El administrador certifica la ruina del proyecto estrella para el sector lácteo

Sin trabajadores (que siguen en un ERE desde el pasado marzo), sin fábrica (Pascual le desahució de la factoría de Outeiro de Rei) y sin leche que vender en los líneales de los supermercados, el administrador concursal Javier Reigosa firmó ayer ante el juez el acta de defunción de Alimentos Lácteos. Del ambicioso proyecto de la Xunta para recuperar el sector lácteo gallego con una marca que elaborase productos de valor añadido, pagase unos precios decentes a las granjas y de paso evitase el paro a 81 exempleados de la antigua fábrica de Pascual en Lugo, ya solo quedan cenizas y deudas. En total, 10 millones de euros a distintos acreedores, aparte de los préstamos y ayudas públicas concedidas por la Xunta que suman otros nueve millones de euros.

La sociedad estaba en preconcurso de acreedores desde el pasado enero y, oficialmente, la Xunta buscaba un socio inversor que no ha aparecido. “Por el Gobierno no va a quedar”, comprometió el vicepresidente Alfonso Rueda a la plantilla hace algunos meses. Ayer el administrador concursal se presentó en el juzgado que gestiona el proceso y pidió su liquidación. Fin del experimento. Ni la Consellería de Medio Rural, que preside Rosa Quintana, ni el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, el padre del proyecto durante la pasada legislatura cuando ocupaba esa cartera en la Xunta, han ofrecido explicación alguna durante las últimas semanas sobre el fiasco que se avecinaba.

Atrás quedan tres años largos en que Alimentos Lácteos fue acumulando números rojos ejercicio tras ejercicio, de la mano de unos gestores que son viejos conocidos del Partido Popular y del Gobierno gallego. Aunque había otras opciones, la Consellería de Medio Rural que presidía Samuel Juárez el pasado mandato hizo pilotar el proyecto sobre dos cooperativas amigas: Arzuana y Gancobre. Al frente de la gestión se situaron como presidente de Alimentos Lácteos Eugenio Montero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Touro por el Partido Popular, y como secretario, su compañero de partido y número dos en el gobierno municipal de A Pastoriza, Eugenio Montero.

Ni uno ni otro salen bien parados del informe del administrador concursal firmado el pasado 24 de julio y que desliza la existencia de posibles delitos económicos en la gestión de Alimentos Lácteos. El propio informe del administrador concursal señala que los gestores permitieron durante varios ejercicios que el patrimonio neto de la sociedad fuese inferior a la mitad del capital social, según se encargó de ratificar la auditora de las cuentas ARC Control. Esas prácticas hacen sospechar al administrador concursal del “posible incumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital”. La auditoría que contrató Pascual a la consultora NV Asociados a principios de año —cuando negociaba con la Xunta sumarse al proyecto como socio industrial— tampoco deja lugar a dudas: “Alimentos Lácteos no ha contado con un plan de negocio ni plan estratégico en torno al que trazar la hoja de ruta de los resultados económicos de la compañía así como los recursos financieros necesarios para acometer el mismo”. Y critica la gestión “no profesionalizada” de la empresa.

Con la liquidación de la sociedad, todos los inversores pierden las opciones de recuperar su dinero, incluidos los ganaderos que acudieron a las ampliaciones de capital entregando miles de toneladas de leche a cambio. Los 81 trabajadores que en su día fueron despedidos por Pascual hace tres años y rescatados por Alimentos Lácteos también pierden: la semana que viene el proceso de liquidación ejecutará un ERE de extinción para finiquitar la relación laboral. Fuentes próximas a la empresa apuestan por que el juzgado abrirá una pieza para tratar de “clarificar por qué se ha llegado a este final” y determinar, si procede”, los responsables de la ruina.