La juez desmonta la campaña del PP y la Xunta contra Unións Agrarias

Todo empezó 31 de mayo de 2010, el mismo día que arrancaba el juicio contra dos exconcejales del PP en Gondomar (Pontevedra) acusados de exigir sobornos a un constructor. El entonces número tres de los populares gallegos, Antonio Rodríguez Miranda, compareció en la sede de su partido y anunció que tenía pruebas de un escándalo que haría “sacudir los cimientos del PSdeG”. Miranda aseguraba contar con evidencias de que los socialistas, durante su etapa en el Gobierno gallego (2005-2009), “sacaron por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros presuntamente para su financiación ilegal”. Según el PP, ese dinero correspondía a subvenciones recibidas por varias asociaciones vinculadas al sindicato Unións Agrarias (UU AA) que se habrían desviado para pagar gastos del PSdeG. Tres años después, una juez de Santiago ha desestimado las querellas que entonces interpusieron el PP y la propia Xunta de Feijóo al no haber hallado indicios de que las subvenciones se dedicasen a un fin distinto para el que eran concedidas ni sirviesen para “financiar irregular o ilícitamente al PSOE”.

 Aquella comparecencia de Miranda derivó en un gran estruendo. En los días sucesivos, arreció la ofensiva del PP, y el propio secretario general del partido, Alfonso Rueda, corroboró que tenía pruebas de lo que estaban denunciando. Algunos medios lo bautizaron como la “trama agraria del PSdeG”. Y el propio Rueda, en su condición de conselleiro de Presidencia de la Xunta, ordenó abrir una investigación oficial que incluyó el envío de inspectores para registrar sedes de UU AA e interrogar, grabadora en ristre, a algunos de sus trabajadores. Por estas actuaciones, la misma juez, Ana López-Suevos, que ha decidido archivar ahora la querella de los populares, llegó a imputar a dos directores generales de la Xunta, aunque finalmente fueron exonerados del presunto delito de desviación de poder.

El dinero del que hablaban el PP y la Xunta de Feijóo lo habían recibido 13 asociaciones agrarias que funcionaban en la órbita de UU AA, dentro de un programa puesto en marcha por el bipartito, del que se beneficiaban numerosas organizaciones sociales de toda Galicia, para subvencionar la contratación de trabajadores. Y acabó con una querella de los populares, también respaldada por el Gobierno autónomo, contra el sindicato.

Pero la juez no ha hallado “base indiciaria” para sostener las acusaciones de los populares. La magistrada basa sus conclusiones, en un auto con fecha del pasado 10 de septiembre, en las declaraciones prestadas en el juzgado por diversos funcionarios y altos cargos de la Xunta del PP. López-Suevos resalta además que los demandantes no aportaron ningún documento para acreditar que las subvenciones no se dedicasen a pagar las nóminas de los trabajadores. Mientras, el jefe de Fiscalización de la Consellería de Traballo declaró en el juzgado que en sus labores de control de las ayudas públicas a las asociaciones de UU AA “no encontró ninguna irregularidad”. “No consta ninguna irregulariad”, corroboró el interventor delegado en la Consellería de Sanidade tras examinar, entre otra documentación, los extractos bancarios de los perceptores de las subvenciones. “Los funcionarios especializados de la propia Xunta desvirtúan las sospechas delictuosas”, concluye la juez, quien tampoco ha hallado ninún indicio de delito en el hecho de que una de las trabajadoras contratadas, de origen argentino, hiciese campaña electoral en Buenos Aires para el alcalde socialista de Muxía y dirigente de UU AA, Félix Porto.

Con todo, Rueda no tira la toalla y anunció ayer que el PP recurrirá la sentencia. El ahora vicepresidente de la Xunta sigue sosteniendo que su actuación fue “totalmente objetiva” y alega que otras instancias judiciales que vieron el caso sí apreciaron posibles indicios de delito. Mientras, los socialistas reclamaron la dimisión de Rueda ya que entienden que se ha confirmado que la Xunta organizó una “persecución política e ideológica” contra UU AA.