Camacho anticipa que Rajoy no negociará la consulta que le pidió Mas por carta

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, volvió a ejercer ayer de portavoz aventajada del Gobierno en Cataluña y anunció que Mariano Rajoy no negociará la carta remitida hace una semana por Artur Mas. El presidente de la Generalitat reclamó por escrito del presidente del Gobierno que abriera un proceso negociador para hacer posible una consulta legal y pactada en la que los catalanes se puedan pronunciar sobre su futuro político.

Sánchez-Camacho, sin embargo, fue contundente al anticipar la negativa a ese proceso negociador. “La carta de Artur Mas plantea un desafío que el Gobierno de España no va a aceptar porque no puede hacerlo, ya que tiene que garantizar la unidad de España y la convivencia entre los españoles”, afirmó.

A las pocas horas de ese pronunciamiento contundente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, matizó a la líder del PP catalán. El Gobierno “acostumbra” a contestar cuando le envían una carta, dijo. “El primero que se entera de esa contestación es el remitente y, para nosotros, destinatario”, añadió Santamaría en referencia a Mas. Es decir, Mariano Rajoy responderá primero a la carta y “después, en su caso, se hará público”, dijo la vicepresidente del Gobierno.

En otro momento se mostró esquiva cuando fue preguntada sobre la posibilidad de celebrar en Cataluña a una consulta legal y pacta, siguiendo la senda ya recorrida en dos ocasiones en Quebec y la que tendrá lugar en septiembre del próximo año en Escocia. La respuesta de Santamaría fue que el Gobierno actúa dentro del marco que permite la Constitución y las leyes.

El primero que se enterará será el remitente" dice la vicepresidenta

“No hay diálogo ni negociación posible”, había sentenciado Sánchez-Camacho poco antes, para quién el proyecto soberanista de Mas “es un desafío claro y evidente que pretende la separación y la ruptura del resto de España”. Por eso, la líder del PP catalán instó al presidente de la Generalitat a “cambiar de rumbo” y a mantener contactos “intensos y discretos” con Rajoy para aparcar el soberanismo y buscar una nueva financiación para Cataluña.

Relegada en el Parlamento catalán tras haber sido socio parlamentario de CiU en la anterior legislatura, es habitual que Sánchez-Camacho busque en el nuevo escenario que vive Cataluña el protagonismo que tuvo en el pasado. Y más, tras el turbio asunto del espionaje que sufrió la líder del PP durante un almuerzo en un restaurante de Barcelona con Victoria Alvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, cuya autoría investiga la justicia.

El discurso españolista y radicalmente contrario a la consulta de del PP catalán no parece que hasta ahora se pueda traducir en réditos electorales, pues las encuestas pronostican un estancamiento en la intención de voto si se celebrarsem elecciones autonómicas, cuando no un ligero retroceso. Ciutadans, la fuerza política liderada por Albert Rivera y que comparte buena parte de ese discurso del PP, sería el más beneficiado si hubiera comicios.

Cumplido el trámite de la petición formal de que se abra un proceso negociador a través de la carta, Artur Mas va cumpliendo etapas de su hoja de ruta siberanista, apremiado cada vez más por su socio parlamentario, Esquerra Republicana, que le urge día sí y día también a que convoque la consulta en 2014.

El nuevo curso político se abrirá con la más que previsible negativa de Rajoy a negociar la consulta soberanista y una nueva demostración de fuerza del soberanismo, que ha convocado para la Diada del 11 de septiembre una cadena humana a favor de la indepencia que atraviese Cataluña.

El Consejo para la Transición Nacional creado por el Gobierno de CiU ya ha finalizado sus trabajos con la redacción de un informe en el que se describen las vías legales para celebrar la consulta y los escenarios posibles, incluidos la aplicación del Código Penal al presidente de la Generalitat.

Mientras tanto, el Parlament tramita la ley de consultas que ha de servir de amparo legal para llamar a los catalanes a las urnas. Es uno de los 40 textos que están pendientes de redacción en la cámara, que en los siete primeros meses de legislatura solo ha aprobado siete decretos ley y una ley, la que incrementa el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y que fue acordada el 3 de julio.