La Xunta abre expediente sancionador a la minera de oro de Bergantiños

Los vecinos denunciaron a la empresa canadiense que rastrea el oro de la comarca de Bergantiños, y la Xunta, de momento, les va dando la razón. Los afectados, que viven en las parroquias de Corcoesto (Cabana), Cereo y Valenza (Coristanco), han recibido en sus casas notificaciones de la Consellería de Medio Ambiente en las que se les informa de los primeros pasos dados por Augas de Galicia. Según confirmaba ayer este organismo dependiente de la misma consellería que dio su bendición a la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de oro de Corcoesto, “se ha incoado expediente sancionador a Edgewater por la realización de ensayos sin que se hubiera resuelto aún el expediente de autorización que estaba en curso”. “Como es lógico y como ante cualquier administrado”, continúa un comunicado oficial de Medio Ambiente, “la Xunta procede de acuerdo con sus competencias”.

Los sondeos que ahora se investigan no eran para buscar oro. Eran pruebas geotécnicas (como por ejemplo de estabilidad y riesgo sísmico), para conocer las características del terreno en el que Edgewater y su brazo ejecutor en Galicia, Mineira de Corcoesto, proyectan construir las inmensas balsas adonde irán a parar los residuos, la roca triturada, rica en arsénico, y el cianuro. Se llevaron a cabo en zonas aledañas a la concesión de Corcoesto (cuya explotación se tramita actualmente en Industria), en cuadrículas correspondientes a las áreas mineras Julia 2 y Julia 3. Para estas zonas, Edgewater también ha solicitado permiso de exploración, previo al de explotación, con el objetivo de ampliar la búsqueda de oro en la comarca. Pero de momento no tiene ningún permiso.

La empresa reconoce que ha estado “haciendo sondeos geotécnicos para conocer datos del terreno donde se asentarían instalaciones de la operación”. Informa, además, de que “este tipo de estudios son obligatorios”, y defiende que para ellos, en general, “solo es necesaria la licencia municipal”, aparte de tener que “informar a la Dirección de Minas”. Una portavoz oficial de Edgewater asegura que la compañía minera tomó la decisión de empezar los sondeos sin el permiso de Augas de Galicia porque "se había solicitado hace mucho tiempo" y se interpretó la ausencia de respuesta como un "silencio administrativo". 

Pero las pruebas afectaban a la llamada “zona de policía” del arroyo Lourido, una franja de 100 metros de anchura medida desde la orilla. De ahí que fuese preceptiva la autorización de Augas de Galicia. La Plataforma pola Defensa de Corcoesto denuncia que los trabajos se llevaron a cabo “sin ningún tipo de control medioambiental”, y pusieron de manifiesto “una vez más, la falta de ética y compromiso de Edgewater”.