El PSOE prepara una enmienda a la totalidad de la reforma local de Rajoy

El PSOE presentará una enmienda a la totalidad de la reforma de la Administración Local que ultima el Gobierno central. Los socialistas no descartan la posibilidad, igual que ha anunciado la Junta, de recurrir al Tribunal Constitucional “cuando proceda” y si el texto no sufre ninguna modificación en el trámite parlamentario. Lo ha anunciado el secretario de Política Municipal de los socialistas andaluces, Francisco Conejo, en un encuentro en Marbella (Málaga) para tratar los efectos de la reforma en la comunidad. Según los datos aportados en esta reunión, Andalucía perderá 300 millones para atención social, un millón de personas dejarán de recibir estos servicios y podrían peligrar hasta 30.000 puestos de trabajo.

La reforma que tramita el Ejecutivo de Rajoy retira las competencias en servicios sociales a los Ayuntamientos y traslada su responsabilidad a las comunidades autónomas. Esto supone, en opinión de Conejo, “el desmantelamiento de los servicios públicos, el despido masivo de trabajadores y la privatización de servicios” en este ámbito. El representante del PSOE andaluz ha sido muy crítico con la decisión de derivar estas obligaciones a las comunidades “sin incrementar la financiación”. Además, Conejo vislumbra un recorte de los fondos que actualmente destinan Administraciones locales y Diputaciones para cubrir estas necesidades.

Para Soledad Pérez, portavoz de Bienestar Social del PSOE en el Parlamento andaluz, “la principal amenaza” en relación con los puestos de trabajo se encuentra en el sector de auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio, que en Andalucía suman 23.599 empleos junto a los servicios de apoyo a la familia. Según sus datos, la reforma del Gobierno provocará que 97.642 unidades familiares de la comunidad dejen de recibir apoyo económico, mientras que la ayuda a domicilio se retirará a 96.913 familias.

La Junta estima que la reforma local obligará a asumir servicios en varios ámbitos que pueden traducirse en un coste adicional de 503 millones, de los que 173 millones corresponderían a servicios sociales. Sin embargo, un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales incrementa hasta los 300 millones la inversión necesaria para afrontar estas nuevas competencias. El coste en empleo se sitúa en 30.000 personas en la comunidad andaluza, territorio en el que más se ha desarrollado la ayuda a domicilio, que es donde más se notará la pérdida de empleo. La reforma también pone en peligro la situación de 1.675 trabajadores sociales, 858 educadores y monitores, 1.195 administrativos y de servicios auxiliares y 2.000 auxiliares de geriatría y personal de las residencias.

El presidente del colectivo responsable del informe, José Manuel Ramírez, ha considerado que las medidas previstas en la norma que promueve el Gobierno derivarán en una “involución a la antigua beneficencia”. Según ha dicho, el plan que el presidente Mariano Rajoy remitió a Bruselas incluía un ahorro de 8.000 millones con la reforma local, de los que una cuarta parte se araña de recortes en los servicios sociales. “Esto supondrá entrar directamente en la exclusión social; y de la pobreza se puede salir, porque solo es un estado, pero de la situación de exclusión es muy difícil y se requiere un mínimo de 10 años para perder esa condición”, ha concluido Ramírez.