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El Gobierno dice que anular el concurso de ATLL “no es ni posible ni deseable”

La Generalitat garantiza al consorcio vencedor que le indemnizará cuando tenga una sentencia en firme en contra del concurso

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Ampliar foto
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila.

La Generalitat no tiene intención de dar marcha atrás en la privatización de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). No solo no acepta los dos autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –el primero de marzo y el segundo de julio- que conminan a la Administración a cancelar la adjudicación al consorcio liderado por Acciona, sino que mantendrá la vía judicial hasta que haya sentencia firme. Otra cosa sería “imprudente” o una “temeridad”. Así lo han defendido ante la diputación permanente del Parlamento los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio, Santi Vila. Este último ha asegurado que hacer caso de las decisiones del TSJC, dando por buena la resolución dictada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), “no nos es posible ni es deseable”.

La decisión obedece sobre todo a los costes de indemnización que supondría esa decisión, tal como ya han manifestado al consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. La Generalitat entregó a la entidad financiera una carta firmada el pasado 5 de julio en la que se comprometía a asumir el coste de los daños ocasionados por la rescisión del contrato. Ese documento, que firmaban los dos consejeros, garantiza la indemnización una vez haya sentencia firme que revoque el concurso. Mas y Vila evitaron ponerle una cifra a esa contingencia, pese a las reiteradas peticiones de los diputados de la oposición.

El Gobierno catalán sigue acusando del embrollo generado a un “error manifiesto” –en palabras de Vila- del OARCC. El consejero defiende el trabajo de la mesa de contratación que adjudicó el concurso y admite los importantes problemas financieros que se derivarían de la cancelación del contrato, si bien evita cuantificar la posible indemnización. Entre otras cosas porque retirar la concesión a Acciona no permitiría tampoco dársela a Agbar ya que, según esgrimen Vila y Mas-Colell, si se mantiene el criterio del OARCC, Agbar tampoco cumpliría el pliego de condiciones en lo que respecta a inversiones en seis de las 36 actuaciones incluidas en el concurso.

Y en ese escenario de un concurso sin adjudicatario, Mas-Colell ha defendido la operación de ATLL como una fórmula para aliviar los recortes forzados por la política de austeridad pública de España. “Una política sensata de gestión de activos de la Generalitat ha de servir para reducir el coste social de esta crisis”, ha afirmado Mas-Colell, en referencia a los cerca de 300 millones que ingresó la Administración catalana el año pasado gracias a la operación y a los 1.000 millones que se apuntó para rebajar el déficit el 2012. El titular de Economía ha subrayado que “no habríamos contado con estos ingresos para los gastos en los que ha incurrido la Generalitat.

Más allá del problema de las finanzas de la Generalitat, Mas-Colell ha defendido que la privatización ha permitido salvar a ATLL, que acumulaba un “importantísimo déficit tarifario que comprometía la continuidad” de la empresa pública, ya que el Gobierno catalán no podía asumir “las urgencias generadas por las pérdidas de la empresa”, que sumaron 128 millones de euros en los últimos cinco años.

Vila ha subrayado que la adjudicación a Acciona garantiza “la calidad del servicio y el miniprecio” del precio del agua, reiterando que la oferta económica del grupo constructor era más baja que la efectuada por Agbar y dando por hecha que, en el caso de que la empresa hubiera continuado siendo gestionada por la Generalitat, el precio habría sido más alto para cubrir el desfase patrimonial.