Andalucía inicia la batalla normativa contra la reforma educativa de Rajoy

La Junta de Andalucía dio ayer el primer paso en la batalla normativa que va a mantener con el Gobierno central por la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, cuya tramitación en el Senado se está rematando. La anterior consejera de Educación, Mar Moreno, y su sucesor, Luciano Alonso, han reiterado que la intención de la Junta es buscar resquicios legales para suavizar los efectos que consideran más nocivos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se ha hablado ya de buscar alternativas para restablecer Educación para la Ciudadanía —que se suprime con la reforma— o para vetar la financiación de los centros que rechazan la educación mixta —que se blinda en la LOMCE—.

La Junta también ha rechazado en varias ocasiones que se realicen clasificaciones públicas de colegios e institutos a partir de las evaluaciones y pruebas de diagnóstico que elaboran las Administraciones. Y el Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto en el que se prohíbe que los resultados de esas evaluaciones, "independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico", puedan ser empleadas para "establecer clasificaciones de los centros".

Esta prohibición, que se fija en el artículo 3 del decreto sobre evaluación del sistema andaluz de enseñanza aprobado ayer, coincide con lo contemplado en la Ley Orgánica de Educación (LOE), elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la reforma del actual Ejecutivo del PP elimina ese veto. El artículo 147 de la LOMCE señala que el Gobierno "establecerá las bases para la utilización y acceso público de los resultados de las evaluaciones". Además, se insiste en que "se publicarán los resultados de los centros docentes según los indicadores educativos comunes para todos los centros docentes españoles". Aunque no se cite en la norma, el siguiente paso será la publicación de clasificaciones de centros partiendo de esos datos. Es lo que ocurre ya en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno del PP difunde los resultados centro por centro de las pruebas que realizan a los alumnos de sexto de primaria de matemáticas y lengua. Luego, los medios de comunicación y distintas web especializadas solo tienen que ordenarlos para ofrecer un ranking.

Los defensores de esta iniciativa creen que es una forma para que los centros educativos rindan cuentas y para que los padres puedan tener más información para elegir centro para sus hijos. Los detractores sostienen que este es un sistema muy minoritario —solo tres países lo tienen— y que beneficia a los centros privados y concertados, cuyos alumnos están en un mejor contexto socioeconómico que los de la enseñanza pública en general.

En junio de 2012, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente del ministerio, propuso crear una plataforma en Internet en la que se ofreciera información sobre todos los colegios e institutos que se sostienen con fondos públicos "para facilitar el ejercicio de la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias". Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco rechazaron entonces aquella medida y recordaron que la LOE impedía la creación de clasificaciones. Ahora, el PP esquiva ese obstáculo normativo con la LOMCE.

La Junta y el Ministerio de Educación llevan meses con este juego del ratón y el gato. Ahora es el Gobierno andaluz el que impulsa un decreto para frenar una medida como las de los rankings que persigue el Ejecutivo central. Pero las dos Administraciones se han ido cambiando los papeles. En el caso de los colegios e institutos concertados que segregan por sexo ha sido el ministerio el que ha dado el paso para blindar en la LOMCE los fondos públicos para este tipo de enseñanza. El ministerio tomó esta decisión tras varios pronunciamientos del Tribunal Supremo en el verano de 2012 en los que respaldaba a la Junta en su decisión de suspender los conciertos con los centros que rechazan la educación mixta.