Torres Hurtado califica de “montaje” su imputación por prevaricación

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), cree que, pese al desplome de los precios del suelo, cobrar una deuda a través de la propiedad de una parcela le garantiza recuperar el dinero cuando se venda. Pero los efectos de esa creencia llevaron ayer a Torres Hurtado a declarar ante el juez como imputado por un presunto delito de prevaricación tras una denuncia interpuesta por el PSOE y que, según el alcalde, es un “montaje”.

El Ayuntamiento aceptó en 2011 cobrar una deuda de 8,3 millones de euros de dos promotoras, JJ Consulting y Comarex, mediante un porcentaje en una parcela en el Cerrillo de Maracena, a las afueras de la ciudad. La deuda provenía de un convenio para el desarrollo urbanístico de esa zona, que se quedó sin hacer al estallar la crisis inmobiliaria y el municipio accedió a cobrar en especie.

El Consistorio encargó al Colegio de Economistas que tasara el valor de ese suelo y éste calculó que esos 8,3 millones de euros equivalían al 14,51% de los terrenos. A finales de 2011 surgió un comprador para esa parcela, la sociedad Property Masters Europe, que pretendía hacer allí un centro comercial. La compra se cifró en 48,5 millones de euros, por lo que al Ayuntamiento de Granada le correspondía el 14,51% de esa cantidad, es decir, 7,04 millones, 1,26 millones menos que el importe de la deuda, lo que, según la denuncia del PSOE, “menoscababa los intereses municipales”.

Además, la venta de esos terrenos se hizo “contraviniendo la totalidad de los reglamentos”, dice el PSOE, con un interés “puramente especulativo” y con una empresa “expresamente constituida al efecto” y “sin capital para asumir la compra”.

De hecho, la operación fracasó y el inversor no llegó a comprar los terrenos, algo que el alcalde ve como “un episodio más de la maltratada economía nacional”, según dice en el escrito de alegaciones presentado ayer ante el juez. El PSOE considera “inexplicable” que el Consistorio aceptara una parcela cuando tenía asegurado el cobro mediante el embargo de las constructoras.

Pero Torres Hurtado no lo ve así. El alcalde dijo al juez que el Ayuntamiento inició, efectivamente, un expediente de embargo a sus deudores para poder cobrar, pero asegura que eso no servía de nada, porque “estábamos en el puesto 14 o 15 en la lista de acreedores”, declaró ayer a la salida de los juzgados. “Ese dinero estaba absolutamente perdido”, afirmó con rotundidad. De ahí que aceptara cobrar con un porcentaje de la parcela, “tras encargar un informe jurídico para aclarar si era posible cancelar la deuda con cesión de terrenos”, dice el escrito presentado al juez.

Además, el acuerdo de pago en especie estipulaba, según explicó Torres Hurtado, que cuando se realizara la venta de esa parcela el Ayuntamiento cobraría los 8,3 millones en que estaba valorada su 14,51%, aunque los terrenos se vendieran por menos dinero. En tal caso, el Consistorio “será compensado de forma líquida, de manera que los intereses municipales no sufran menoscabo”. Es decir, el alcalde sostiene que si Property Masters Europe hubiera comprado finalmente la parcela, el municipio hubiera obtenido los 8,3 millones de euros que le correspondían a costa de que el resto de propietarios percibieran menos cantidad “o incluso nada”.

En mayo de 2011, cuando se valoraron los terrenos, el precio del suelo urbano en Granada era de unos 162 euros por metro cuadrado, según el Ministerio de Fomento, mientras que en el primer trimestre de 2013 (últimos datos disponibles) el precio había caído a 86 euros por metro, un 47% menos.