Un presidente con poder absoluto

“Puedo disponer ilimitadamente de los fondos sociales, sin dar cuenta al consejero delegado, que es un subordinado, no es nadie”. El 16 de abril de 2009 empezó la guerra en el Consejo de Administración de Iurbentia. En aquella reunión del consejo de la firma del Grupo Afer, se escenificó el fin de una era de prósperos negocios, y se puso la primera piedra para iniciar un espinoso camino en los tribunales que continuará la próxima semana.

Seis consejeros de Iurbentia, entre ellos el expresidente del Athletic Fernando García Macua, cuestionaron la manera de hacer las cosas de Jabyer Fernández, el máximo responsable del grupo. Fernández respondió sin dejar lugar a dudas que el grupo es suyo y hace y deshace a su antojo. El acta de aquella reunión recoge dicha frase: “Puedo disponer ilimitadamente...”

Aquel día, en Ortuella, a las cinco de la tarde no hacía ni frío ni calor, pero en el consejo saltaron chispas cuando sus miembros se enteraron de que la hermana de Jabyer, Susana había pedido el 26 de marzo de ese año los “talonarios de cheques” al director financiero, y por indicación de Jabyer “se realizaron importantes disposiciones de fondos”.

Tan importantes que fundió más de 60 millones de euros, de los que 43 tenían que haber sido ingresados en la Diputación de Bizkaia, en concepto del IVA de la venta de los terrenos de Puerta de Bilbao, una operación cerrada el 27 de enero anterior.

En una docena de transferencias y pagos a sus propias empresas apenas si dejó Iurbenor, de la que ya era administrador único, con dinero para pagar las nóminas de marzo. Fernández ya sabía extraoficialmente para esa fecha que la Diputación, que hasta entonces había dado plena cobertura a sus proyectos y concedido otros aplazamientos de deuda —uno de 10 millones en diciembre de 2008—, no le iba a conceder otro por los 43 millones de la venta de los terrenos de Sefanitro. Era la operación fallida de Puerta de Bilbao para construir 2.000 viviendas.

Seis consejeros anunciaron medidas legales si no se arreglaba la situación

La comunicación oficial, es decir, la confirmación de que el despliegue político que había puesto en marcha Jabyer para conseguir el aplazamiento había resultado infructuoso, llegó a finales de mayo. Para entonces Iurbenor era insolvente y seis consejeros de Iurbentia le habían demandado por insolvencia punible.

El debate del 16 de abril en el consejo, tras constatar sus miembros que las cuentas de Iurbenor habían sido vaciadas, resultó muy duro:

— “¿Quedan en las cuentas 49 millones, 43 para el IVA y seis para compensar a socios y acreedores?”, le preguntó directamente a Jabyer Fernández el secretario del consejo, Emilio Prieto, según el acta.

— “No”, responde Jabyer. Precisa que había deudas adicionales por 16,4 millones pero que solo se habían pagado 10 millones a Fonorte.

— “¿Quedan entonces 39 millones en las cuentas de Iurbenor?”, vuelve a preguntar el secretario a Jabyer.

— “Lo ignoro”, responde éste, en medio de una monumental bronca que ataja dando información adicional sobre más transferencias desde las cuentas de Iurbenor. “Dispuse 3,5 millones para comprar acciones de Habidite Alonsotegi a Iurbentia, que a su vez se dispusieron para una ampliación de capital en Habidite Aragón, otros 3,5 millones para más acciones de Habidite con la sociedad Bost-H 96 y, finalmente, otra transferencia de 15 millones en concepto de pago a Habidite del I+D+i desarrollado por esa compañía”.

El constructor aseguró que no iba a retraer las operaciones ni las transferencias

Las protestas de varios socios subieron de tono y plantearon su queja en forma de un documento, que incluyeron en el acta: “Las disposiciones de dinero de Jabyer Fernández resultan totalmente improcedentes, ilegítimas y desleales”, criticaron, para precisar a renglón seguido precisar que estaban totalmente en contra de que “el presidente haya dispuesto del dinero del IVA para realizar las operaciones que ha detallado, especialmente el pago del I+D+i de Habidite, sociedad con la que Iurbenor no tiene ningún interés”.

“En caso de no reconducirse inmediatamente la situación adoptaremos iniciativas de índole legal”, anunciaron seis consejeros.

El presidente rectificó entonces que “no se ha pagado el I+D+i de Habidite, sino que se han comprado acciones de esa compañía”. Y agregó: “No estoy en disposición de retraer las operaciones señaladas. Todo se solucionaría si la Hacienda foral concediera un aplazamiento de pago a Iurbenor”.

En ese momento Macua pidió que se votase la continuidad de Fernández como presidente, Como no sucedió acabó por dimitir todo el consejo.