Feijóo ofrece un pacto de silencio al PSOE sobre el acoso a Unións Agrarias
El presidente amenaza con otra investigación a UU AA si no cesan las críticas
La comisión de investigación parlamentaria que registró el PP en la Cámara el pasado martes era un órdago. Una amenaza para que el PSOE y Unións Agrarias dejen de criticar la actuación de la Xunta en la fiscalización de ayudas a 13 de las 800 entidades que reciben fondos del Plan de Cooperación y por la que ya han tenido que declarar en el juzgado como imputados dos altos cargos del Gobierno autónomo. Los populares amagaron el martes con impulsar una comisión parlamentaria para investigar lo que hace nueve meses que fiscalizan sin ningún resultado conocido tres consellerías de la Xunta y que motivaron otras dos denuncias del PP en los juzgados, una de ellas ya archivada.
La comisión parlamentaria solo la pondrá en marcha el PP si no cesan las críticas y la ofensiva socialista que ha pedido la comparecencia de Feijóo y de los conselleiros de Traballo, Beatriz Mato, y de Presidencia, Alfonso Rueda, en el Parlamento para explicar el supuesto "abuso de poder del Gobierno" sobre el que también indaga un juzgado de Santiago. Ayer fue el presidente de la Xunta quien puso voz a la amenaza: "Si el PSOE reflexiona y no pone en duda la actuación del Gobierno, puede ser que no la haya. Si el PSOE tiene dudas, habrá comisión de investigación de forma inmediata".
Dos altos cargos admitieron al juez que no han hallado irregularidades
Feijóo: "Si el PSOE no pone en duda a la Xunta, puede que no haya comisión"
Feijóo intentó hacer ver que la comisión de investigación que propone el PP es la misma que pretenden presentar los socialistas y destacó la supuesta contradicción del PSOE por no atender su oferta. Sucede que el grupo parlamentario socialista quiere poner la lupa sobre las prácticas de la Xunta que llevaron a técnicos de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a inspeccionar por primera vez en la historia de la Autonomía 13 sedes de organizaciones agrarias. Se produjo una semana después de que su jefe, el conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda, lanzase graves acusaciones e incluso imputase varios delitos a Unións Agrarias, esta vez como secretario general del PP.
La tesis de los socialistas es que Rueda primero acusa desde el partido y luego pone los medios de la Adminsitración para intentar probar sus denuncias. Y eso no es lo que pretende aclarar en el hemiciclo el PP, que amenaza con implicar al tercer poder, el legislativo, en su fiscalización de las subvenciones recibidas por el sindicato, después de que también por iniciativa suya haya abierto un expediente administrativo en la Xunta y una causa en el juzgado de Corcubión. Así que el mensaje del presidente de la Xunta fue muy claro: si prosiguen las denuncias del PSdeG, el grupo popular -que tiene mayoría y por tanto puede controlar las comparecencias y los mecanismos en el Parlamento- investigará al sindicato agrario y sus entidades afines también en la Cámara.
El contraataque del PP llega después de que este diario publicase las declaraciones de los directores generales de Promoción de Empreo, Andrés Hermida, y de Reforma e Avaliación Administraiva, Jaime Bouzada ante la juez. Y de que ambos altos cargos de la Xunta revelasen en el juzgado que las únicas irregularidades que encontraron en la investigación a estas entidades fueron carteles de cofinanciación de ayudas mal puestos o no colocados, trabajadores de baja o de vacaciones y otros que desempeñaban su labor en sedes distintas a las de las asociaciones que pidieron la subvención para contratarles (algo que no impedía la orden de ayudas de la Consellería de Traballo).
Inventario de bienes, 26 años después
Veintiseis años después, el Gobierno gallego reformará la ley que regula el patrimonio de la Administración para gesionar también los bienes de los entes paralelos, según anunció ayer el presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de Gobierno. La Xunta pondrá coto en el nuevo texto a los alquileres y compras de propiedades. Las adquisiciones de sedes que sumen más de 300.000 euros requeríran de la aprobación de la Consellería de Facenda igual que los arrendamientos que supongan más de 40.000 euros mensuales. La Administración paralela tampoco podrá vender su patrimonio sin ofrecérselo antes al Gobierno gallego "con el objetivo de poner al servicio de otras administraciones públicas el patrimonio sobrante.
De hecho implicará que Facenda tenga que emitir un informe favorable que ampare a los entes paralelos a enajenar o traspasar fincas y edicios. Feijóo explicó que el texto busca agilizar la gestión de los bienes de la Administración y faculta a la Consellería de Facenda para "desafectar, ceder y aceptar cesiones", sin necesidade de que tenga que aprobarlo en pleno el Consello da Xunta con el presidente a la cabeza. La norma implicará también que se inventarien todos los inmuebles de la Xunta que no han sido catalogados desde 1987 y también los entes paralelos.
El anuncio sirvió también a Feijóo para detallar el resultado de su enésimo plan de ahorro y que según el presidente permitió rebajar la factura de los alquileres un 20% desde que se ha encomendado su gestión conjunta a la Consellería de Facenda que preside Marta Fernández Currás.
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