La huelga indefinida en Povisa amenaza a 140.000 usuarios del Sergas

Desde hace muchos años, el Sergas incluye en un aparte al hospital Povisa en sus medias estadísticas sobre listas de espera. Lo hace para matizar los cálculos generales, debido a la desproporción con los pacientes del resto de Galicia. Pero ocurre que nada menos que 150.000 habitantes de Vigo y su entorno tienen asignado ese hospital privado como centro de referencia, debido al convenio específico que le cuesta a las arcas públicas 75 millones de euros anuales. Esas listas de espera están en serio peligro de dispararse desde hoy, cuando comienza la huelga indefinida convocada por el comité de empresa ante la caída de su convenio colectivo.

 Los 1.380 trabajadores que convierten a este policlínico en la segunda empresa con más empleados de la ciudad, después de Citroën, están llamados a un paro en protesta por la sustitución unilateral del convenio colectivo por el provincial del sector, en aplicación del apartado de la reforma laboral que permite que decaigan los convenios prorrogados cuando no se dé un acuerdo entre las partes. Al margen de las posibilidades en el contencioso que se ventilará el próximo día 27 en los juzgados de lo social de Vigo, los sindicatos esperan un seguimiento masivo que obligue a la empresa a reconsiderar su postura.

Pero las partes están lejos de llegar a un acuerdo. Las relaciones entre el comité y la empresa están prácticamente rotas desde hace meses. La dirección se mantiene firme en su decisión de no convocar a los representantes de los trabajadores hasta el 15 de septiembre “pase lo que pase”, aunque confía en el fracaso de la convocatoria. Los sindicatos entienden esa postura como una demostración del temor a los efectos de la huelga.

Quienes no secundarán el paro son los médicos. El sindicato que los representa, Omega, se ha desmarcado de la convocatoria, una decisión que el resto de organizaciones representadas en el comité, que sí apoyan la movilización, atribuyen a su especial modelo retributivo. “Por convenio, cobran menos que los enfermeros, pero lo cubren con unos complementos a los que no les afecta la sustitución del convenio por el sectorial”, argumenta un portavoz del comité de huelga. El resto de la plantilla, alrededor de 1.000 trabajadores, “está mayoritariamente con la huelga”, añade.

A instancias de la inspección de trabajo, las dos partes sellaron el miércoles un acuerdo de servicios mínimos que matiza los pactados hace cuatro años. La hospitalización quedará atendida con el personal de fin de semana, con lo que se reduce a dos o tres personas por especialidad. El área quirúrgica se cubrirá con un único quirófano de urgencias. UCI, diálisis y urgencias funcionarán con normalidad, y quedan fuera de mínimos las consultas ambulatorias, excepto oncología. Es decir, que las consultas externas y las intervenciones programadas, dos de los puntos negros de las abultadísimas listas de espera de Povisa, serán las principales afectadas si la convocatoria tiene seguimiento.

Según datos del pasado 31 de marzo, el 40% de la lista de espera de Povisa, un total de 2.007 personas, llevaba más de seis meses aguardando una operación. La demora en las intervenciones triplica la media de Galicia, y ya hay más pacientes a la espera de una operación quirúrgica en Povisa que en el resto del área sanitaria de Vigo, que cuenta en total con casi medio millón de habitantes. Este deterioro asistencial llevó recientemente al Valedor do Pobo a revisar el concierto específico firmado con el hospital privado, prorrogado desde 2010 debido al fracaso de las negociaciones para su renovación. La construcción del nuevo hospital de Vigo no supondrá la pérdida del negocio de la sanidad pública para Povisa, que mantendrá la atención a una población similar a la actual, aunque determinada con carácter voluntario, y no geográfico.

En cuanto a la situación del convenio, frente a la reciente aplicación del sectorial, que los empleados comenzarán a notar en sus nóminas en septiembre, la empresa mantiene una oferta con doble escala salarial que describe como el mantenimiento del 100% del salario para los empleados actuales y el convenio provincial mejorado para las nuevas incorporaciones. Los sindicatos sostienen que esa conservación del sueldo es irreal, ya que pierden dos pagas extras, se reducen otras dos y una parte del salario se convierte en complemento, con lo que se desvincula de los incrementos futuros. El descenso mensual medio en las nóminas será de 500 euros, según sus cálculos. Otros puntos de conflicto consisten en la movilidad funcional, la aplicación de jornadas “flexibles” y lo que el comité considera “irregularidades de los horarios”.

“La postura de la empresa es firme: no negociaremos durante la huelga”, subraya un portavoz de la dirección. Xurxo Cabral, delegado de CC OO y miembro del comité de huelga, pone en duda que la empresa se mantenga firme en esa intención. “Es un pulso, no tiene otra explicación. Dudo mucho que no haya reuniones hasta el 15 de septiembre, pero sí es cierto que las negociaciones no es que estén rotas, es que no existen desde finales de 2011”, afirma Cabral, que recrimina la actitud “chulesca” de la dirección del centro, propiedad del Grupo Nosa Terra 2000, de la familia Silveira.