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conflicto en la limpieza viaria

La basura se extiende por Madrid

Una mujer camina junto a la basura en una calle del distrito Centro. Ver fotogalería
Una mujer camina junto a la basura en una calle del distrito Centro. AFP

No hay cálculos oficiales de cuánta basura se extiende ya por las calles sin barrer de Madrid, pero la suciedad salta a la vista. Los distritos con “más incidencia” de la huelga de limpieza viaria y jardines de la capital son Centro, Tetuán, Chamberí y Vallecas, según las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid. Los barrios de Las Letras o el de La Latina, en el corazón turístico de la ciudad, amanecen cada día un poco más sucios a las puertas de un nuevo fin de semana cuando, previsiblemente, se concentrarán en las calles numerosos jóvenes haciendo botellón. Dos asociaciones de vecinos de Chueca y de Centro reclamaron ayer al Ayuntamiento que tome “medidas concretas” y evite que se celebren estas concentraciones de jóvenes que pueden inundar aún más sus barrios de basura en los próximos días, ya que el conflicto se recrudece.

Madrid encaró ayer la tercera jornada de huelga sin visos de acuerdo (los sindicatos hablan de casi un 100% de seguimiento) y con vehículos policiales escoltando a parte de los trabajadores de servicios mínimos que operan en el centro. Según el Consistorio, casi uno de cada cuatro operarios de mínimos no pudo acabar su jornada por presiones de los piquetes. Los sindicatos replican que los están respetando aunque no comparten el porcentaje fijado por el Ayuntamiento, que fijó un 40% de la plantilla en limpieza y un 25% en jardines, además de actuaciones de refuerzo en centros sanitarios, intercambiadores, colegios, mercados y zonas de interés turístico.

Mientras aumenta la basura casi en cada rincón, el Ayuntamiento asegura que controla de forma “diaria y continua” la evolución de los desperdicios en las calles para evitar problemas de salubridad. Es un trabajo que desarrolla el servicio de Madrid Salud con un equipo de inspectores del que el Consistorio no especifica número. El decreto de servicios mínimos de la huelga indica que este grupo —llamado Unidad Técnica de Control de Vectores— tiene que hacer un plan de seguimiento y tomar medidas “para evitar plagas urbanas” mientras se extienda la protesta.

Las reuniones celebradas hasta ahora no han dado frutos. Sindicatos y concesionarias (OHL, FCC y Valoriza) se reunieron ayer para negociar los términos de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 1.134 trabajadores de una plantilla de 6.000. La cuarta adjudicataria, Cespa, no ha planteado despidos, pero sus trabajadores también están llamados a la huelga por la negociación de un nuevo convenio en el que se plantean rebajas de sueldos de hasta un 43% y sueldos que rondarían el salario mínimo interprofesional (645,30 euros), según las centrales. Las empresas señalan que el sueldo medio de los empleados ha subido más del 50% desde 2003 hasta 22.781 euros brutos anuales para un peón en turno de mañana.

Desde que se presentó el ERE el 17 de octubre, los sindicatos se han reunido cuatro veces solo con las empresas y otras tres en la Inspección de Trabajo, según CC OO. Las concesionarias no dan datos. La de ayer se cerró sin acuerdo, explica Félix Carrión (CC OO), que presagia una huelga “larga y complicada”.

En el encuentro, las centrales presentaron planes alternativos a los despidos. Las empresas proponen rebajar la cifra de 1.134 a 998, sumado a “fórmulas alternativas” que las centrales interpretan como bajadas de sueldo. “Estamos solicitando documentación de posibles jubilaciones para ver exactamente a qué ahorro se llegaría”, añade Carrión. Las concesionarias no facilitaron ningún detalle de la reunión. El portavoz oficial de las tres empresas solo señaló que estos encuentros se producen “con mucha frecuencia”.

El Ayuntamiento, que ve cómo la ciudad se emponzoña por días, quiere que el acuerdo llegue “cuanto antes”, según dijo ayer el delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito. Destacó que las ofertas que llevaron a las concesionarias a lograr la adjudicación del servicio “son su responsabilidad”, porque “nadie fija cuál es la baja de adjudicación que tiene que hacer una empresa”. El principal criterio de adjudicación del contrato que el Ayuntamiento aprobó en agosto —con 80 de los 100 puntos máximos— fue el “porcentaje a la baja sobre el presupuesto de licitación”. El Consistorio quería rebajar un 10% más la cifra inicial de 2.316 millones previstos para la contratación a ocho años, que las concesionarias asumieron finalmente por 1.943 millones, un 16% menos.

Como fórmula de presión, el Ayuntamiento prevé aplicar las sanciones previstas en el contrato. Puede reducir en la factura mensual que paga a las concesionarias una parte “en proporción a la disminución de las prestaciones” por causas excepcionales como una huelga. “Tenemos que valorar la responsabilidad de las empresas, que tienen una parte importante en la resolución, y vamos a descontarles en función del número de trabajadores que hagan seguimiento de la huelga”, añade el delegado de Medio Ambiente. Pero la oposición cree que no es suficiente.

El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, pidió a Ana Botella que si el modelo que ha implantado no garantiza “un servicio de calidad anule los contratos y plantee otro sistema”. Lissavetzky dijo a la alcaldesa que “haría bien en volcar” los esfuerzos que gasta en “desvincularse” de la huelga en mediar entre empresas y sindicatos para evitar la “sangría” de despidos.