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OPINIÓN

Legalistas de pacotilla

El PP quiso convertir a las víctimas del terrorismo en un poder fáctico y ahora es prisionero de su propia táctica

Desde finales del verano de 2012 no ha habido día sin que un poderoso complejo político, mediático e intelectual con epicentro en Madrid rechazara y descalificase la demanda de una consulta de autodeterminación en Cataluña con el argumento supremo de que tal consulta rompería la legalidad, vulneraría la Constitución; y —si me disculpan el latinajo— extra Constitutionem nulla salus. Cuando algunas voces jurídicas (el profesor Francisco Rubio Llorente; el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol...) han admitido la legitimidad democrática de un referéndum si la mayoría lo reclama, y apuntado vías legales para hacerlo posible, esas opiniones fueron desdeñadas y, en el caso del fiscal, le valieron la destitución. Todavía la pasada semana, el canciller español García-Margallo quiso zanjar la cuestión con una frase enfática: “Salvo en la jungla, la democracia se ejerce en el Estado de derecho”.

Bien, pues de repente una gran parte de aquel complejo de siglas, cabeceras y firmas presuntamente tan devotas de la legalidad, se ha mudado a la jungla. Ha bastado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anulando la aplicación retroactiva de la doctrina Parot para que no solo las asociaciones de víctimas del terrorismo, sino también importantes sectores del Partido Popular y, con especial ímpetu, esos columnistas que arremeten a diario contra el soberanismo catalán desde los parapetos de la ley y la Constitución, hayan pasado a reclamar el desacato a Estrasburgo y, por ende, la insumisión al Estado de derecho.

¿Qué les importa que, según la Constitución (artículo 25.2), las penas de prisión deban estar “orientadas hacia la reeducación y reinserción social”? ¿Qué más les da que el Código Penal no contemple la cadena perpetua, o que la irretroactividad de las leyes sea un principio jurídico elemental en democracia? Para esa escuela de pensamiento —por llamarla de alguna manera—, el legalismo es de quita y pon, y las sentencias solo deben cumplirse si coinciden con las propias fobias ideológicas: la del Constitucional contra el Estatuto, una maravilla; la del TEDH contra la doctrina Parot, una catástrofe, un disparate y encima una ingerencia extranjera.

El PP, que contra Rodríguez Zapatero quiso erigir a las víctimas del terrorismo en un poder fáctico, es ahora prisionero de su propia táctica

La reacción de las asociaciones de víctimas es humanamente comprensible y respetable. También para unos padres cuyo hijo ha muerto en la carretera, arrollado por un conductor borracho o drogado, el culpable debería pudrirse en la cárcel; pero a nadie se le ocurre atribuir a las víctimas de accidentes de tráfico un derecho de veto sobre la Ley de Seguridad Vial o sobre el cumplimiento de las penas por conducción temeraria. El PP, que contra Rodríguez Zapatero quiso erigir a las víctimas del terrorismo en un poder fáctico, es ahora prisionero de su propia táctica, y tendrá que capear la indignación de una serie de asociaciones, fundaciones y plataformas que, en buena parte, son sus criaturas.

El Gobierno de Rajoy también sufre el fuego amigo de los guardianes de las esencias derechistas. El martes, Javier Zarzalejos (secretario general de la FAES) calificaba la sentencia del TEDH de “fracaso cívico y democrático”, advertía del peligro de indefensión del Estado frente a ETA, arremetía contra el PSOE en clave conspiracionista y, sobre todo, culpaba de la decisión de Estrasburgo al único magistrado español de aquel tribunal, Luis López Guerra. El mismo día, La Razón titulaba que “López Guerra consuma su traición”, mientras Libertad Digital decía, lacónicamente, que “ha votado a favor de la condena a España”.

Se entiende que a estos ambientes, habituados a jueces de fidelidad canina, felices de haber colocado al frente del Tribunal Constitucional a un doble militante —del PP y del anticatalanismo—, les cueste comprender qué es la independencia de un criterio jurídico. Pero resulta conmovedor ver a los que denuncian el unanimismo, la supuesta falta de pluralidad en Cataluña, verlos reaccionar cuando un español de León, ex alto cargo de la Administración del Estado y hoy magistrado del TEDH a propuesta de Madrid, vota en contra de lo que aquellos celadores del patriotismo consideran el dogma: se trata de un traidor.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.