Ocupas con trienios quieren alquilar

Una veintena de familias, que ocupa de forma ilegal unas 13 viviendas de titularidad pública, se han quedado sin agua después de que la empresa Aqualia, que gestiona este servicio en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), haya decidido retirarle el suministro al carecer de la escritura de la propiedad de la casa o de un documento que acredite el alquiler. Estas viviendas pertenecen a una promoción que en 1974 realizó el Gobierno de Carlos Arias Navarro —que, posteriormente, serían transferidas a la Junta— para los operarios de carreteras. Tras quedar vacías, estas viviendas fueron ocupadas por personas con escasos recursos económicos. Ahora, reclaman un alquiler social para no verse en la calle.

Algunas de estas familias llevan viviendo en estas casas desde hace 12 años. Otros llegaron hace tres, como Isidoro Guzmán. Este vecino reprocha a la Consejería de Fomento y Vivienda que los abandone “a su suerte” y que no les deje colocar un contador de luz y de agua hasta que se aclare la situación de las viviendas. “No entendemos lo que está ocurriendo porque si no hay ninguna orden judicial o de la Junta de Andalucía no se puede cortar a las bravas la luz y el agua. La Junta no puede mirar para otro lado. Allí hay mujeres y niños. Pues ni por humanidad paran esta tropelía”, señala este vecino. Guzmán es funcionario eventual de la Junta y hace tres años solicitó a la Administración andaluza quedarse con una de estas viviendas. “A día de hoy la Junta no me ha respondido y vivo desde entonces con esa incertidumbre”, afirma Guzmán.

El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, aclaró que la Consejería de Fomento no ha iniciado ninguna acción sobre esta urbanización, aunque precisó que se está buscando una alternativa para no dejar a esas familias en la calle. “Hablamos de personas que carecen de vivienda y el compromiso de la Junta es buscar una salida para que no estén en la calle, siguiendo la filosofía de que no puede haber casas sin gente y gente sin casas”.

La Junta afirma que buscará una solución antes de desalojar

La situación de estos vecinos de La Palma del Condado es similar a la de las 18 familias asentadas en el poblado forestal de Mazagón (Moguer). Estos ciudadanos deberán dejar estas casas, ocupadas ilegalmente desde hace años, después de que hayan sido reclamadas por la Consejería de Medio Ambiente, titular de estas construcciones. La delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Huelva, María Villaverde, reiteró que “no habrá ninguna orden de lanzamiento mientras que no se haya ofrecido a esas familias una alternativa”. El poblado forestal está ubicado en las inmediaciones del Parador Nacional de Mazagón y su construcción, tras la Guerra Civil, tuvo como cometido dar cobijo a los guardas del Patrimonio Forestal del Estado. En su día, fueron viviendas construidas en forma de chozas y, a partir de los años cuarenta del siglo pasado, el pequeño núcleo poblacional fue creciendo y se edificaron otras viviendas y edificios. Tras quedar vacías, estas casas fueron ocupadas por familias que llevan residiendo en ellas desde hace muchos años. En otros casos, ha sido la actual crisis económica la que ha llevado a algunos ciudadanos a ocupar estas viviendas. En su mayoría son jubilados, parados y familias con escasos recursos.

La semana pasada, los vecinos de este poblado onubense acudieron al Juzgado de Primera Instancia de Huelva para declarar en un juicio por desahucio en el que la Junta de Andalucía era la parte demandante. Estas familias también reclaman un alquiler social. Es el caso de Diego Romero, un jubilado de 68 años, cuyos ingresos mensuales no alcanzan los 300 euros. “La Junta de Andalucía no puede ser la primera que desahucia después de promover iniciativas para no dejar indefensas a las personas que no tenemos donde ir”, afirma Romero, quien indica que escribió al Gobierno andaluz una carta reclamando que les dejaran vivir allí a cambio de un alquiler social. “Ni han contestado”, señala.