Arqueólogos urbanos

El de los chatarreros es un mundo de periferias. De calles paralelas y suburbiales donde recoger los restos de un naufragio que el centro desconoce. Es en el extrarradio donde se acumulan los metales pesados, la quincalla de obras a ritmo lento o los cada vez más escasos aparatos que las familias desechan. Un lugar desplazado de un núcleo urbano donde los residuos son de cartón o de comida rápida.

Esta forma de vida chamarilera, al peso, es cada vez más visible. La crisis ha empujado a muchas personas al reciclaje como medio de vida. O como ampliación de ingresos en un escenario paradójico: cuanto más baja la producción, menos se construye y más arrinconado se encuentra el sector industrial, más familias se suman a la recogida de chatarra para sobrevivir en el demoledor día a día.

Al menos es lo que parece al hablar con algún responsable del gremio. Estos espigadores del metal han variado su composición en los últimos años. Según el responsable de una chatarrería de largo recorrido de Humanes que prefiere eludir cualquier mención, en los últimos años la proporción entre españoles y extranjeros que acuden a su local se sitúa en el 50%, cuando antes nuestro país estaba en absoluta minoría.

Sus explicaciones trazan un fresco sobre esta ancestral profesión. “En este negocio se apunta, sobre todo, hacia los electricistas o fontaneros”, indica, “y en ese sentido no ha cambiado tanto el funcionamiento”. Lo único, añade, es que antes muchos de estos trabajadores tiraban los restos a los contenedores, propiciando que la recogida y el reciclaje lo hicieran otros y ahora lo llevan ellos mismos, “como un plus”.

“Los españoles siempre han sido un poco más señoritos”, apunta Antonio Cruz. Este chatarrero con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas sostiene que la profesión “está muy mal”, a pesar de que en su negocio se recauda aproximadamente lo mismo que hace años. “Hay más gente que viene, pero con menos material”. Ahora, anota, muchas personas se pasan la mañana dando vueltas, desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, para ganar entre 15 y 20 euros. “Antes la media era salir de aquí con 30 o 40”, precisa.

Él lo tiene relativamente fácil. Su establecimiento, un reducido espacio de dos habitaciones cargado de montones de metal que aparentan desconocer el más mínimo orden, está a unos pasos del punto limpio del distrito de Arganzuela y a pocos metros de las vías del ferrocarril de Atocha. El tráfico desde que abre hasta que cierra es constante. Dos mozos le ayudan en el metódico trabajo de pesar, catalogar y pagar la mercancía.

Un ejercicio que culmina el deambular indeterminado de una gran prole de chatarreros. No existe ningún censo de personas que se dedican a esto, pero es común cruzarse con varias a lo largo del día. Algunos llevan un carro de la compra; otros, el de un supermercado; y unos cuantos lo realizan en furgoneta. “Es dar vueltas y vueltas”, resume Dana Mariane, un rumano de 43 años que lleva nueve en nuestro país manteniéndose con lo que se queda por las aceras.

Sacándole punta al mundo

Muchos tendrán un indeleble recuerdo de infancia al escuchar el sonido de armónica del afilador. Ese altavoz ubicuo que llenaba todas las estancias de la casa sigue resonando en la actualidad. Los afiladores aún recorren las calles en furgoneta con un transformador y una piedra giratoria para sacar punta a cuchillos, tijeras o hasta máquinas industriales.

Estos trabajadores por cuenta propia recaudan desde hace décadas unas monedas a cambio de sacarles punta a aquellos utensilios que queremos reparar. Raúl Martínez Muñoz y Antonio Díaz son un ejemplo. Este tío y primo de 42 y 29 años respectivamente viajan por todo el mapa nacional desde su Orihuela natal cobrando entre 3 y 25 euros por renovar el uso de una navaja o una máquina de fiambre.

“Esto nunca va a desaparecer”, asegura el veterano, que recuerda sus 15 años de volante y megáfono como un medio para encontrarse con una clientela diversa. “Acuden personas mayores que llevan toda la vida con los mismos cacharros, pero hay de todo: quien tiene algo bueno y quiera mantenerlo lo sabe”. Más espiritual se pone su compañero, que remata: “Las herramientas son como las mujeres: hay que saber tocarlas, son muy frágiles”.

En pocas ocasiones, según un policía nacional que circula por las inmediaciones de una chatarrería, se puede castigar esta actividad. “La gran superficie podría denunciar el robo del carro o los de tráfico multar a las furgonetas si no cumplen la normativa de transportes”, explica, “pero no podemos hacer nada si vemos a alguien llevar cosas que están en la calle”. La regulación más reciente es la ley de residuos, que entró en vigor en julio de 2011. Según esta ordenanza, todo producto férreo que se encuentre en la calle es propiedad municipal. También fuerza a los conductores a sacarse una licencia de transportistas de residuos sólidos y a convertirse en autónomos.

“Es una ruina”, sintetiza Anuar, un marroquí de 33 años que se anuncia para acudir en busca de chatarra a casas particulares. “Si tenemos que pagar cuota de autónomos, no sale rentable”. “Hay días en que llegas a un domicilio y no vale nada, o que sacas 40 euros y te gastas 20 en combustible”, se queja. Para hacerse una idea de lo que expone, relata las cantidades que tiene que cargar para sacarse unas perras. El cobre, lo mejor pagado, cuesta unos cuatro euros por kilo. Y el aluminio se sitúa en torno a dos. El resto vale menos, por lo que necesita muchos kilos para sufragar los gastos del vehículo. “Además, la gente ahora busca más que tira”, concluye. “Últimamente, muchos van sin intención de coger, pero si encuentran algo se lo llevan”.

Por eso están molestos en el ya citado Punto Limpio de Arganzuela. Aquí, la dinámica tiene “harta” a una de las responsables. “Por la mañana hay un gitano en la puerta que pide a los que vienen”, cuenta. “Y durante todo el día hay un montón de rumanos que saltan para coger lo que pueden”, protesta. “Parece que a la empresa le da lo mismo”. No se equivoca: en la parte de atrás del recinto, un grupo de hombres de mediana edad y piel ajada por la exposición continua al sol esparce la chatarra acumulada en una ladera del parque Tierno Galván y lo distribuye en silencio para llevarlo a vender.

Apenas hablan español. Uno de ellos comenta con dificultades que lleva solo tres semanas como chamarilero. Antes trabajaba en la construcción. Ahora da vueltas sin rumbo para sacar algo de dinero. Aún no tiene costumbre y se le ve un poco perdido en comparación con sus compañeros, que suben y bajan la pendiente sin mediar palabra. Su trabajo sin declarar forma parte del 20% de economía sumergida que —según el último informe de la Fundación de Estudios Financieros, el pasado julio— posiciona a nuestro país como el segundo de la Unión Europea en este tipo de recaudación, por detrás de Italia.

Su forma de empleo, en negro, lo mantiene fuera de las estadísticas que miden el nivel de vida en la Comunidad d Madrid. Según el estudio presentado en abril por la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social, la crisis económica dejó a finales de 2011 a más de un millón de madrileños en riesgo de pobreza y exclusión social. La agrupación advertía de que estas cifras seguirán subiendo hasta 2017.

Un ritmo ascendente opuesto al de la apertura de negocios. Madrid también ha padecido el cierre de establecimientos antológicos del sector. Como la chamarilería Trueba, en el barrio de Lucero. Allí, la persiana bajada aún soporta el cartel que dice “Se compra papel usado y pan duro”. Una práctica que, como certifica un quincallero de Parla, renace en las calles de Madrid: “Hay más gente haciéndolo más a menudo, pero con menos cantidad. Lo que antes se tiraba al contenedor, ahora se trae aquí”. Así que aún no es tarde para seguir escuchando aquello de “El chatarrero, oiga”.