Los técnicos de la Diputación detallan el lunes las cuentas de Jabyer Fernández

Después de tres días de declaraciones de los imputados y numerosos testigos, la semana que viene será el turno de algunos peritos y técnicos. Los de la Unidad de Auditoría Informática de la Subdirección de Inspección de la Diputación de Bizkaia desgranarán el informe con las operaciones y transferencias dinerarias que lograron sacar de sus casillas a Jabyer Fernández durante la primera jornada de la vista oral. “Ese informe es la hostia, es la leche”, dijo sensiblemente enfadado cuando se lo mentaron.

El informe, además de concluir que existen indicios razonables de la concurrencia “del delito de insolvencia punible” que le imputan desde el fiscal hasta las acusaciones, sostiene que parte de esos fondos, que fueron detraídos de los que debieran de haber sido ingresados en la Diputación de Bizkaia en concepto de IVA por la operación de venta de los terrenos de la operación Puerta de Bilbao, “se destinaron a satisfacer necesidades privadas del grupo familiar de la familia Fernández Fernández, ya sean bienes adquiridos de forma directa por las personas físicas o mediante la interposición de sociedades patrimoniales sin actividad económica”.

Un exempleado se

La presentación del informe dará paso a otra jornada en la que la defensa de Fernández presentará su contrainforme, en el que quiere “explicar” el origen de las transferencias entre empresas del grupo y sociedades patrimoniales de la familia de Fernández. Ayer prestaron declaración varios responsables de la dirección financiera del Grupo Afer, además del promotor Carmelo Merino y Josu Olazarán. Por parte de las defensas prestaron declaración Manuel Fernández de la Cruz, un exempleado que se llevó 300.000 euros en el despido, después de trabajar 24 años en la empresa —era consejero de una de las sociedades del entramado Afer— y Juan Tomás Puerta Bilbao, que ya tuvo en su día el control financiero del grupo y lo volvió a tomar tras la operación de venta de los terrenos de la operación Puerta de Bilbao, que abrió la guerra entre algunos socios de Iurbentia y Jabyer Fernández.

Fruto de esa operación, Iurbenor debiera de haber ingresado en la Diputación un total de 43,5 millones de euros en concepto de IVA, pero en lugar de ello, y como la Diputación no ofreció un aplazamiento de pago, distribuyó esa cantidad de dinero entre sus sociedades. Por el delito de insolvencia punible, al descapitalizar Iurbenor, el fiscal, la Diputación de Bizkaia y la acusación particular le piden penas de entre seis y diez años de cárcel. La coalición EH Bildu registró ayer en el Parlamento vasco una pregunta dirigida al lehendakari Íñigo Urkullu, para que explique el próximo día 18 en un pleno de control, la relación que tuvo con el imputado y empresario Jabyer Fernández, quien el pasado lunes describió que mantuvo varias reuniones con él para intentar negociar un aplazamiento de pago. Fernández dijo que “hablaba con él para las cosas estratégicas” y dejó caer que su relación fue fructífera ya que le hizo durante años algunos “favores que se conocen y otros que no”