Madrid advierte por carta a Montoro del riesgo de incumplir el objetivo de déficit

El Gobierno de Ignacio González ha convertido las críticas al déficit a la carta en su particular gota malaya. El presidente amenazó con incumplir el límite a finales de julio, cuando Madrid ejerció de región rebelde del PP y votó contra el reparto asimétrico aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Comunidad de Madrid debe quedarse en el 1,07% —igual que el año pasado—, frente a una media del 1,3%. Madrid considera que ese acuerdo está por debajo de lo que merece la región, dados los ingresos y la actividad económica que genera. Y lo vinculan a su política tributaria, por negarse sistemáticamente a recuperar el impuesto de Patrimonio.

El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, reiteró ayer que el porcentaje fijado en el Consejo compromete “el cumplimiento” de Madrid. Y así se lo remitió en una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que considera que el modelo previsto es “oscuro, injusto y genera claras desigualdades” de las que culpa al “retorcimiento estadístico” del anterior Gobierno socialista.

“No pedimos ventajas, pero tampoco podemos aceptar agravios para los madrileños”, señala en la misiva el consejero, que alerta de que la Comunidad apenas tiene margen para seguir reduciendo sus cuentas tras la supresión de gastos “no esenciales” desde 2008 o después de los cambios “en modelos de gestión de servicios públicos”. Uno de los más polémicos es el impulsado en Sanidad con la privatización de la gestión de seis hospitales públicos, que ayer culminó formalmente.

A Madrid le molesta que haya regiones que también se opusieron al pacto y ahora se benefician de mejores porcentajes, como le ocurre a Cataluña, con un límite del 1,58%. Precisamente el consejero madrileño aludió ayer a Cataluña en un acto público, pero por motivos diferentes.

Mudanza por "políticas liberales"

Ossorio presentó los resultados de un informe de la Comunidad, elaborado por la consultora Axesor con información del Boletín Oficial del Registro Mercantil, que indica que 4.954 empresas han mudado su sede social a Madrid desde 2010. La mayoría de ellas (1.060) proceden de Cataluña. El Ejecutivo madrileño lo achaca a sus políticas liberales, a la rebaja selectiva de impuestos y a la reducción de trabas burocráticas. Casi todas las empresas que se han mudado son pymes (60%), solo el 9,5% ganan más de cinco millones de euros y hay un 30% del que se desconoce la facturación.

El traslado afecta principalmente a pequeñas empresas patrimoniales de familias que las mudan a Madrid para beneficiarse del impuesto de sucesiones y donaciones, bonificado al 99%. Algunas de las grandes empresas —como Covega, embotelladora de Coca Cola, Día o Natur House— cambiaron de sede por cuestiones operativas, no por asuntos fiscales.