La juez amplía la imputación a los hermanos Báñez en Mercasevilla

Alaya pide a la Guardia Civil que indague si Noga obtuvo “beneficios” por no impugnar el concurso

Nicolás y Eduardo Báñez García en los juzgados por el caso Mercasevilla.
Nicolás y Eduardo Báñez García en los juzgados por el caso Mercasevilla.Paco Puentes

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso Mercasevilla, ha ampliado los delitos que imputa a dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y a otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de la lonja, a los que acusa de prevaricación y exacciones ilegales, además del delito de maquinación que ya les había imputado.

En un auto reciente, la juez pide a la Guardia Civil que investigue los “posibles beneficios” que podría haber obtenido la constructora Noga para no impugnar el concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla “a pesar de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica”. Dichos beneficios podrían haberse producido en forma de “alguna otra adjudicación importante” o “por incidencias relativas a avales de licencias”, según el auto.

En este sumario la juez investiga lo que ha denominado la “adjudicación fraudulenta” del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

Respecto a los empresarios a los que ahora se ha ampliado la imputación, entre ellos Nicolás y Eduardo Báñez García como responsables de la empresa Construcciones Juan de Robles, Alaya recoge que deben ser imputados de los mismos delitos que ya pesan sobre los representantes de Sanma.

Un informe de la Guardia Civil de mayo de 2013 aportado ahora a la causa dice que hubo contactos previos entre Mercasevilla y la empresa que finalmente fue adjudicataria, Samna, y que algunos aspectos del concurso “carecen de toda lógica”. “Parece claro que Sanma le envía a Mercasevilla, antes de la publicación del pliego de condiciones del concurso, un formato de pliego de condiciones” en el que ya se observaba como el punto más valorado la titularidad de unos derechos previos de superficie, señala el informe.

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