Los caros patrocinios de Carlos Fabra en el aeropuerto de Castellón

Los contratos de patrocinio firmados por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra para dar publicidad al aeropuerto de Castellón continúan generando costes. Fabra ya no dirige Aerocas, la sociedad pública del aeródromo, pero su gestión aún pesa en las arcas de la Generalitat, que sigue recibiendo facturas cuando aún no ha podido poner en marcha la instalación inaugurada en 2011.

El pasado enero, la Generalitat desembolsó 800.000 euros por el pago de un patrocinio deportivo que suscribió Carlos Fabra, que en esas fechas aún era presidente de la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), participada por la Administración autonómica. La factura era parte de un acuerdo por el que Fabra se comprometió a pagar 1.150.000 euros para patrocinar al equipo del castellonense Alex Debón en el Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2011.

El Gobierno valenciano asumió hace unos meses la gestión del aeródromo al dejar Carlos Fabra Aerocas ante la apertura del juicio oral contra él. Aunque la Administración valenciana creía haber puesto fin a las facturas por publicidad (se gastaron 35 millones de euros desde que comenzaron las obras), estas siguen llegando. Según han informado este jueves desde vicepresidencia del Consell, todavía quedarían por pagar 350.000 euros (más IVA) del patrocinio del equipo de motociclismo, aunque esa liquidación queda pospuesta porque hay otras prioridades.

La marcha de Fabra del aeropuerto ha abierto una nueva etapa con la que el Consell, a través del nuevo presidente de Aerocas, el vicepresidente José Ciscar, busca “lanzar un mensaje de credibilidad y confianza” en la infraestructura, al tiempo que intenta poner fin a años de derroche. Sin embargo, cada poco surgen datos de la gestión realizada por la anterior cúpula de Aerocas. Entre ellos, este contrato de patrocinio del mundial de motociclismo, al que ha tenido acceso la diputada autonómica de Esquerra Unida del País Valencià, Marina Albiol.

El documento refleja que el equipo recibiría un millón de euros por “difundir y promocionar la imagen del aeropuerto” y establecía cláusulas como que Aerocas recibiría 25 pases para paddocks y comida, mientras que el piloto realizaría “al menos una visita” al aeropuerto “en días en los que esté abierto al público” -aún está parado-.

El contrato establecía tres pagos: en marzo y mayo de 2011 y el último cuando el patrocinado entregara una memoria. Sin embargo, ya en abril de ese año, se firmó una modificación por la que Aerocas aceptó pagar 150.000 euros más “como consecuencia de los retrasos que se hayan podido producir en el pago”, con lo que el contrato se elevaba a 1,15 millones de euros.

La Sindicatura de Cuentas, en su informe de 2011, analizó el acuerdo y encontró seis incumplimientos de la normativa, entre ellos esta modificación. Según la Sindicatura, ese cambio “representa un incumplimiento de las instrucciones de contratación de Aerocas, que requieren que sean para atender circunstancias o acontecimientos objetivos e imprevistos que justifiquen su necesidad, y siempre que esta posibilidad esté incluida en el contrato o pliego, cuestiones que no concurren en este caso”.

Además, el informe adviertió de que no se puede considerar como causa de la modificación los posibles retrasos en los pagos, y menos cuando ese cambio se firmó incluso antes del vencimiento de dos de los tres plazos acordados. “La Generalitat debería explicar el gasto de estos 150.000 euros por retrasos a todas las asociaciones y colectivos que sufren impagos” y recortes por la crisis, ha criticado este jueves Albiol.

La Sindicatura se ha quejado en varios informes de los contratos de patrocinio del aeropuerto al no ver acreditado el gasto. En este caso, por ejemplo, "no consta” la memoria que el motociclista patrocinado debía entregar y que es un requisito para el último pago de 350.000 euros que la Generalitat ha decidido aplazar.

El segundo documento al que ha tenido acceso EUPV es la auditoría encargada por José Ciscar a la consultora del exministro del PP Josep Piqué para analizar el estado del aeropuerto, las certificaciones pendientes y abordar el sistema de gestión. El Consell pagó 18.000 euros por el encargo. El documento se hace eco de la necesidad de dar un nuevo giro a la gestión tras la marcha de Carlos Fabra: “El momento debe ser aprovechado por el nuevo equipo gestor para lanzar un mensaje de credibilidad y de confianza en el futuro, capaz de encaminar el aeropuerto hacia su puesta en marcha y futura sostenibilidad”.

Los resultados de esta auditoria le valieron al Consell para definir el nuevo modelo de gestión y anunciar la licitación de la explotación de las instalaciones por un importe máximo de 2,5 millones anuales.