Las víctimas del metro exigen una investigación similar a la de Santiago

Del blanco al negro. Así de diferente ve la Asociación de Víctimas del Metro la instrucción que se hizo del accidente en Valencia y la que se lleva a cabo en los juzgados de Santiago sobre el trágico descarrilamiento del pasado 24 de julio, en el que murieron 79 personas y otras 150 resultaron heridas.

El juzgado gallego no se limitará a indagar sobre el exceso de velocidad que llevaba el tren, como sucedió en Valencia, sino que ampliará sus pesquisas para averiguar si hubo imprudencia por parte de Adif como responsable de la seguridad del tramo que une las estaciones de Ourense y Santiago donde descarriló el Alvia. El magistrado argumenta que la instalación de una señal fija que limitase el máximo de velocidad a 80 kilómetros por hora (el tren cogió la curva a más del doble) “se muestra insuficiente” para evitar las muertes y las lesiones de los pasajeros del tren, dice el juez de Santiago.

Queremos una instrucción adecuada porque no la tuvimos

“El auto recoge que no se puede negar el exceso de velocidad que llevaba el tren, pero no excluye que puedan haber concurrido otras causas”, explica Vicente Baeza, abogado de la asociación de víctimas del metro. El defensor recuerda cómo el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia no dejó hablar en la investigación más que de la curva y del exceso de velocidad.

“Aportamos una pericial que decía que el accidente hubiera podido evitarse \[si hubiese habido una baliza de seguridad en la curva previa a la estación de metro de Jesús\] y no nos la admitió”, subraya Baeza de la juez. No aceptó nada que se saliese de la hipótesis de la velocidad.

La magistrada de Valencia archivó la instrucción del peor accidente de metro de España en febrero de 2008 y ahí quedó todo. El exceso de velocidad por un fallo humano fue la hipótesis que se impuso y como el conductor falleció, la causa se cerró. Las víctimas siguen pidiendo desde entonces respuestas a lo sucedido e insisten en que si Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) hubiera instalado una baliza que frenase automáticamente el tren, el vuelco podría haberse evitado.

El descarrilamiento del suburbano de Valencia puede tener una segunda oportunidad en los tribunales. La fiscalía pidió el pasado mes de julio al mismo juzgado que reabra el caso tras la muerte de 43 pasajeros y las lesiones de otros 47. El ministerio público considera que debe volver a investigarse porque “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron” y que pudieron afectar al estado de la unidad de metro que descarriló. Solo queda que el juzgado responda a la petición de la fiscalía. Los hechos podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia.

“Lo que queremos es una instrucción adecuada porque tenemos la sensación de que entonces no la hubo”, añade Baeza. Pidieron que se investigaran si hubo seguridad suficiente por parte de FGV y se rechazó, pidieron que se aportasen al juzgado las declaraciones de los que comparecieron en la comisión parlamentaria sobre el accidente y se negó... “Se ciñó a la curva”, reiteró el abogado.

Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, se alegró ayer de la instrucción del accidente de Santiago. “Parece que hay voluntad de llegar más lejos en la investigación”, agregó Garrote. Las víctimas esperan, si se reabre el caso, que se investigue la ausencia de medidas de seguridad en la curva donde descarriló el metro, que se esclarezca la desaparición del libro de averías de la unidad de metro siniestrada, donde el maquinista anota todas las incidencias del convoy, y se tenga en cuenta el informe rubricado por Vicente Contreras, alto cargo de FGV, en el que reconocía la obsolescencia del modelo de unidad que volcó.

También es importante tener en cuenta, según Garrote, la auditoría de seguridad de FGV de 2005, que recoge deficiencias en materia de seguridad laboral en la empresa pública. Nada de eso se vio entonces.

A diferencia de Valencia, el juez de Santiago ha reclamado informes y documentos de la comisión asesora de seguridad ferroviaria, otros protocolos y una copia del diario de sesiones de la Comisión de Fomento celebrada tras el accidente en el Congreso, en la que comparecieron los responsables de Adif, Renfe y la propia ministra de Fomento.