Alaya achaca al ex ‘número dos’ de Presidencia que pudo parar los ERE
La juez impone al ex alto cargo Antonio Lozano una fianza civil de 46 millones
![Javier Martín-Arroyo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbe822ad5-55c4-471f-a6de-f8ffe65744e8.png?auth=11b4c18a3c700fde6547c09f2549e6d80e1874bb354890d63a358496e8f9c883&width=100&height=100&smart=true)
![El ex número dos de Presidencia de la Junta Antonio Lozano, en los juzgados sevillanos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/RBYZW5XPP3YHTNKHJX6NWQ7QJA.jpg?auth=e56cea97a71fd151ec7b0f04cd59fd4f58206bc663ed42cd0aafc8865c0bfccb&width=414)
La juez Mercedes Alaya achaca al ex número dos de la Consejería de Presidencia de la Junta Antonio Lozano que tuvo a su alcance haber frenado el fondo de los ERE, cuya ejecución la magistrada considera fraudulento. Alaya sostiene que entre 2002 y 2009 Lozano visó desde su puesto de director general de Presupuestos los pagos por parte de la agencia Idea para la controvertida partida 31L, dotada con 721 millones y que administraba la Consejería de Empleo.
En su último auto del pasado viernes, la juez impone a Lozano, acusado de malversación y prevaricación, una fianza por responsabilidad civil de 46 millones —para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación—. La cantidad suma cinco millones impuestos por cada ejercicio más un tercio que establece la ley.
La instructora recuerda un cambio en el diseño del pago del fondo —se desechó la partida 440.51 por partidas de créditos para gastos propios— justo tras abandonar el cargo Lozano. “Lo cual prueba indiciariamente que el hoy inculpado, como director general de Presupuestos, podía impedir el uso de la partida de transferencias de financiación”, menciona la juez en su argumentación del auto. El día antes, Lozano solo respondió a ocho preguntas de la magistrada antes de abandonar la sala porque consideraba que sus derechos y garantías no estaban siendo respetados después de que Alaya le acusara de hacer “teatro”. Lozano fue imputado el pasado julio junto a otros 19 altos cargos y funcionarios de la Junta en la rama política del caso, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez.
En su auto, la magistrada acusa al ex alto cargo del Ejecutivo autónomo de “distorsionar la financiación” y provocar una “falta de control” en las subvenciones de los ERE, puesto de manifiesto 45 días después del cese de Lozano por un cambio normativo de su sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera, que está hoy citado a declarar como imputado. La juez también recuerda que esta ausencia de control, provocada porque la Intervención General no visaba las transferencias de financiación como las subvenciones excepcionales, provocó graves déficits a lo largo de los años y llegó al máximo de hasta 94 millones de desfase presupuestario en 2005.
El ex director general de Presupuestos [2002-2009]hasta hace 15 días tras el cambio de Gobierno en la Junta, apenas contestó a ocho preguntas el pasado jueves, tras lo que las acusaciones pidieron una fianza de 76 millones, que Alaya rebajó a 46 millones “en beneficio del inculpado”, matiza el escrito. La instructora[2002-2009] recuerda asimismo que Lozano reconoció que la partida 440 de transferencias de financiación al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) no podía utilizarse para conceder subvenciones.
Alaya fue muy crítica sobre el papel desempeñado por Lozano en la lectura de su imputación el pasado jueves: “Participaría activamente en alterar la realidad presupuestaria (...) simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación”.
Para la juez, el conocimiento de Lozano sobre el uso de las transferencias de financiación en el Ejecutivo autónomo era amplio debido a las modificaciones presupuestarias que durante varios ejercicios tramitó, y dado que se reunía con técnicos para analizar la “necesidad, eficacia y ejecución” de cada programa afectado por la elaboración del Presupuesto de la Junta. “En estas reuniones pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones, y que IFA era solo mera pagadora”, censura la juez. Hoy Alaya aclara los detalles de la imputación de Aguilera.
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