto pedir la ejecución del fallo judicial

Benet Vendrell, vicepresidente de la Asociación de Vecinos del barrio de la Rampinya, la que denunció a la Generalitat por dar el permiso medioambiental a Iberpotsh pese a no existir un plan de restauración del Cogulló sostiene: “Nosotros nunca hemos pedido que se despida a nadie, al contrario, lo que queremos es que Iberpotash genere más empleos para hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, arreglar la montaña”. El dirigente vecinal asegura que no se pedirá todavía la ejecución de la sentencia y lamenta que la empresa haya puesto a gran parte del pueblo en contra de la asociación.