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Mas acepta dialogar sin aplazar la consulta

La Generalitat mantiene el calendario para celebrar la votación el próximo año

El presidente catalán baraja unas elecciones en 2015 si no hay referéndum antes

Si lo que buscaba Mariano Rajoy con su carta a Artur Mas sobre el proceso soberanista catalán era ganar tiempo para ver si se desinfla la burbuja independentista, la Generalitat se apresuró ayer a solemnizar que no le hará el juego.El Gobierno catalán aceptó formalmente la oferta de diálogo “sin fecha de caducidad” formulada por el presidente. Pero puso por delante que el objetivo de tal negociación no puede ser otra que la celebración de una consulta o referéndum, y que ésta debe convocarse en 2014.

La carta de Rajoy sí sirvió para que el nacionalismo catalán tenga que modificar ligeramente la estrategia en los próximos meses. Tanto Convergència i Unió como Esquerra Republicana esperaban un rotundo “no” a la consulta, algo que habría permitido subir un escalón más el nivel reivindicativo y, quizás, legitimar ante sus electorados la vía rápida hacia la secesión. Rajoy fue más precavido y, pese a que la carta destila negativas por los cuatro costados, ésta no incluye un no explícito a la consulta. De hecho, ni habla de ella directamente.

El portavoz de la Generalitat y mano derecha de Artur Mas, Francesc Homs, tuvo que encajar ayer en el discurso nacionalista esta nueva circunstancia. De ahí que comenzara su valoración de la carta asegurando que la Generalitat se toma “seriamente” el diálogo que ofrece Rajoy. A renglón seguido, Homs insistió en que el diálogo no puede servir para diluir la consulta. Lo último que quiere la Generalitat en este momento es que el clamor popular entre las filas soberanistas se apague con promesas de negociación a largo plazo. “El diálogo también forma parte de nuestros principios, pero no seremos ingenuos con lo que puede representar esto, y en cualquier caso no admitiremos dilaciones en el calendario”, concluyó Homs.

El marco jurídico vigente impide la consulta

El precedente vasco.En junio de 2008, el Gobierno de Euskadi planteó una consulta sobre el derecho a decidir que el Tribunal Constitucional consideró ilegal. Estos son sus argumentos:

No es consulta, es referéndum. El Ejecutivo vasco alegó que no había convocado un referéndum (que requiere permiso del Estado), sino una “consulta no vinculante”. El Constitucional dictaminó que, lo llamaran como lo llamaran, era un referéndum porque el “sujeto consultado” coincidía con “el cuerpo electoral” vasco y porque las preguntas versaban sobre “un asunto de manifiesta naturaleza política”. “Que no sea jurídicamente vinculante resulta irrelevante” porque “el referéndum no se define por el carácter vinculante de su resultado”, sino por la entidad del asunto sometido a votación y por el cuerpo electoral convocado.

Requiere permiso del Estado. La “competencia exclusiva” para autorizar un referéndum es del Estado, según el artículo 149 de la Constitución. “Solo pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, de conformidad con la Constitución”, reza la sentencia.

Tendrían que votar todos los españoles. Preguntar por el derecho a decidir afecta “al orden constituido” y “al fundamento mismo del orden constitucional”. Solo se puede hacer planteando una reforma de la Constitución; no imponiendo una “inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella”. Es “imposible” convertir al “pueblo vasco” en “titular del derecho a decidir” sin cambiar la Constitución, porque el titular es “el pueblo español”. Por ello, como la “redefinición” del Estado afectaría “al conjunto de los ciudadanos españoles”, no pueden decidirla solo una parte de ellos, sino que habrían de ser todos.

O sea, que el Gobierno de CiU no varía su hoja de ruta, que pasa por fijar la fecha de la consulta a finales de este año. De celebrarse, la votación podría tener lugar dentro de un año, justo antes de que Escocia celebre su propio referéndum de independencia el 18 de septiembre.

Pese a mantener el calendario, las palabras de Homs ayer dejaron entrever cierta perplejidad dentro del Gobierno catalán. Admitió que se esperaba un “no como una casa” y que el redactado final de la carta deja abiertas algunas puertas. “Vete a saber”, dijo el portavoz, de forma muy gráfica.

En cualquier caso, el Gobierno de CiU cree que hay partida, y que ahora es momento de negociar. De ahí que una de las valoraciones menos negativas de la carta de Rajoy saliera desde Unió Democràtica, el socio de la federación CiU que más ha insistido en el diálogo y la negociación para evitar la senda independentista. Unió llamó a “entender”, “asumir” y “recorrer” el camino de la negociación, pero también añadió que el objetivo final debe ser una consulta “amparada” en la legalidad. Lo dijo Ramon Espadaler, consejero de Interior del Gobierno de Artur Mas.

La consulta en 2014 sigue, pues, siendo la primera opción. Al menos en su discurso público. Pero no es la única, dada la complejidad del tablero. El propio Mas abrió la puerta hace dos semanas a que si no se puede celebrar la consulta el proceso se acabe dirimiendo en unas elecciones autonómicas plebiscitarias que se celebrarían en 2016. El rotundo rechazo de sus socios de ERC a esta opción, que lo quieren dirimir todo en 2014, hizo recular de inmediato a Mas.

Pero el propio presidente ha insinuado los últimos días una tercera vía. Se trataría de que, si no hay consulta en 2014, se celebren elecciones autonómicas en Cataluña coincidiendo con las municipales de mayo de 2015. Mas lo apuntó en su reciente encuentro con corresponsales extranjeros coincidiendo con la Diada. Ante éstos recordó que 2015 es un año “fuertemente electoral” por la coincidencia de municipales y generales y añadió: “Si no se puede hacer la consulta. Tendremos que decidir si nos metemos en este calendario electoral o no”.

La tesis de celebrar elecciones autonómicas coincidiendo con las municipales e intentar darles un carácter plebiscitario sobre la independencia ha planeado de forma intermitente entre las fuerzas soberanistas. En las filas de Esquerra Republicana genera simpatía por el carácter simbólico que tendría intentar cambiar el marco político de una forma radical, como ocurrió en las municipales del 12 de abril de 1931, que provocaron el advenimiento de la Segunda República. Convergència también lo ha debatido en algunas reuniones internas. La idea, en general, no convence a los dirigentes, aunque éstos entienden que Mas necesite prever todos los escenarios posibles dado lo complicado de la situación. A favor de esta convocatoria electoral pesaría el hecho de evitar la convocatoria de un referéndum ilegal. Y es que el Gobierno de CiU, también ayer, insistió en que la legalidad es la premisa básica del proceso soberanista. Los argumentos en contra son muchos más. De entrada, Convergència no quiere hacer experimentos en unas elecciones municipales, especialmente en un momento en que tiene su máxima cuota de poder. El otro argumento que desaconseja aunar municipales y autonómicas es el terror que genera en los cuadros convergentes el fulgurante ascenso de ERC en todas las encuestas a raíz del proceso soberanista. De momento, son los republicanos y no los convergentes quienes lo están capitalizando. Y no quieren que su líder, Oriol Junqueras, se lo acabe llevando todo.

 

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