El pacto anticrisis de Urkullu y López elude propuestas de paz y soberanía
El acuerdo entre PNV y PSE cierra 15 años de “agravios y política de bloques”
Más presión fiscal y más control del fraude para redoblar la defensa de los servicios públicos y aumentar la lucha contra la crisis. Son las claves del acuerdo global escenificado este lunes por el lehendakari, Iñigo Urkullu, con su predecesor en el cargo, el socialista Patxi López, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Con la crisis como punto de encuentro, ambas formaciones cierran, según Urkullu, 15 años de “enfrentamiento, política de bloques y división” para abrir un “nuevo tiempo” de entendimientos. Euskadi ha vivido alianzas entre el PNV y el PSE desde la etapa preautonómica y, más tarde, en los gobiernos de coalición del lehendakari José Antonio Ardanza.
Urkullu reconoció este lunes por primera vez que tras las elecciones autonómicas buscó una coalición que no logró. Este acuerdo, que alivia su minoría y reconduce las relaciones entre partidos, no es ni un “cheque en blanco” ni un “pacto de legislatura”, matizó López. Pero sí es un pacto, tres días antes del primer pleno de política general de Urkullu, de 63 páginas mucho más detallado que el acuerdo de bases que aupó al propio López en 2009 al poder gracias al PP. La firma de este lunes en la Presidencia del Ejecutivo autonómico se cerró no sin pequeños reproches de Ortuzar al PSE porque “2013 ha sido el año más duro de la crisis y el Gobierno lo ha tenido que recorrer en solitario”. López, duramente criticado por el PNV cuando fue lehendakari, apostó por dejar atrás los “agravios”.
El acuerdo, que según sus firmantes sacará a Euskadi de la crisis, deja premeditadamente fuera dos aspectos que en los últimos días están protagonizando la agenda política en Euskadi: la convivencia y el debate soberanista. La primera cuestión, porque exige acuerdos más amplios con otras formaciones políticas. La segunda, porque el PSE rechaza la independencia —este mismo lunes López lamentó que en Cataluña haya propuestas que “dividen y fracturan” a la sociedad y se distanció del PSC— y el PNV no tiene demasiadas prisas de entrar en un debate en el que su discurso está indefinido a medio camino entre mayores cotas de autonomía e independencia.
El pacto incluye el compromiso de revisar la arquitectura institucional de puertas hacia dentro y la Ley de Territorios Históricos, que el PNV ha considerado intocable en sus discursos hasta hace poco. Como otros aspectos del pacto —como la reforma fiscal o la capacidad de decisión del Parlamento autonómico sobre fiscalidad—, en este asunto también ha acabado aceptando propuestas del PSE a cambio de estabilidad. Pero deja fuera el encaje de Euskadi en España. En pleno debate soberanista incentivado por la Diada y una izquierda abertzale ansiosa de impulsar una “vía vasca” ante el nuevo estatus político prometido por el PNV para 2015, Urkullu cedió a Ortuzar la pregunta de un periodista sobre esta cuestión. Este, en puertas del Alderdi Eguna —la fiesta anual del PNV—, ratificó su intención de impulsar una ponencia parlamentaria este otoño para debatir sobre el estatus de Euskadi.
El debate sobre la paz y la convivencia, también ajeno al pacto PNV-PSE, se coló en la escenificación del acuerdo. Lo hizo en el discurso de Ortuzar, que apeló a que “también en la paz y la convivencia hablemos entre todos, acordemos entre todos”. El PSE, tras impulsar la ponencia de paz en el Parlamento, abandonó ese foro la pasada semana por entender que EH Bildu no cumple con el mínimo exigido, la asunción de un texto basado en el respeto a los derechos humanos por encima de cualquier idea política.
Y, ante las ausencias, la dificultad de materializar lo que sí recoge el acuerdo, una reforma fiscal —que con 1.500 millones de euros más en tres años es el eje de los esfuerzos adicionales que se hagan en materia de reactivación económica—, que se topa con que PNV y PSE están en minoría en las Juntas Generales —que albergan las competencias fiscales— de Álava y Gipuzkoa. Para sumar, precisan del apoyo de PP o de EH Bildu. Los populares se muestran de momento contrarios y este mismo lunes volvieron a presentar en Álava, su bastión en Euskadi, su propuesta alternativa de fiscalidad, que busca lo contrario que el pacto PNV-PSE.
La reforma fiscal pondrá límites a las deducciones de las empresas
PNV y PSE aspiran a que la presión fiscal suba en Euskadi en los tramos más altos para sostener los servicios públicos y destinar más fondos a reducir la tasa de paro. Ambos partidos oficializaron este lunes los detalles de la reforma fiscal que, si se materializa en los mismos términos, supondrá una inyección a la recaudación de las haciendas forales de 1.500 millones de euros en tres años. Las medidas incluyen nuevos tramos en el IRPF a partir de los 91.300 euros, desde el 46% hasta el 49% y limitan deducciones como la de vivienda y las aportaciones a los fondos de pensiones. La reforma elimina la deducción por edad para rentas de más de 30.000 euros y las deducciones para determinados gastos.
La mayor incidencia provendría del Impuesto de Sociedades, que mantendrá el tipo general en el 28% —24% en el caso de las pymes—, pero que establece una tributación mínima que limita al 13% el efecto de las deducciones con carácter general, aunque se incluyen excepciones que bajan al 11%, el 9% en el caso de las cooperativas.
El PP se ha mostrado crítico con la propuesta porque entiende que no es momento para incrementar la presión a las empresas, y ha presentado en donde gobierna, la Diputación de Álava, una reforma para aumentar las deducciones a las empresas y reducir la recaudación.
El acuerdo incluye un aspecto que no es baladí. Euskadi cuenta con una ley que permite unificar la fiscalidad de las tres provincias —cada una tiene su Parlamento provincial y crea sus normas— a través del Parlamento autonómico, un instrumento que no ha sido empleado nunca. Patxi López recordó que existe esta posibilidad, que el pacto desarrolla estableciendo que el Gobierno tiene cuatro meses para enviar a la Cámara vasca un planteamiento para acabar con esa desarmonización. El instrumento es polémico, ya que el PNV y el PP, los dos partidos foralistas en Euskadi, defienden que son las Diputaciones las que deben decidir sobre fiscalidad.
Una parte de los ingresos de la reforma fiscal y de los esfuerzos para detectar el fraude fiscal, que se redoblarán, se sumaría a los presupuestos para el plan de reactivación económica y empleo, que se extenderá hasta 2016 e incluye medidas para jóvenes desempleados —también la creación de una estrategia público-privada para que los que vuelvan a Euskadi del extranjero logren un “empleo de calidad”—, comarcas especialmente castigadas por el desempleo o empresas que necesiten financiación. El consumo se impulsará a través de más planes renove.
El acuerdo incluye una adenda que establece inversiones en infraestructuras públicas —cuatro obras relacionadas con la red ferroviaria, una para regenerar el puerto de Pasaia y seis para la atención y la investigación sanitaria.
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