Andalucía se niega a aplicar el nuevo copago de medicamentos

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no aplicará el nuevo copago fijado la semana pasada por el Ministerio de Sanidad y que implica que unos 42 medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes no ingresados dejen de ser gratuitos a partir del 1 de octubre. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya había avanzado hace unos días que su equipo estaba buscando fórmulas para sortear este copago, que afectaría a unos 90.000 andaluces, principalmente pacientes crónicos o con enfermedades graves.

Cuando se conoció la publicación de la resolución ministerial fijando este nuevo copago, el equipo de Ana Mato aseguró que era de obligado cumplimiento para las comunidades. Pero el departamento de la consejera andaluza María José Sánchez Rubio ha asegurado este martes que no lo aplicará. Al igual que el Gobierno del País Vasco, que también ha hecho público este martes su rechazo, Andalucía también recurrirá la medida. Lo hará primero ante el propio ministerio con un recurso de alzada.

La consejería se ha quejado de que las comunidades no fueran informadas de esta nueva medida, que tampoco se acordó "en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

A través de un comunicado de prensa, Salud ha sostenido que se trata de "una improvisación" y de "una medida totalmente injusta". "Se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al nuevo copago implantado por el ministerio", ha insistido la consejería. Esos 42 medicamentos, que hasta ahora se habían quedado fuera de iniciativas similares, estarán sujetos a un copago máximo del 10% del precio por envase, con un tope de 4,2 euros por fármaco.

Además de criticar el fondo de la medida, el departamento de Sánchez Rubio ha cuestionado las formas: "La improvisación del Gobierno central hace inviable la implantación de este nuevo sistema de copago a 1 de octubre dada la complejidad del proceso burocrático y administrativo". Según Salud, para ponerlo en marcha sería necesario "cambiar el funcionamiento de todo el sistema de información de farmacia hospitalaria", de ahí que la Junta acuse al Gobierno de caer en la "improvisación". Sánchez Rubio ha exigido al Ejecutivo central "responsabilidad" y que retire la resolución.

Sin embargo, la ministra Ana Mato ha defendido este martes en el Senado que no se trata de una nueva medida y que ya estaba prevista. La titular de Sanidad también ha reducido el impacto del copago al recordar que la cuantía máxima que van a tener que afrontar los pacientes no hospitalizados es de 4,2 euros. Además, ha insistido en que, como ocurre con el resto de copagos, los ciudadanos con rentas más bajas y los desempleados no van a tener que abonar "nada" por estas medicinas, informa Europa Press. Pero la consejera andaluza ha recalcado que esta medida "rompe la equidad del sistema y que además pone en riesgo la salud de aquellas personas más vulnerables desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista social, porque serán aquellas personas que tienen menos recursos las que se disuadan del tratamiento y decidan abandonarlo".