Castedo, ante el tercer rescate

Las cuentas no salen, la deuda es insoportable y la alcaldesa de Alicante afronta su última oportunidad para intentar sanear las arcas municipales. Pero la solución que se baraja es un arma de doble filo. Si el Ayuntamiento se acoge al tercer, y último, plan de pagos del Gobierno tendrá que aplicar un nuevo ajuste y someterse a la supervisión del Ministerio de Hacienda. Pero si descarta hacerlo, los presupuestos del próximo año, unos 245 millones, sufrirán un recorte de más de 25 millones de euros que se traducirá en más recortes de servicios y subida de impuestos.

Y es que el Ayuntamiento de Alicante arrastra una deuda financiera, es decir, debe a los bancos, unos 175 millones de euros, pero además, según reconoce el propio equipo de gobierno municipal del PP, tienen en los cajones otros 25 millones correspondientes a facturas de proveedores pendientes de pago. La situación financiera es muy complicada, y la alcaldesa Sonia Castedo ha puesto a los técnicos de Hacienda a trabajar para intentar adoptar la solución menos mala. Y es que cualquier alternativa que se apruebe comportará nuevos ajustes y más impuestos.

El edil de Hacienda, Juan Seva, desvelará la esta semana la solución y asegura que busca “la menos lesiva para todos”. “Podemos acogernos al plan de pago o no, todavía no lo sabemos, pero será la última oportunidad porque no habrá más rescates”, reconoce el edil del PP, quien explica que con esta medida el Gobierno pretende sanear las cuentas municipales para que los Ayuntamientos, a partir de ahora, “gasten solo lo que tengan, y no por encima de sus posibilidades”, admite Seva.

El problema de este tercer rescate son las condiciones que deben asumir los Ayuntamientos. El principal objetivo es pagar los 25 millones de euros de facturas, previas al 31 de mayo pasado, mediante préstamos autorizados por Hacienda. Para ello, el Ayuntamiento deberá revisar y actualizar su plan de ajuste antes del 27 de septiembre, y el interventor municipal deberá enviar antes del día 20 una relación certificada de las facturas pendientes de pago.

Esquerra Unida calcula que si el actual plan de ajuste prevé que todos los años, desde 2014 hasta 2021, el Ayuntamiento de Alicante pagará en intereses a los bancos 7,7 millones de euros cada año, con los nuevos préstamos esta cantidad puede rondar los 12 millones. El equipo de Castedo ya aplicó un primer ajuste hace un año, que comportó la subida de varios impuestos, y que permitió obtener un préstamo de 45 millones de euros para pagar facturas.

Pero la letra pequeña de este tercer plan de pagos comporta una serie de medidas extraordinarias que deberán aplicar los Ayuntamientos con problemas de liquidez. La exigencia que genera mayores recelos es que todos los servicios municipales en el plazo de tres años se deberían sufragar directamente mediante impuestos directos. Por ejemplo, el servicio de recogida de basuras debería pagarse mediante tasas en un 50% durante el primer año, pero al año siguiente debería ser el 75%, lo que supondrá un incremento del 25%, y el tercer año se pagaría el doble que ahora. Además, el ministerio también obligará a reducir un 5% los gastos de funcionamiento y de personal, impediría suprimir tributos o las tasas.

“Decidan lo que decidan, está claro que pagaremos más impuestos y que el descontrol presupuestario del PP repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos”, asegura Miguel Ángel Pavón, concejal de Esquerra Unida que denuncia la opacidad del PP en toda esta cuestión. Los tres partidos en la oposición PSPV, EU y UPyD han pedido que se celebre una comisión extraordinaria de Hacienda para conocer las diferentes alternativas que se barajan, y el PP ha hecho caso omiso, ya que hasta que no sepa qué solución aplicará “no hay nada nuevo que explicar”.

Fuentes del equipo de gobierno explican que el Ayuntamiento si rechaza el plan de pagos del Gobierno los deberá en los próximos presupuestos municipales aplicar, de entrada, un recorte de 25 millones de euros para poder pagar las facturas pendientes.

Por otro lado, y para aliviar las arcas municipales el equipo de gobierno, que está a la búsqueda desesperada de liquidez, ha anunciado que se firmara un acuerdo con SUMA, el organismo dependiente de la Diputación recaudador de tributos, mediante el cual el Ayuntamiento cederá la gestión de los impuestos, y parte de su personal de Hacienda, con el fin de obtener unos ingresos de unos cinco millones de euros mensuales, aunque la cantidad todavía no está fijada.