Cataluña cobrará la mediación laboral o por pedir subvenciones

Lo repiten desde hace meses los consejeros de la Generalitat: “Cada euro cuenta”. Y si hay que hacer pagar por servicios que hasta ahora la administración prestaba de forma gratuita, se pagará. Aunque sea la homologación de un título de caza. Y si hay que crear nuevas tasas, se crean. Sea la euroviñeta de los camiones en el Eje Transversal (que está previsto que suponga ingresos de 1,9 millones de euros y un ahorro de 5,6 en mantenimiento de carreteras) o pagar por la solicitud del duplicado de un título profesional.

Con esta filosofía, el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público —la ley de acompañamiento de los presupuestos— del Departamento de Ecnonomía de la Generalitat prevé la creación de una treintena de nuevas tasas y el encarecimiento de otras existentes con las que estima recaudar al menos 55 millones de euros más y medidas para ahorrar más de 27 millones. Y eso que han quedado fuera del texto los nuevos tributos que se tienen que crear el próximo año, en virtud del pacto de legislatura CiU-ERC, como los que gravarán a las centrales nucleares, los pisos vacíos o la contaminación aérea.

Entre las nuevas tasas, el Gobierno catalán prevé cobrar por cuestiones como solicitar una subvención en materia cultural (entre 15 y 250 euros para sufragar su tramitación); pedir un duplicado de la tarjeta sanitaria (7 euros) o informes de extranjería (35). También contempla cobrar los servicios prestados por la policía autonómica en actividades extraordinarias como escoltar un transporte especial, vigilar un rodaje u organizar un evento deportivo que requiera un dispositivo policial “con recursos extraordinarios” (35 euros por agente y hora). En el ámbito laboral, prevé gravar la mediación en un conflicto laboral previo a la vía judicial, por ejemplo en una reestructuración de plantilla o en la negociación de un convenio colectivo. En estos casos cobrará entre 300 y 800 euros a las empresas.

En el capítulo de tributos propios, solo en las áreas de agricultura, caza o pesca hay una lluvia de nuevas tasas o subidas de las existentes. Se incrementan los costes de las licencias y permisos y se crean obligaciones de pago por cuestiones como homologar trofeos, o títulos, obtener etiquetas ecológicas, anillar pájaros cantores o por hacer un examen de aptitud como persona “con formación en manipulación de carne de caza”. Eso sí, bajarán las cuotas de participación en concursos de pesca para los mayores de 65 años.

También suben las tasas para obtener certificados oficiales, la cédula de habitabilidad, la inscripción en exámenes para certificar el conocimiento del catalán o para obtener el título del técnico de Formación Profesional o el coste del aparcamiento de Montserrat. Respecto a la Agencia Catalana de Consumo, cobrará 100 euros a las empresas por cada reclamación en su contra que el ente admita, siempre que sean más de 30 las quejas.

En el capítulo de tributos cedidos por el Estado, la Generalitat confirma la derogación de la deducción fiscal por la inversión en vivienda habitual. Asimismo, introduce modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones —a la espera de un gran cambio en el tributo— para permitir el pago de este a través de todo tipo de bienes inmuebles. Ahora solo era posible asumir el pago en efectivo o a través de viviendas. También se prevén cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, especialmente con la creación de un impuesto sobre alquileres, con un tipo impositivo que será inicialmente del 0,3% pero con el objetivo de que alcance el 0,5%.

Más allá de los tributos, el borrador prevé otras nuevas fuentes de ingresos o ahorro para la administración catalana. Ejemplo de ingresos es la posibilidad de que el Instituto Catalán del Suelo preste servicios, de pago, a a los Ayuntamientos. Y ejemplo de ahorro es que los ayuntamientos se pagarán las depuradoras.