Feijóo pide que la Justicia sea igual de profesional en los fuegos que la policía

La caída sostenida del presupuesto durante los últimos cuatro años ha ido vaciando de contenido las reuniones semanales de la Xunta, donde el mayor tiempo lo consume el despacho de informes y análisis varios sin ningún compromiso de gasto. La de ayer dio luz verde a una inversión de 5,8 millones de euros para alquilar dos depuradoras en Sogama que sustituyan a las actuales. Y aprobó una aportación de 400.000 euros para programas de I+D. También sirvió para remitir el cierre del ejercicio 2012 al Consello de Contas, en principio con los mismos criterios que llevaron al organismo fiscalizador a alertar durante los dos últimos años de desplazamientos de gastos. En 2011, según Contas, el dinero que se trasladó a la anualidad siguiente fue de 411 millones de euros.

Fue el propio Feijóo quien dio a entender (a preguntas de la prensa) que nada va a cambiar en la contabilidad de la Xunta pese a las advertencias de Contas. La polémica metodología de la Consellería de Facenda se mantiene: “La seguimos haciendo con los criterios de contabilidad nacional. Son datos auditados por la intervención general del Estado, tanto en la legislatura anterior como en la actual. Los criterios son los que aplican todas las comunidades”. El Consello de la Xunta también declaró el interés turístico de dos fiestas: la de San Martiño de Moaña y el Belén artesanal en movimiento de Valga. Ahí se acabaron sus decisiones ejecutivas. El resto de los temas tratados por el presidente y sus conselleiros fue un surtido de informes.

En la documentación que el Gobierno remite a los medios figura, por ejemplo, un acuerdo que aprueba “los resultados de la actividad de lucha contra los incendios”. Según ese balance, el número de detenidos como supuestos causantes de fuegos se eleva en lo que va de año a 170 personas. Y la mayoría las ha arrestado la policía autonómica, que ha visto reforzado el número de efectivos en 63 agentes, hasta sumar 269 durante los meses de verano. Ese incremento de un 30% del personal multiplicó el número de detenciones “que crecieron un 150%”, se felicitó el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión de su gabinete. La mayoría de los arrestos guarda relación con las negligencias (un 57,5% de los atestados policiales por fuegos) pero las detenciones por incendios intencionados crecen (del 37% al 42,5%). Esa subida apuntala la tesis del Gobierno gallego que persiste (contra el criterio de los estudios que se han hecho sobre fuegos en la comunidad) en atribuir los incendios a un problema de orden público.

Por eso, ayer, el presidente tras repasar las estadísticas, felicitó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pero se dejó una advertencia para la justicia: “Ahora queda aguardar el mismo trabajo profesional de fiscales y jueces para que sean juzgadas y sobre ellas caiga el peso de la ley siempre que se prueben”. “Dan mucho que pensar tantos detenidos, debe hacernos reflexionar a todos: sociedad, fuerzas políticas y gobierno”, concluyó su reflexión el presidente.

Que los delitos de incendio son los más difíciles de probar puesto que muchas veces las llamas se llevan por delante las pruebas es un argumento recurrente de la fiscalía de Medio Ambiente que en sus memorias anuales analiza la actividad incendiaria. Hasta la fecha todos esos informes siempre han descartado la existencia de supuestas tramas criminales, un argumento que ha deslizado el presidente y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, igual que antes hicieron los gobiernos de Emilio Pérez Touriño y de Manuel Fraga. Con sus palabras de ayer, Feijóo carga sobre la fiscalía y los jueces la tarea de encarcelar a los incendiarios.