Euskadi se juega 65 millones en la corte de Luxemburgo

El Gobierno se la juega de 65 en 65 millones. Por una parte, el Gabinete de Urkullu está peleando con uñas y dientes con el central por una décima de déficit, que les permitiría disponer de más fondos para invertir, al pasar del 1,2% asignado de forma genérica a un 1,3% al final de año. Por otra, el Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, podría empezar a fraguar hoy la decisión de multar a las instituciones vascas por no haber cumplido con su deber de recuperar las denominadas vacaciones fiscales, consideradas ilegales ya en 2006.

En ambos casos la cantidad es prácticamente la misma, 65 millones. En el caso de que Urkullu no consiga el punto de déficit, y Luxemburgo confirme la multa, las instituciones vascas dispondrán de 130 millones menos de capacidad de maniobra para afrontar los próximos años, en una coyuntura de crisis.

En ese contexto, los representantes de las tres diputaciones vascas acudirán hoy a Luxemburgo para, después de perder ante todas las instancias nacionales y europeas, defender, una vez más ante el Tribunal que ya han recuperado todo ese dinero, y de esa manera evitar esa multa millonaria que empezó a correr, precisamente en 2006, cuando desoyeron la obligación de la UE de recuperar esos fondos.

La Comisión, harta ya de las evasivas de las tres diputaciones vascas, pidió cinco años después al Tribunal de la UE que impusiera a España -a pagar por las arcas forales- una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que pronuncie sentencia sobre el caso -la sentencia de la vista de hoy - hasta que demuestren que han acatado la decisión -más de 7 millones al mes-. Pero además de esa sanción futura, el Ejecutivo comunitario propuso otra multa, en este caso de 25.817 euros por día, que es la que corre desde 2006 y que a día de hoy ha sumado ya casi los 65 millones de euros.

La vista comenzará a las 9.30 horas y las partes expondrán sus argumentos durante 40 minutos a los 15 magistrados que acabarán decidiendo sobre el asunto.

Por parte de la Diputación de Álava acudirá a la vista su máximo representante, el diputado general Javier de Andrés (PP), mientras que por Bizkaia y Gipuzkoa viajarán a Luxemburgo los directores generales de Hacienda, Félix Ayarza (PNV) y Xabier Olano (Bildu), respectivamente.

Las denominadas vacaciones fiscales, que fueron declaradas ilegales por la UE en julio de 2011 tenían varias figuras. Eran el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos que establecieron las diputaciones para favorecer la creación de empresas, y las denominadas minivacaciones fiscales, una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995.

En una etapa anterior, la Corte ya resolvió sobre una tercera rama de esas ayudas, que consistía en la exención fiscal durante diez años del Impuesto de Sociedades a empresas creadas entre 1993 y 1994, y que fue asimismo declarada ilegal y ha sido recuperada en su gran mayoría.

Las primeras sospechas sobre la legalidad del régimen de ayudas en el País Vasco llegaron a Bruselas en 1994, y la CE las declaró ilegales en 2001 y ordenó a España su supresión y recuperación. Uno de los demandantes iniciales fue la comunidad de La Rioja.