Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
ANÁLISIS

Malaya, la corrupción descarada

El 'caso Malaya' es el símbolo del fracaso de un modelo de crecimiento basado en la especulación

El 30 julio de 2012, en la última sesión del juicio del caso Malaya, el empresario de Granada José Ávila Rojas hizo un uso al menos llamativo del derecho a la última palabra que tienen los acusados. El promotor que más viviendas había levantado en Marbella durante la década de gobiernos del GIL dijo con desparpajo y a modo de defensa que la Operación Malaya, que se desencadenó en marzo de 2006, había sido “el comienzo de la crisis en España”. ¿Por qué? Según el destacado empresario porque se “abrió la veda” para que los bancos cerraran el crédito al entonces sector más dinámico de la economía española: la construcción.

Ávila Rojas, que ya ha cumplido penas en otras causas por fraude o estafa, ha sido condenado hoy a tres años y ocho meses de prisión y a una multa de 11 millones de euros. Su teoría es un dislate, pero el argumento que utilizó para su defensa dice mucho de cómo actuaron algunos políticos y empresarios en los años de bonanza. La construcción era sinónimo de riqueza y empleo y poco importaban los destrozos medioambientales o urbanísticos, muchos de ellos ya irreversibles.

Tampoco importaban la decencia, la probidad o el sentido de servicio público, que desaparecieron en muchos municipios que comprobaron cómo moviendo una línea en un mapa se propiciaba un pelotazo urbanístico. El paroxismo fue Marbella. La demagogia de Jesús Gil convenció a una amplia mayoría de ciudadanos de esta ciudad de la Costa del Sol, que le mantuvieron casi una década en la alcaldía, hasta que la justicia le apeó. Pese a su marcha, el virus de la corrupción ya estaba extendido en la clase política municipal, en los empresarios que se relacionaban con ella y en los testaferros (entre ellos destacados bufetes de abogados) que blanquearon el dinero.

Al frente de todos ellos, el gran corruptor: Juan Antonio Roca, condenado a 11 años de cárcel y a pagar una multa de 240 millones de euros. Él decidía a quién daba y a quién no daba licencias urbanísticas, cobraba las mordidas de los empresarios y repartía el dinero a su antojo entre los concejales, actores secundarios de esta obra corrupta y macabra.

Más que marcar el inicio de la crisis en España, el caso Malaya es el símbolo de la corrupción descarada, de políticos y empresarios sin escrúpulos y del fracaso de un modelo de crecimiento basado en la especulación.

Más información