Kristau Eskola urge al Gobierno vasco a implicarse en su financiación

Kristau Eskola, la patronal de la enseñanza religiosa concertada, ha urgido al Gobierno a implicarse de lleno en los problemas financieros que arrastra y que suponen un déficit que desde mediados de 2010 se eleva ya en la actualidad a 18 millones de euros.

Esa deuda histórica surge de la decisión del Gobierno de recortar ese año la financiación de la red concertada por la crisis. La patronal intentó aplicar entonces a su profesorado la misma reducción salarial del 5% que Educación decidió para los docentes de la red pública, pero tuvo que claudicar después de que los sindicatos ganasen en los tribunales (de forma sucesiva y hasta llegar al Tribunal Supremo) las demandas que interpusieron contra esa decisión. El Supremo dio la razón a los sindicatos y obligó a los centros educativos a devolver las cantidades detraídas de las nóminas a sus docentes.

Reducción de la financiación junto a mantenimiento de los salarios han generado ese déficit ante el que el Gobierno no actúa, lamenta Kristau Eskola, y los sindicatos han respondido con "inmovilismo" y "sin amoldarse a la realidad económica", en palabras del director general de la patronal concertada, Mikel Ormazabal.

“Estamos crucificados en una pinza entre los sindicatos y el Gobierno, y les preguntamos a ambos ¿qué hacemos”, ha lamentado Ormazabal en una comparecencia en Bilbao.

Kristau Eskola suma 137 centros con 7.500 trabajadores. Con 90.000 alumnos, supone el 60% de la enseñanza concertada y el 30% de todo el sistema educativo vasco.

La patronal de la concertada rechaza recurrir a elevar las cuotas que pagan los padres

La patronal ha reconocido la deuda generada y contraída con el personal de sus centros hasta el 31 de diciembre pasado (unos 15 millones) y tiene intención de pagarla según un calendario durante los próximos años, aunque ello está suponiendo para numerosos colegios tener que recurrir al endeudamiento.

Para solucionar esta situación, la patronal urge el concurso del Gobierno al que incluso pone cifras: 12 millones anuales más que aportase. El director general ha destacado que la consejería de Educación se encuentra al tanto de su situación económica, pero les ha asegurado que no dispone de dinero. Y, del otro lado, "el sindicalismo quiere vivir en una burbuja; todos sufren la crisis económica, pero ellos no quieren", en palabras de Ormazabal. “La sinrazón sindical nos ha puesto contra la pared”, apuntan otras fuentes de Kistau Eskola.

La patronal concertada rechaza la posible solución que supondría elevar las cuotas que pagan los padres por los servicios que prestan los colegios (excluida la educación, que es gratuita). Cobrar por la enseñanza es contrario a la ley, pero muchos centros concertados mantienen cuotas por este concepto, según ha denunciado sistemáticamente el Consejo Escolar de Euskadi en sus informes sobre la educación vasca. “En muchas ocasiones resulta impensable trasladar este coste a las familias”, especialmente en los colegios de zonas no urbanas, según los responsables de Kristau Eskola. El 15% de los centros, situados en entornos urbanos, se sostienen más o menos financieramente, pero el 85% de los centros a los que agrupa esta patronal no responden a esa tipología.

De mantenerse así la situación, la patronal se vería abocada a una situación insostenible que podría derivar en los descuelgues de centros para intentar arreglárselas por su cuenta.

El último pulso entre Kristau Eskola y los sindicatos ha llegado con la ruptura del convenio colectivo en julio pasado, ruptura que ha llevado a las centrales a convocar varias jornadas de paros, el primero de los cuales se celebró el pasado 26 de septiembre. Los próximos 22 y 24 de octubre están previstos nuevos días de huelga.

Tras el final de la vigencia del convenio sectorial vasco el pasado 7 de julio y en atención a la reforma laboral, los centros concertados dependen ahora del convenio estatal, que ofrece peores condiciones. Pese a ello, Kristau Eskola mantiene en lo sustancial —como salarios o jornada lectiva— las condiciones vigentes desde 2010 —el sueldo establecido en el convenio vasco menos un 3%— , ya que están vinculadas al modelo de financiación del concierto educativo. El sueldo del convenio estatal supondría una bajada salarial del 33%.

Ormazabal ha destacado que la referencia al convenio estatal será "transitoria" y que su intención pasa por negociar un nuevo convenio sectorial vasco y llegar a un acuerdo con las centrales, que haga sostenibles los centros y se amolde a la financiación aprobada por el Parlamento vasco.