La Ciudad de la Luz mejoró cuatro veces los incentivos para rodar en sus estudios

La Generalitat Valencia subvencionó los rodajes en Ciudad de la Luz mientras los estudios cinematográficos estuvieron en funcionamiento. Pagó porcentajes a las productoras en función del gasto efectivo que realizaron en Alicante para rodar sus películas. Y mejoró esos incentivos hasta cuatro veces en el periodo 2007-2011. Como consecuencia de la decisión de la Unión Europea de mayo de 2012 que obliga a desinvertir todo el dinero público que se destinó al complejo, unos 265 millones de euros, porque vulneró los principios de la libre competencia con estudios cinematográficos de propiedad privada, la Administración valenciana también está obligada a devolver lo que destinó a esos incentivos.

La diputada socialista en las Cortes Valenciana Eva Martínez, que ha podido revisar parte de la documentación de Ciudad de la Luz, señala que la resolución de la UE es muy clara cuando se refiere a que hay que “recuperar del beneficiario” tanto “la totalidad de los 264,9 millones de euros de inversión pública directa” como “todo incentivo otorgado a productores cinematográficos bajo la condición de que el rodaje tenga lugar en Ciudad de la Luz”. Por ello, ha preguntado al Consell a cuánto ascienden esas ayudas y qué se está haciendo para recuperarlas, dado que Ciudad de la Luz es una empresa de la Generalitat y, de alguna manera, la Administración autonómica debe devolverse a ella misma lo aportado con la venta obligatoria del complejo, pero los beneficiarios de los incentivos son empresas privadas.

En una reciente visita a Ciudad de la Luz, la Generalitat facilitó a la diputada socialista el acceso a algunos de los contratos que regularon esos incentivos. Concretamente son los que afectan al tándem de productoras Castafiore Films, de Gerardo Herrero, y Tornasol Films, de Javier López Blanco. Se trata de las empresas responsables de una veintena de los más de 60 rodajes que se llevaron a cabo en los estudios cinematográficos de Alicante entre 2008 y 2011.

De los documentos se desprende que las condiciones iniciales del contrato, de 27 de noviembre de 2007, consistentes en la “devolución automática” del 20% del denominado “gasto local calificable” durante los dos primeros años y del 18% en los dos segundos, fueron mejoradas en una novación de mayo de 2009 en lo que se refería al mecanismo de cobro. De nuevo se hizo lo propio en octubre de 2009, cuando se aplicó lo que Eva Martínez califica como “cláusula Camps”, es decir, que se beneficiaría de cualquier mejora que obtuviera cualquier otra productora. En enero de 2010 se mejoraron los porcentajes, en otra novación del contrato, y desapareció la distinción entre el 20% y el 18% según se tratase de los dos primeros años o los dos segundos de vigencia del contrato. No era casual, dado que ya se entraba en el tercer y cuarto año de vigencia. Finalmente, en marzo de 2011 se amplió la vigencia del contrato unos años más.

Un diputada del PSPV pregunta por las subvenciones a las productoras

En total, Castafiore-Tornasol recibió 5,7 millones de euros en incentivos por rodar en los estudios de Alicante. “No tenemos nada en contra de la productora”, advierte Martínez, “pero sí contra el procedimiento utilizado, sin publicidad ni convocatoria pública y mediante contratos que incluyen cláusulas de confidencialidad”. La parlamentaria recuerda que se ha hablado de 13 millones de euros como la cantidad desembolsada por la Generalitat para subvencionar los rodajes en los estudios que construyó en Alicante, pero reclama del Consell una información transparente sobre el asunto. “Se ha estado actuando con total opacidad”, indica. “Ya es hora de que el Gobierno de Alberto Fabra deje de presumir de transparencia y podamos saber cómo se ha estado despilfarrando el dinero de todos los valencianos sin control”.