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Rafael Aznar, en el punto de mira

La sanción supone una nueva vuelta de tuerca sobre la gestión del presidente del puerto

La sanción de la Comisión Nacional de la Competencia al puerto de Valencia supone una nueva vuelta de tuerca sobre la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria (APV) de Valencia, Rafael Aznar, puesta en tela de juicio este verano por la Fiscalía de Valencia. Sobre Aznar pesa la acusación de haber cometido presuntamente delitos de malversación y prevaricación a través de operaciones con la empresa, Valencia Plataforma Intermodal (VPI) participada por la APV y que pueden superar los 40 millones de euros. Además, junto a otros dos directivos de la APV, obtuvo retribuciones irregulares de esta misma empresa pública en concepto de dietas por valor de 77.000 euros, una práctica, tratándose de sueldos públicos, contraria a Ley de Incompatibilidades.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consignó en 2012 como anómalos estos pagos a los directivos, entre los que figuran el director de VPI, Juan Antonio Delgado, y el director de Infraestructuras, Ignacio Pascual. La interventora encargada de la fiscalización de las cuentas del puerto confirmó el martes al juez encargado del caso estas supuestas irregularidades, que comunicó a los directivos y que han ido reintegrando en una serie de plazos acordados. Estos pagos habían sido aprobados por el consejo de administración de la APV y declarados a la Agencia Tributaria.

La interventora, sin embargo, no elevó a la IGAE ningún informe sobre estas irregularidades. Según explicó al juez, consideró que no existía delito ni “perjuicio a las arcas públicas”, ya que los beneficiarios se comprometieron a reintegrar el dinero. La APV considera que la gestión realizada ha sido auditada todos los ejercicios por la IGAE sin que se haya detectado “ninguna ilegalidad” y que la contabilidad ha sido revisada durante año y medio por el Tribunal de Cuentas con el mismo resultado.

En su declaración, la inspectora consideró dudosos otros pagos realizados por la APV como el estudio del plan estratégico del puerto. El juez ha encargado asimismo una auditoria a la IGAE sobre las cuentas de la fundación Valencia Port, una entidad dedicada a la investigación, formación y cooperación en la que colaboran varios directivos de la APV.

Las sospechas arrojadas sobre la gestión de Aznar han creado un profundo debate político y empresarial por las repercusiones que puede tener sobre la infraestructura cuando los puertos que se disputan el mismo mercado están muy centrados en la modernización de sus terminales. En los últimos días, el principal lobby empresarial valenciano, AVE, ha tenido que salir en defensa de Aznar, que es miembro de esta organización, para cerrar las fisuras.

Los recelos respecto a Aznar también han hecho mella en Madrid. En Puertos del Estado no gustan líos judiciales y mucho menos cuando arrojan numerosas sospechas sobre la gestión. Pese a que el puerto de Valencia es de titularidad estatal, el nombramiento de su presidente corresponde al Gobierno de la comunidad autónoma. La Generalitat también ha mostrado su apoyo al presidente de la APV, aunque su acceso al cargo fue una decisión del anterior jefe del Consell, Francisco Camps. Pero a la Generalitat tampoco le gusta el clima de sospecha que envuelve el puerto. El hecho de que apenas quede año y medio hasta unas elecciones autonómicas con resultado incierto le complica mucho más la búsqueda de una alternativa por su carga de interinidad.

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