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La Guardia Civil aprecia financiación irregular de los sindicatos con los ERE

"Sin la anuencia de CC OO y UGT no es posible el negocio", dicen los investigadores

Las centrales sindicales defiende la legalidad de su actuación

El dirente de CC OO Roberto Carmona (en el centro), tras salir en libertad. Ampliar foto
El dirente de CC OO Roberto Carmona (en el centro), tras salir en libertad. EFE

En el chaparrón que les está cayendo a los sindicatos hay muy pocos paraguas. Y lo peor para ellos es que, probablemente, la tromba no va a amainar. Vendrá racheada, pero la previsión del tiempo marca que será cada vez de mayor intensidad. La investigación del caso ERE ha puesto en el punto de mira a las centrales como facilitadores "fundamentales" de los expedientes y les ataca donde más duele, en la financiación.

La Guardia Civil podría, sencillamente, haber identificado en su último atestado a sindicalistas con comportamientos delictivos, pero en su lugar denuncia a CC OO y UGT por su funcionamiento orgánico, como instituciones, a la hora de financiarse. Es decir, no solo acusa a personas, sino a los entes, por haber permitido su financiación gracias a comisiones que los investigadores tildan de ilegales. Y sugieren que los implicados eran soldados que cumplían órdenes establecidas para que los ingresos fluyeran.

El atestado es muy duro. Y a pesar de que el instructor abusa de las conjugaciones condicionales (“podría, habría cobrado, habría favorecido”, etc.), los indicios recabados dañan a ciertos dirigentes sindicales. Pero sobre todo, el prestigio de las centrales en una coyuntura muy especial.

El vaticinio de que el temporal solo empeorará tiene bases sólidas como la próxima acusación policial de dos dirigentes nacionales de UGT y CC OO, dos de las federaciones de Madrid y dos más de las andaluzas. Además, los investigadores tienen pendientes de ejecutar diligencias para investigar comisiones de los sindicatos en Valencia a través de la consultora Vitalia, nudo gordiano de la corrupción destapada en el caso.

Imputación policial de seis dirigentes sindicales

La Guardia Civil avanza en su atestado la imputación policial de seis dirigentes sindicales por el cobro de comisiones y la supuesta inclusión de una intrusa en una póliza: José Luis Montesinos, secretario estatal de la federación Fiteqa de CC OO; Antonio Deusa, secretario estatal de Industria y Agraria de UGT; Javier Montesinos, miembro de la comisión ejecutiva estatal de Fiteqa-CC OO; Daniel Martín, secretario general de Fiteqa en la Comunidad de Madrid; Antonio Perianes, secretario de la federación agroalimentaria de CC OO Andalucía y Joaquín González Muntadas, secretario de Fiteqa Andalucía.

Del análisis de la operativa de cobro de las comisiones se deduce la imputación de los dos dirigentes estatales y andaluces. Mientras, los dos dirigentes madrileños están llamados a declarar para que aclaren su papel respecto a la supuesta intrusa Josefa Azofra. “Recibe su indemnización por el cese de su relación laboral con el sindicato, que de manera ilógica, en principio, ha sido financiada por Vitalia”, critica el instructor del atestado. “Se trataría de una contraprestación o favor asumida por Vitalia por las labores desarrolladas por el sindicato”, añaden.

En la causa ya se encontraba imputado el secretario general de Industria de CC OO, Enrique Jiménez, por la inclusión de dos intrusos en la póliza de Calderinox, uno de ellos el exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla.

Esta semana los investigadores han adelantado sus próximas diligencias y sus gestiones pendientes. Nadie adivina su fin, pero lo cierto es que la cifra de imputados sigue al alza. Desde esta semana los acusados judiciales ya suman 136 tras los últimos 10 detenidos y un auto que imputaba a otras 10 personas. En el atestado, los agentes avanzan la imputación policial de otros dos hijos de José María Ruiz Mateos. Así, Álvaro y Zoilo se sumarán a Javier y Pablo por sus vínculos con las empresas del conseguidor Juan Lanzas.

Los sindicatos alegan que las comisiones que han percibido por numerosos ERE en todo el país son legales. Defienden que su labor de intermediación y recogida de datos ha sido necesaria para los acuerdos y que esas comisiones han sido abonadas por las empresas en todo el país. La diferencia es que en Andalucía la Junta subvencionó los ERE y el pago para los sindicatos se extrajo de los gastos externos cobrados por las consultoras. Ahí es donde la instrucción considera que existió malversación de fondos públicos por percibir comisiones sin justificar. Los sindicatos replican que fue un acuerdo entre dos sociedades (consultora y sindicato).

Las organizaciones consideran la instrucción un ataque directo. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, la tildó de “sentencia mediática que hace muchísimo daño y en parte será ya irreparable”. Fuentes sindicales reducen el cobro de comisiones desde las consultoras al 12% de los 144 ERE entre 2001 y 2010. Y avanzan que sus facturas solo incluían el concepto global, pero que ahora los trabajos se detallarán.

Mientras, los investigadores detallan la cifra más repetida: los 7,6 millones que supuestamente percibieron las centrales de las intermediarias Uniter y Vitalia para financiarse. Y aclaran que la suma procede “en su totalidad de las sobrecomisiones” libradas en las pólizas sufragadas por la Junta de Andalucía, una cuestión que han puesto en duda desde las centrales.

Por si fuera poco, los agentes alertan de que podría ser superior porque no pudieron recabar todos los datos fiscales de la década investigada.

“La participación de los sindicatos no solo ha tenido como objeto la defensa de los intereses de los trabajadores afectados, sino que ha sido una fuente de financiación presuntamente irregular, articulada alrededor de los pagos que las mediadoras han realizado (...) aumentando con ello el montante total de la prima”, censura la Guardia Civil.

Los agentes destacan “el papel fundamental” desempeñado por estas organizaciones para que un ERE se llevara a cabo. “Los sindicatos son la llave para que se lleve a cabo el ERE y sin su anuencia no es posible que salga adelante el lucrativo negocio que supone (...) Son una puerta de entrada” para las consultoras, subrayan.

Las conclusiones policiales están basadas en las múltiples transferencias halladas entre las consultoras y los sindicatos (que siempre declararon estos ingresos al fisco) y las declaraciones de los representantes de los trabajadores y los consultores.

Los directivos de Vitalia, que fueron encarcelados la pasada primavera, también cargaron contra las centrales. “Los sindicatos a veces nos decían que en tal o cual empresa había problemas y no hacían trabajo alguno (...) Si un sindicato dice que no se hace, no se hace, te pueden hacer la puñeta”, declaró María Vaqué, directiva de Vitalia. Mientras, los investigadores resaltan una reunión de las cúpulas de Vitalia y la Federación estatal de Industria de Comisiones Obreras en la que la consultora ofreció una comisión “por facilitar su participación” en los ERE. El secretario de finanzas Juan Manuel Moreno afirmó que la ejecutiva de la federación decidió no aceptarla por ir contra la ética del sindicato.

“Se dieron instrucciones a los responsables de las distintas federaciones regionales para que evitaran trabajar con esta mediadora, algo que como se ha expuesto no se cumplió”, señala el atestado.

Además de las severas críticas contra su financiación, los investigadores concluyen que las organizaciones participaron en la inclusión de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas). El informe denuncia la inclusión de sindicalistas y dirigentes sindicales en diversos expedientes, y pone cuatro ejemplos. Entre ellos, el secretario de la federación del metal de UGT en Jaén, Manuel Morales. “Se ha demostrado que [los sindicatos] han propiciado la inclusión de intrusos en pólizas”, indica.

Como cada vez que se desencadena una operación policial en el caso, el primer impacto resulta de comprobar las inmensas ramificaciones delictivas que se abren. Las consecuencias del aguacero sobre los sindicatos son imprevisibles. Esta semana Comisiones Obreras tiene previsto presentar las conclusiones de la comisión nacional que durante seis meses ha investigado las comisiones percibidas por los ERE, según fuentes de la central. Y tras la próxima imputación de seis nuevos dirigentes (incluido de UGT), la lupa policial se concentra aún más sobre los sindicatos.

 

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