Alaya archiva el caso de los hermanos de la ministra Báñez en Mercasevilla

Otros cuatro constructores se benefician del carpetazo, inédito por parte de la juez

Nicolás Báñez (derecha) y Eduardo Báñez (centro), en junio pasado.
Nicolás Báñez (derecha) y Eduardo Báñez (centro), en junio pasado.Paco Puentes

Primer archivo de una causa por parte de la juez Mercedes Alaya en cuatro años. Desde que inició la investigación del caso Mercasevilla en 2009, la magistrada ha abierto una pieza tras otra en un esfuerzo tan ingente que estas causas han sufrido retrasos, dada su amplitud. La semana pasada la juez cambió de rumbo momentáneamente y decretó el archivo de la causa abierta contra Nicolás y eduardo Báñez, hermanos de la ministra de Empleo y responsables de la empresa onubense Construcciones Juan de Robles.

El carpetazo beneficia asimismo a otros cuatro constructores a los que Alaya acusó de amañar el concurso público de suelos y presentar ofertas ficticias para que finalmente lo ganara la constructora malagueña Sando. “Concurrieron al concurso con la presunta aviesa intención de fijar artificialmente un precio favorable a esta última [Sando] a fin de que se adjudicara el referido concurso”, expone Alaya en su auto del pasado 8 de octubre.

El archivo responde  a que ni PP ni PSOE seguieron con el caso como acusación

El motivo del archivo es paradójico, ya que las acusaciones, entre ellas el PP y el PSOE, tenían en su mano intentar proseguir con la causa. Pero ninguna de las partes hizo uso de sus competencias tras estimar la Fiscalía Anticorrupción que los delitos de esta pieza habían prescrito.

La causa se abrió el pasado abril. Después de la declaración de los empresarios, la Fiscalía Anticorrupción alertó en julio de las prescripciones de los delitos de maquinación, fraude y exacciones ilegales por parte de los empresarios que pujaron en el concurso. La juez admitió la prescripción de estos dos delitos, pero preguntó al fiscal si también consideraba que la prevaricación había prescrito. Después de la respuesta afirmativa del ministerio público la semana pasada respecto a la prevaricación, la juez preguntó a las acusaciones.

La magistrada carga con dureza contra el fiscal y le achaca el cierre
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Y ninguna de ellas vio motivo para acusar a los seis empresarios. El PP (en representación de su presidente, Juan Ignacio Zoido) no se pronunció al respecto, pero tampoco el PSOE, ni el Partido Andalucista ni la Asociación de Mayoristas de Mercasevilla vieron que los delitos podían ser perseguidos. A estas acusaciones populares se sumaba la acusación particular ejercida por la empresa municipal Mercasevilla (dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP), que tampoco presentó escrito alguno. Por tanto, la juez ha archivado la causa ya que esta se ha quedado huérfana de acusaciones y está obligada por ley a dar carpetazo al asunto.

En solo tres páginas de auto, Alaya carga con dureza contra el fiscal, en un paso más de su enfrentamiento soterrado. Una semana después de que Anticorrupción criticara que la instrucción le ocultara datos, la juez ha respondido con aspereza.

La instructora recuerda que la fiscalía solicitó la imputación de los empresarios en abril, para después pedir su archivo durante el verano por prescripción. “Ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal (pues tales ilícitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones), justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas”. Pero a continuación, le ha hace un agrio reproche: el “error” ha provocado “cierto retraso” en las actuaciones; “un esfuerzo inútil” ya que se le tomó declaración a seis imputados; y finalmente “un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario”. A esta última razón, la juez añade otra píldora: “Como bien sabe el Ministerio Fiscal, cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente y a todo lo anterior hay que añadirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática”.

Junto a los hermanos Báñez, el archivo beneficia a los constructores Eugenio Sánchez, Bárbara Gutiérrez, Ignacio Bayón y Antonio Vicente Sánchez. Alaya declara extinguida su responsabilidad criminal y cabe deducir que incluye en la lista de imputados beneficiados por el archivo al empresario José Romero de Prasa, ya que le pregunta por si se desiste del recurso que interpuso. La única excepción es el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet ya que Alaya estima que pudo haber prevaricado al considerarle funcionario.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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