Madrid recorta el gasto en la escuela pública el triple que en la concertada

Los recortes en educación se ensañan en la escuela pública. La inversión de la Comunidad de Madrid por alumno ha bajado de media un 13,5% en la enseñanza pública y solo un 3,4% en los colegios concertados en el último año, según los datos de los Presupuestos regionales de 2012 y 2013.

El mayor hachazo se lo han llevado los institutos públicos (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional), donde el gasto por alumno se ha rebajado en más de 1.000 euros, hasta los 4.230, un 21,7%, mientras que en los mismos niveles educativos en los centros subvencionados el recorte presupuestario es ocho veces inferior, del 2,6%.

La educación básica en la escuela pública ha visto mermada la inversión por alumno en un 5,2%, mientras los conciertos educativos para esos niveles recibieron de los Presupuestos un 0,3% más que el ejercicio anterior.

La Consejería de Educación objeta a este análisis que se han tomado las cifras de alumnos de comienzo de curso y que “el presupuesto de 2012, de hecho, solo afecta a dos trimestres de este curso”, lo mismo que para 2013. Es decir, que los datos de alumnos se refieren al curso académico correspondiente y los presupuestarios, al año natural. En todo caso, se han utilizado criterios homogéneos y los únicos datos oficiales disponibles, ya que la consejería rechaza proporcionar sus propios cálculos de gasto por alumno.

Sí se ha hecho público el “coste real” de las plazas de Educación Infantil de cero a tres años, en una carta que desde hace cinco años envía la consejera Lucía Figar a las familias: 5.100 euros anuales. Esa carta ha generado un “descontento” que no entiende Figar, que aseguró la semana pasada que es “simplemente una carta informativa”.

La misiva solo refiere ese coste real, que no se detalla, y que la propia consejería reconoce que incluye lo que pagan la Comunidad, las familias y, en su caso, los Ayuntamientos. Hace dos años Figar afirmó, para defender su carta (que no se envía a los usuarios de escuelas infantiles concertadas, pese a que reciben también dinero público) que en ella figuraba “el coste real de la plaza, qué parte subvenciona la Comunidad, el Ayuntamiento en el caso de que sea la titularidad municipal y cuál es la cuota de los padres”. En la de este año no se desglosa nada.

Lo que Figar califica de “descontento” llega a enorme enfado en el caso de algunos padres, toda vez que las cuotas que se pagan en las guarderías públicas de la Comunidad de Madrid subieron el curso pasado (hasta 2008 había familias que no pagaban nada) y en algunos casos la familia sufraga hasta el 65% del supuesto coste real. Los ingresos que figuran en los Presupuestos por el concepto “centros de Educación Infantil” ha crecido un 15,8% (hasta los 11 millones) en el último ejercicio.

La consejería aduce que “la inversión por alumno de la Comunidad de Madrid en la escuela pública en el año 2013 fue un 42% superior en primaria y un 23% más en secundaria que la inversión por alumno realizada en la educación concertada. Esta diferencia fue mayor aún en el ejercicio 2012”.

En efecto, el gasto es superior en las escuelas públicas, donde los ratios de alumnos por clase son en general menores que en las subvencionadas, y los sueldos de los profesores, mucho mayores. Pueden llegar a un 20% más de lo que cobra un enseñante en los centros concertados en algunas comunidades, según explican fuentes sindicales.

Además, en estos últimos es habitual que los padres tengan que abonar “cuotas voluntarias” por distintos conceptos (por ejemplo, ampliación de horario o incluso material escolar), pese a que en principio la educación es gratuita, ya que se paga con los Presupuestos autonómicos, con los impuestos de todos los madrileños, al igual que la que se imparte en los centros públicos.

El análisis que ha realizado este periódico sobre el gasto por alumno ha tomado las partidas correspondientes a la Educación pública Infantil, Primaria y Especial, por un lado, y de Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, por otro, ya que los presupuestos no desglosan el coste de personal de cada uno de los niveles. Sí se especifica en cambio el dinero público que se destina a los conciertos educativos por etapas, por lo que en ese caso se han agrupado para realizar la comparación con el presupuesto de la pública.

El resto de partidas presupuestarias transversales de la educación pública (formación del profesorado, planificación de recursos humanos, servicios educativos, calidad de la enseñanza) se ha imputado en un 63% a los niveles más básicos y el 37% a los avanzados, en función del peso relativo en el sistema educativo.

Por indicación de la propia consejería, se ha repartido entre alumnos de centros públicos y concertados la partida del programa “Dirección, coordinación e inspección educativa”, con el mismo criterio de peso relativo (el 65% a los colegios públicos y el 35% a los subvencionados).

Además, el departamento que dirige Figar argumenta que la comparativa del gasto por alumno “no tiene en cuenta el aumento de ratios decretado por el Ministerio de Educación” para el curso pasado. Pero obvia añadir que ese aumento decretado por el ministro Juan Ignacio Wert se refería al máximo de alumnos permitidos por clase, y no es de obligado cumplimiento.

Aun así, la consejería aduce que los “ratios en la escuela concertada han estado siempre más altos que en la pública, por lo que el ahorro en la concertada por este concepto fue menor que en la pública. Precisamente el objetivo de este aumento de ratios estatal era el ahorro. Algo que también se produjo en la Comunidad de Madrid”.

También señala Educación que no se tiene en cuenta otra modificación decretada por el ministerio, esta sí de obligado cumplimiento, que impide sustituir al personal público docente por baja laboral hasta pasados 10 días. Pero la consejería tampoco ofrece datos del impacto de estas medidas en la inversión en la educación pública.

Los únicos datos de gasto por alumno que hasta ahora ha proporcionado la Comunidad se refieren a enseñanzas no obligatorias, como las universitarias (Figar señaló que una plaza cuesta entre 7.500 y 8.000 euros al año) o la citada de las guarderías para niños de hasta tres años.

La consejería, a preguntas de este periódico, explica que ese cálculo de 5.100 euros anuales por niño se ha obtenido analizando el presupuesto de las escuelas infantiles por todos los conceptos en las distintas modalidades (gestión directa e indirecta, que a su vez puede tener dos modos de financiación diferentes) y dividido por el número de plazas de cada centro. Luego se ha realizado la ponderación en función del peso relativo de ambos tipos de centros en el conjunto de la red pública.

Aclara la consejería que la cifra de 5.100 euros anuales no diferencia entre el coste de la plaza para niños de 0, 1 y 2 años y recuerda que el coste de la plaza es asumido en una parte importante por las cuotas realizadas por las familias.

La secretaria de Educación del PSM-PSOE, Carmen Bonilla, acusó a la consejera de “manipular a la opinión pública madrileña” y de “ocultar datos fundamentales” con esa carta, como la disminución de la inversión en Educación Infantil. La secretaria de Universidad y Ciencia de Izquierda Unida, Carmen Domínguez, emplazó a Figar a “mandar una carta informando del sobreprecio que tienen los estudios universitarios” en Madrid, respecto a otras comunidades autónomas.