El fiscal descarta delitos de los seis empresarios en la puja de Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla considera que los seis empresarios que concurrieron al concurso de suelos de Mercasevilla en 2006 no prevaricaron. Entre estos imputados destacan los dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Nicolás y Eduardo Báñez García, responsables de la empresa onubense Construcciones Juan de Robles. La fiscalía ya alertó a la juez Mercedes Alaya sobre la prescripción de los delitos de maquinación y fraude y exacciones ilegales por parte de los empresarios que pujaron en el concurso, y ahora estima que no cometieron prevaricación, según informó ayer El Mundo. La juez ya admitió la prescripción de los dos delitos en esta rama del caso Mercasevilla.

“Con los datos obrantes (...) sus conductas se ciñen a la presentación de las ofertas, tildadas de relleno y con un posible pacto de fijación artificial de precio de venta para favorecer la oferta de Sanma, pero consideramos que tal hecho (...) no llega a constituir per se también un acto de cooperación necesaria de un extraneus en un delito de prevaricación posterior”. El fiscal admite que la prevaricación no ha prescrito, a diferencia de los otros dos delitos, pero considera que “no hay indicios suficientes” para acusarles, según precisa en su escrito del pasado lunes presentado ante el juzgado.

En su breve relato de hechos, el fiscal menciona un “posible pacto de fijación artificial de precio de venta”, que sugiere la posibilidad del supuesto amaño que la juez ha censurado en su tesis, pero el ministerio público estima que no hay razón para averiguar tal extremo, ya que los delitos principales han prescrito. Tras pronunciarse la fiscalía, ahora la juez ha dado traslado a las acusaciones para que se pronuncien sobre el posible delito de prevaricación. Entre estas acusaciones destaca el PP municipal que gobierna en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que tiene que pronunciarse sobre si ve delito en la conducta de los dos hermanos de la ministra Báñez, además de los empresarios Eugenio Sánchez Ramade, Bárbara Gutiérrez, Ignacio Bayón y Antonio Vicente Sánchez. Si el PP decide no presentar una acusación por prevaricación, la magistrada podría verse sin capacidad de acusar a los empresarios, ya que es necesario que la fiscalía o alguna acusación se pronuncie a favor.

El PP opinará sobre el papel jugado por los familiares de la responsable

Mientras, tanto la juez Alaya como la Guardia Civil coinciden al considerar, aunque con matices, que los empresarios se concertaron para presentar ofertas “de relleno” y que la constructora malagueña Sando se alzara con el concurso público de suelos. En esta causa, y además de los citados, están imputados el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento sevillano, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Consistorio Manuel Marchena y Miguel Angel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.

Por otra parte, la Audiencia de Sevilla debatirá el recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su imputación en el caso de los ERE. Álvarez declarará el próximo martes ante Alaya sin conocer la resolución definitiva de los jueces. La exministra recurrió ante la Audiencia su imputación porque la considera “manifiestamente infundada” y sin “una mínima base indiciaria para imputar sin caer en la arbitrariedad”, subrayó su letrado en el recurso. En paralelo, el número dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, censuró ayer los “reiterados juicios políticos” en la instrucción del caso ERE porque generan “confusión entre el ámbito político y judicial”.